Andrea Aria Vega

El 75% de los ginecólogos contratados por la red pública de la Región se declara objetor de conciencia respecto de la ley 21.030, la cual despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: esto es peligro para la vida de la mujer, inviabilidad de carácter fetal y embarazo por violación.

La información fue entregada, a solicitud de El Austral, por los Servicios de Salud Araucanía Norte y Sur, indicando este último en su minuta que "ninguna mujer quedará sin la atención que contemplan estas tres causales" y que "el funcionamiento en red de los recintos asistenciales asegura la existencia de profesionales y de las capacidades para efectuar estas prestaciones en las causales que establece la ley".

Los anestesistas y los profesionales de la matronería también están sujetos a expresar libremente su objeción de conciencia. En el caso del SSAN, la totalidad de sus anestesistas contratados (3) se declara objetor, mientras que en el SSAS, los anestesistas de la red asistencial son 40 y de ellos solo seis se abstienen de realizar la interrupción del embarazo en alguna de las tres causales.

En el caso de los profesionales de la matronería son 60 los que trabajan en los pabellones de los diferentes hospitales de Cautín y de ellos solo 12 se declaran objetores. Este último grupo de profesionales no figura en la información enviada por el SSAN.

ESCENARIO Y CRITICAS

Considerando que son 49 los ginecólogos que trabajan en la red pública en la Región (19 en Malleco y 30 en Cautín) y que solo 12 de ellos (9 en Cautín y 3 en Malleco) están disponibles para interrumpir el embarazo en alguna de las tres causales, la seremi de Salud, Katia Guzmán (RN), recalcó que "la prestación se encuentra garantizada en la Ley y en el Protocolo".

Ahora bien, la autoridad sanitaria explicó que "si una institución no puede entregar la prestación, ya sea por objeción de conciencia de los profesionales o bien porque como institución la tiene (es el caso de los recintos privados), igual está obligada a derivar a la paciente a algún lugar donde se le pueda ofrecer la prestación con seguridad y rapidez".

Respecto de la polémica objeción institucional de conciencia, cambio al protocolo de la ley impulsado por el Minsal, el cual fue criticado por el diputado Ricardo Celis (ver entrevista lateral), la seremi Guzmán aclaró que "no afecta en ningún sentido los derechos de las mujeres en relación a la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales".

Asimismo, añadió que "el cambio en el protocolo aumenta y garantiza la protección de otro grupo de mujeres que, eventualmente, pudieran necesitar de atención por la causa de parto prematuro".

Los doce ginecólogos que no son objetores de conciencia en la Región están protegidos por la normativa vigente.

Así lo indicó en su minuta el SSAS: "Las instituciones tienen la obligación de no discriminar arbitrariamente a quienes expresen no objetar". Además estas instituciones "deberán tomar las medidas para que la objeción de conciencia de algunos no repercuta como sobrecarga de trabajo u otro tipo de perjuicios laborales".

La encargada de Género de la Asociación de Enfermeros del Hospital Regional, Soraya Sanzana, consideró preocupante el elevado número de médicos objetores en la Región y solicitó que se transparenten las cifras, por recintos habilitados para dichas prestaciones. Estos son los hospitales de Mediana Complejidad de la Región (hay 4 en Cautín y dos en Malleco), más el único de Alta Complejidad que es el Hospital Regional.

"Aquí es importante conocer cuántos son los profesionales objetores en el Hospital Regional, ya que en este centro asistencial es donde más se harán procedimientos de este tipo. A mí me lo han preguntado y hay interés en el tema, tampoco tengo claridad de un protocolo interno, que por lo demás debería ser de conocimiento de la ciudadanía. Hay que saber cuántos son y cómo se va a asegurar esta prestación, ya que una vez tomada la decisión lo más importante es que el procedimiento se haga en forma rápido".

Sanzana, a su vez, advirtió como preocupante la brecha que existe entre Cautín y Malleco respecto de los equipos médicos disponibles para realizar este procedimiento, ya que mientras en Malleco la objeción alcanza un 86%, en Cautín, debido a la disponibilidad de anestesistas y matrones, el porcentaje de objeción baja a un 30%.

A diferencia de Sanzana, la dirigenta Teresa Saavedra, quien es presidenta de la Fenats histórica de Temuco, personalmente admitió ser provida y, por lo mismo, respaldó el número de profesionales objetores de conciencia.

"Yo creo que la postura de la objeción es compleja porque es una decisión personal, al margen de que el sistema tiene que cumplir con la ley. Trabajé los 29 años de servicio salvando bebés prematuros que hoy son profesionales, así es que yo apuesto por la vida y creo que el camino va por la vía de la prevención", sostuvo.

"Hay que saber cuántos objetores de conciencia hay en el Hospital Regional y cómo se va a asegurar esta prestación".

Soraya Sanzana,, Asociación de Enfermeros, Hospital Regional"

"Si una institución no puede entregar la prestación está obligada a derivar a la paciente donde se le pueda ofrecer la prestación". Katia Guzmán (RN), seremi de Salud"

Ricardo Celis,

diputado y ginecólogo PPD

El diputado y ginecólogo de profesión, Ricardo Celis (PPD), criticó la objeción de conciencia institucional, pero no así la individual de cada médico o profesional vinculado al procedimiento. Al respecto, indicó que el elevado número de objetores de conciencia de la Región puede explicarse por la doble función que debe cumplir el ginecólogo al verse enfrentado a un caso de aborto por violación, ya que no sólo se le pide practicar el procedimiento, sino que también tipificar el aborto como delito.

-¿Cómo se explica que en La Araucanía sólo 12 ginecólogos de la red pública estén disponibles para realizar un aborto en algunas de las tres causales?

-Yo creo que eso tiene que ver con un articulado de la ley que genera cierto recelo y que tiene que ver con la violación, ya que el médico en este caso cumple un doble rol: tipifica el delito sin mediar un juez de por medio y luego hace la indicación médica. Entonces, eso genera una tensión que es comprensible y explica estos números.

-¿Cree usted que debiera corregirse en el Congreso esta responsabilidad del médico de tipificar el aborto como delito sin mediación de un tribunal?

-Sí porque genera una dificultad. Yo, incluso, plantee al interior de mi partido esta dificultad que ya se visualizaba durante la tramitación de la ley.

-¿Sus colegas se lo plantearon de ese modo?

-Sí fueron mis colegas y muchas otras personas que me mencionaron esta situación: Ellos no querían tipificar el delito y ser tratantes a la vez.

-¿En sus conversaciones con sus colegas, esta dificultad prima más que el aspecto ético y valórico?

-Yo creo que hay un grupo de colegas que tiene una razón religiosa y profunda que es comprensible y respetable. Así es que en este marco hay que valorar la objeción, los hay y yo los conozco.