Eduardo Namoncura

Ocho impactos de bala presenta en su estructura el camión que fue baleado por delincuentes en la comuna de Curacautín pasadas las 21.30 horas del jueves.

El convoy reparte productos Coca-Cola y se dirigía desde la comuna de Lonquimay con destino a la ciudad de Victoria.

En el camión viajaban el chofer y tres peonetas, quienes al momento del ataque se dirigían hasta sus hogares, ya que su jornada laboral había concluido.

De acuerdo a lo señalado por el prefecto de Malleco, coronel Marcelo Teuber, el camión que iba hacia Victoria fue atacado en las cercanías de Curacautín, pasado el puente Rari-ruca, a la altura del kilómetro 43 de la Ruta CH-181.

El jefe policial precisó que de acuerdo al relato del conductor del vehículo, "éste se percató que el camino se encontraba bloqueado por ramas y algún tipo de alambres, además divisó a un sujeto a la orilla del camino, quien portaba una linterna ajustada a la cabeza, el que sin ningún tipo de provocación comenzó a efectuar una serie de disparos contra el vehículo mayor".

Tras el ataque -precisó el jefe policial- el chofer, un hombre de 43 años con domicilio en Victoria, llamó a Carabineros y no detuvo la marcha, alertando de un posible atentado.

Además Teuber agregó que "tras el llamado efectuado al nivel 133 de Carabineros, donde el conductor del camión señaló que estaba siendo atacado con disparos, personal de la Cuarta Comisaría de Victoria, interceptó al camión en el sector California de la misma ruta, donde procedieron a tomar la denuncia y trasladarse hasta el lugar de los hechos".

Ya en el lugar, personal de la SIP de Carabineros procedió a inspeccionar el sitio del ataque, donde se encontraron 4 vainillas de bala, calibre 9 milímetros. Por instrucción del fiscal de turno, peritos del Labocar llevaron a cabo los peritajes tendientes a esclarecer los hechos.

Si bien en un principio se habló de que el ataque habría sido perpetrado por un solo individuo, de acuerdo a lo señalado por Roberto Garrido, fiscal adjunto y vocero de la Fiscalía Regional, "en el camión, de acuerdo a las pericias realizadas por el Labocar, se encontraron 8 impactos de bala de distintos calibres, específicamente 9 y 38 milímetros, lo que nos hace presumir que en el ataque habrían participado a lo menos dos personas", dijo.

Consultado acerca del móvil del ataque a este camión, el fiscal vocero señaló que "si bien no se descarta la tesis de un atentado, las evidencias apuntan a que la intención de los atacantes era robar el camión, ya que el vehículo transportaba dinero, aproximadamente unos 2 millones de pesos, correspondientes a la recaudación de la entrega de mercadería realizada durante la jornada, además se encontró un "combo", lo que nos indica que la intención de estos sujetos era la de sustraer especies"

Garrido agregó que "los elementos que se utilizaron para intentar detener el camión corresponden a los que se usan cuando se cometen delitos contra la propiedad".

Al respecto, José Villagrán, presidente de Federación Gremial de Dueños de Camiones del Sur, los hechos acontecidos durante los últimos días en la zona son en extremo preocupantes, puesto que "en nuestra Región los ataques y robos a camioneros han venido acrecentándose, ya que aparte de los problemas que tenemos por los atentados incendiarios, ahora aparecen estos hechos, donde se intentó robar a punta de pistola a un camionero".

Agregó que, "respecto a este tema, no solo es propio de La Araucanía, sino que ocurre en todo Chile, nosotros hemos tenido reuniones con el fiscal nacional, donde éste se comprometió con nuestro gremio a designar un fiscal exclusivo en este caso, pero lamentablemente los resultados han sido deficientes, ya que hoy día siguen sucediendo robos y ataques".

Para el dirigente gremial, "la solución a esto pasa por el endurecimiento de las condenas, ya que cada vez que detienen a un delincuente por robo a camiones, sale libre al otro día, por lo tanto el robar a camioneros es un negocio muy rentable para estas personas, dada la baja pena que obtienen cuando son condenados", finalizó.

En el hecho no se registraron personas heridas ni tampoco detenidos.

De acuerdo a lo señalado por fuentes al interior de Carabineros, la casa del alcaide de la cárcel de Angol, Fernando Olivares, se encuentra con una medida protección permanente, esto producto de una serie de amenazas de carácter telefónico que ha sufrido durante el último tiempo.

Según trascendió, la denuncia habría sido realizada directamente a la Fiscalía de Angol, la que por orden de su fiscal jefe, César Schibar, habría decretado una medida de protección permanente en la residencia particular de Olivares, que tiene domicilio fijado en la comuna de Renaico. Se señaló además que las amenazas de las que habría sido objeto Olivares involucrarían a su entorno familiar más cercano.

Consultado respecto a esta materia, el fiscal Schibar, declinó dar cualquier tipo de declaraciones acerca este caso, de igual manera la gobernadora de la Provincia de Malleco, Andrea Parra, no quiso referirse al tema.

Sin embargo, desde el área de comunicaciones de la Fiscalía Regional confirmaron el hecho, señalando que efectivamente se habría recibido una denuncia por las amenazas recibidas por el alcaide, las que están siendo investigadas por el fiscal jefe de Angol. No obstante no se entregaron mayores detalles, ya que -según señalaron- son parte del proceso que actualmente se está llevando a cabo.

Dado el hermetismo con el que se estaría llevando esta investigación, no existe claridad respecto del tenor de las amenazas, ni a quien es posible atribuirlas. Sin embargo, la información toma especial relevancia dada la actual huelga de hambre que mantienen en el penal angolino 3 comuneros mapuches hace ya 34 días.

Patricio Torres, director regional de Gendarmería, señaló no estar en conocimiento de los hechos, pero de ser reales "es necesario que estos sean investigados a cabalidad por parte del Ministerio Público", precisó.

De acuerdo a la información entregada de manera extraoficial por algunos funcionarios de Carabineros, la casa del alcaide se encontraría con una medida de protección permanente las 24 horas del día, la que incluye un funcionario de punto fijo en la vivienda, además de rondas de patrullaje continuas en el sector.