A pesar de que se le presentó como el gran instrumento que ayudaría a la Región, de la iniciativa legal nada se sabe.
Hace poco menos de un año, mientras la atención de la opinión pública nacional estaba puesta en lo que pasaba en la Región por el crimen del matrimonio de los Luchsinger-Mackay, las autoridades de Gobierno visitaron profusamente este territorio para dar una señal de tranquilidad, para agilizar la investigación policial, para garantizar la seguridad en los campos y en la Ruta 5 Sur, y para anunciar que ahora sí que sí se generaría un marco institucional que permitiera saldar la histórica brecha de desarrollo que sufre La Araucanía. A aquello se le llamó la "Ley Araucanía", un instrumento normativo que se supone recogería los anhelos de la comunidad local, detectaría los nudos que hay para el entendimiento intercultural y propiciaría un escenario virtuoso que ayudaría al desarrollo.
Se anunció que esta ley tendría un trámite rápido, sobre todo si los parlamentarios de la bancada regional recogían el guante y cumplían su tarea en la sede del Congreso. Hasta se pidió la colaboración de la ciudadanía organizada para acelerar esto que tenía un evidente sentido de urgencia frente a un hecho que sigue enlutando a la Región.
Pero nada ha ocurrido. Los atentados han venido sucediéndose con pasmosa regularidad y de la "Ley Araucanía" nada se ha sabido, ni siquiera después de que una numerosa y representativa delegación regional llegó hasta La Moneda para entregarle al Presidente de la República las propuestas locales para esta normativa, consensuadas tras una serie de reuniones en las que se discutieron las materias más urgentes de este territorio. Aunque esta ley debiese abordar de manera integral el desarrollo regional y que el entendimiento intercultural pasa por otras iniciativas también pendientes, no hay dudas de que el progreso armónico de La Araucanía terminaría quitándole fuerza a los grupos violentistas.
Es casi un hecho que la "Ley Araucanía" será responsabilidad de la próxima administración. Hay otras cuestiones tratándose ahora en el Poder Legislativo y luego viene el receso parlamentario de febrero. Lo que sí esperaría la opinión pública regional, como mínimo, es una explicación de qué pasó.