Licán Ray enfrenta, definitivamente, el tremendo desafío de tratar de convertirse en comuna y en forma objetiva es uno de los casos en que tal petición se justifica en plenitud. Las organizaciones locales, el comercio en general y el sector turismo en lo específico confían en que pronto podrán manejar su destino, para lo cual cuentan con el apoyo de diversos parlamentarios de La Araucanía.

La norma general para aceptar la instalación de una nueva comuna habla de una serie de requisitos a cumplir para tales fines: población, colegios, industrias, patentes, servicios públicos, etcétera, en definitiva se intenta asegurar que, más allá del Fondo Común Municipal (FCM), el nuevo territorio pueda contar con los medios para administrarse.

El FCM es la principal fuente de financiamiento para los municipios, un eficiente mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país, como lo señala la Constitución Política. Pero es la capacidad de generar recursos propios lo que marca la diferencia.

Por décadas Licán Ray ha pedido de Villarrica una mayor atención. Sin embargo, la distancia y la separación son elementos que, aunque no se quiera, influyen en la toma de decisiones, más aún cuando la cabecera comunal tiene sus propias necesidades.

Licán Ray tiene una riqueza inconmensurable entre manos: el turismo, con horizontes insospechados y posibilidades tan atractivas que necesitan de una planificación de los propios dueños de casa y una supervisión diaria e interesada del acontecer. Es por ello que, en este caso, los requisitos exigibles a otros lugares pasan a segundo plano.

El turismo en Licán Ray ha crecido año a año y se transforma en una fuente de riqueza por sí solo, pero el turismo es también exigente y no admite excusas; si se apuesta por él todo el desarrollo urbano ha de girar en torno a decisiones y obras que permitan hacerlo crecer tanto en cantidad como en calidad. El perfeccionamiento de sus gentes, las opciones para el turista, la infraestructura y comodidades deben responder a una estrategia que, sin lugar a dudas, debe ser ideada y manejada en forma local.

Dicen que sólo hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos. Por ello resulta importante dar un vistazo al comentado proyecto de reforma tributaria que se tramita en el Congreso, que persigue aumentar la carga impositiva para financiar la reforma educacional, avanzar en la redistribución del ingreso, incentivar el ahorro e inversión y disminuir la evasión y elusión.

El proyecto contempla, entre otras, las siguientes medidas: elevar la tasa del impuesto a las empresas de 20% al 25%, y eliminar el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) a partir de la operación Renta 2018 que establece que los dueños de las empresas tributen por la totalidad de las utilidades de las mismas y no sólo por las que retiran.

Asimismo, se instaura rebajar la tasa máxima de impuestos personales de 40% a 35%, permitiendo la depreciación del activo fijo de las pequeñas y micro empresas en forma instantánea, ampliando el sistema simplificado bajo el cual tributan las compañías de menores ventas establecido en el artículo 14 ter de la Ley de la Renta, introduciendo cambios al sujeto en el pago del IVA que beneficiará a las empresas de menor tamaño.

Por otra parte, se aumentará el impuesto específico a las bebidas alcohólicas y a las bebidas no alcohólicas con azúcar, se restringirá el crédito especial de IVA para constructoras y sólo se mantendrá para viviendas con precio menor o igual a 2 mil UF; y se aumentará la tasa del impuesto de timbres y estampillas, desde el actual 0,4% a 0,8%, incorporando mecanismos que disminuyan la evasión y alusión de tributos.

La meta de recaudación del conjunto de estas medidas se estima en alrededor del 3% del PIB.

Estas medidas encarecerán el acceso al crédito, estimándose que el precio de las viviendas se elevará en aproximadamente un 15%.

La eliminación del FUT implicará un desincentivo al ahorro y reinversión de utilidades, todo lo cual redundará una reducción del consumo y del crecimiento.

Los objetivos perseguidos son loables, pero es cuestionable exigir más dinero a los contribuyentes sin tener claridad aún del proyecto de educación que Chile quiere.

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