La Corte de Apelaciones de Temuco acogió a trámite un recurso de protección con orden de no innovar, interpuesto por tres abogados de la Intendencia Regional y que paralizan sus despedidos ocurridos el 11 de abril, tras el cambio de Gobierno.

La acción judicial fue interpuesta por el ex jefe de la Unidad Penal, Alex Schneider, y los abogados Javier Jara Müller y Raúl Pérez, quienes aseguran que 'no se respetaron las instrucciones dadas por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy'.

De esta forma, los tres profesionales se encuentran desarrollando sus funciones habituales, pero fuera de las oficinas de la Unidad Penal ubicada en el cuarto piso de la Intendencia Regional, ya que sus servicios son a honorarios.

El recurso fue interpuesto el 6 de mayo pasado en contra del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, el intendente Francisco Huenchumilla y el encargado jurídico de la Intendencia Regional, Enrique Besnier.

Entre los motivos que alegan los ahora reincorporados funcionarios públicos, es que no se les comunicó la desvinculación con 15 días de anticipación y que se hizo a través de una carta presentada por una persona que 'no es funcionario público' y no a través de un decreto.

Uno de los abogados, Javier Jara Müller, espera que se acoja el recurso 'porque no se respetaron las instrucciones dadas por el subsecretario del Interior, con fecha 14 de marzo de 2014, donde se establece que había que dar un aviso previo y respetar los feriados legales', enfatizó.

Contratos

El profesional añadió que 'para que se reconocieran nuestros derechos tuvimos que apelar ante la Corte de Apelaciones con un recurso de protección que fue acogido a tramitación y se decretó una orden de no innovar lo que hace que nuestros contratos tengan plena vigencia', sostuvo Jara Müller.

Incluso, éste indicó ayer 'que han recibido instrucciones del encargado jurídico de la Intendencia para ejecutar nuestras labores propias del contrato que nos une con la Intendencia y el Ministerio del Interior', subrayó el abogado.

El contrato de los tres profesionales comenzó el pasado 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de 2014, con una remuneración mensual cercana a los 2 millones de pesos, para cada uno.

Incluso, el recurso señala que el propio intendente, Francisco Huenchumilla les solicitó a principios del mes de abril, la recalificación de seis querellas en donde se invocó la ley 18.314 que regula conductas de carácter terrorista y fija su penalidad.

Estas son: la muerte de siete brigadistas forestales en Carahue, el atentado a un helicóptero de Mininco, el descarrilamiento de un tren en Collipulli, el incendio al fundo Santa Ana en Vilcún, el incendio a la casa de Jorge Pooley en Temuco, y el ataque al fundo San Leandro.

En todos estos casos, el ex Gobierno de Sebastián Piñera estimó que se trataba de delitos terroristas, cuestión que ya no es compartida por la actual administración, que anunció una revisión de la legislación especial.

Informe

Así las cosas, el pasado 9 de mayo la Corte de Apelaciones de Temuco pidió un informe a la Intendencia Regional sobre el recurso interpuesto, el que debía ser respondido en un plazo de 8 días y que fue firmado por el secretario del tribunal de alzada, José Ignacio Rau.

En la respuesta ingresada por el encargado jurídico de la Intendencia, Enrique Besnier pidió la nulidad del recurso, ya a que a su juicio existe una causal de recusación que lo afecta.

Esto porque uno de los tres integrantes de la sala que acogió a trámite la acción de protección, la fiscal judicial, Tatiana Román, debió inhabilitarse porque el abogado Alex Schneider la representó en una causa criminal 'seguida en esta jurisdicción', dice el escrito.

En efecto, en el mes de agosto de 2009 la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco, Tatiana Román, anunció una querella criminal por el robo millonario de joyas exclusivas el que fue presentado por el abogado Schneider.

'Como es de público conocimiento el recurrente y patrocinante de este recurso, Alex Schneider Oyanedel, fue abogado patrocinante y apoderado de la fiscal judicial Tatiana Román (...), debiendo haber puesto en conocimiento de los intervinientes esta situación o derechamente haberse inhabilitado para conocer de la incidencia deducida', dice el escrito de Besnier.

Por lo anterior, consideran en el Gobierno que el recurso y la orden de no innovar 'adolece de vicio de nulidad' por lo que solicitan al máximo tribunal de La Araucanía que lo vuelva a revisar en una sala no inhabilitada.

Este medio intentó conocer la opinión del abogado Schneider, pero no fue posible saber su versión de los hechos. Misma situación ocurrió en el caso de la Intendencia Regional, quienes prefirieron no opinar sobre el caso.

Hay que recordar que el abogado Alex Schneider pertenecía al círculo más cercano del ex intendente Andrés Molina y un informe de Contraloría inició un sumario en su contra por presentar acciones legales de manera particular, mientras ejercía funciones como encargado jurídico de la Intendencia Regional.

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Tener agua y que ésta sea potable es el anhelo que tienen 33 familias de la comunidad indígena Juan Marín Rayín del sector Trarulemu, ubicado en Angol. Esta comunidad, al igual que muchos otros sectores de La Araucanía enfrenta la escasez del vital elemento. Sin embargo, esa situación podría cambiar ya que firmaron un convenio de colaboración con la municipalidad de Angol y la empresa Forestal Mininco.

Son varias los pasos que tuvo que dar el Comité de Agua Potable de la comunidad para concretar la primera etapa -diseño del proyecto- que tuvo el respaldo de la municipalidad, entidad que realizó el saneamiento de los estudios de título; y de la empresa forestal, que aportó con el diseño ingenieril del proyecto de abasto de agua potable, que será postulado al programa Mejoramiento de Barrios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere.

Son 130 personas las que integran la comunidad Juan Marín Rayín, que preside Pedro Figueroa Lincoñir, quien detalló: 'Somos 33 familias muy necesitadas de agua y el verano fue muy duro para nosotros. La falta de agua nos afecta en todo sentido. No hay agua para ducharse, para las personas ni para los animales, todos sufrimos frente a la escasez. Se nos murieron las huertas y unos arbolitos, es una pena. No contar con este recurso es morirse en vida. Si solucionamos esta escasez con el proyecto, nos devolverían la vida. Volverían los arbolitos, las aves, los animales, todos estaríamos contentos'.

Julio Gallegos, jefe del Área Patrimonio Angol de Forestal Mininco, explicó que en el diseño del proyecto participó un equipo de ingenieros, quienes en menos de un año concluyeron la iniciativa, la que demandó mediciones de caudal, puntos de captación, análisis de agua y requerimientos de la Seremi de Salud.

En tanto el alcalde de Angol, Obdulio Valdebenito, señaló que 'estamos llevando agua a sectores cordilleranos, en circunstancias que la Cordillera debiera alimentarnos de su agua. Es preocupante, ya que a raíz del cambio climático se están produciendo estos problemas. El terremoto, no cabe duda, también afectó a las napas subterráneas, a las vertientes, cambiando sus cursos. El tema del agua es un problema serio, que hay que tomarlo con la debida celeridad, por eso que creo que el convenio de colaboración entre la empresa, la comunidad y la municipalidad, va a tener un final feliz'.