Un juez de la Corte Suprema de Argentina sugirió llevar a juicio a los fondos buitre que litigaron contra el Gobierno de Cristina Fernández y pidió una reforma legal para enjuiciar a funcionarios que comprometan la economía nacional.

'Habría que explorar la posibilidad de demandar a los fondos buitre. En principio, parece claro y hay pruebas de que no son adquirentes originarios de bonos, sino que los compraron para interferir o desbaratar negociaciones como medio extorsivo', dijo el juez Raúl Zaffaroni, aunque admitió no ser experto en la materia.

'Esto no será delito, pero en sede civil es una conducta dolosa. El daño de esta conducta inmoral se produce en el país. No sé si se podría demandar aquí, en Estados Unidos o en algún otro lado', agregó.

Zaffaroni criticó con dureza la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa y también la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de rechazar tratar una cuestión que, a su juicio, 'pone en jaque a un país entero'.

'¿Cómo me explica alguien que la famosísima Corte, tan respetuosamente citada porque siempre 'queda bien', haya dicho que no le interesa el destino de una negociación de muchos miles de millones de dólares que compromete a un país y quizá el destino de unos cuantos más? Esto es un escándalo jurídico', afirmó.

En su opinión, es 'urgente' reformar la ley para 'declarar imprescriptible la administración fraudulenta en perjuicio de los intereses nacionales en toda negociación internacional que comprometa sustancialmente la economía nacional', tal y como ocurre ahora con los delitos de lesa humanidad.

Zaffaroni citó al catedrático emérito alemán Wolfgang Naucke para señalar que 'hoy el poder arbitrario es económico, y no hay instrumentos penales para contenerlo'.

'Si alguien administra las propiedades de una viuda o de un huérfano y lo hace en su perjuicio, va preso, conforme a nuestro Código Penal, por el delito de administración fraudulenta, que introdujimos en nuestra ley hace unos cincuenta años. Pero si administra toda la economía de la nación y entrega la jurisdicción, que es expresión consustancial de la soberanía. ¡Ah! Entonces da cátedra y consejos', comparó.

Tras el fallo firme en la justicia estadounidense a favor de los fondos de inversión que exigen al Gobierno argentino el pago de US$ 1.500 millones por títulos de deuda en mora desde 2001, el juez Thomas Griesa bloqueó a finales de junio pasado fondos depositados por el Ejecutivo de Cristina Fernández para los acreedores que aceptaron reestructurar su deuda (92,4%).

El fracaso de las negociaciones que mantienen desde entonces ha dejado al país a la sombra de la suspensión de pagos.

División de opiniones

Economistas argentinos han mostrado diferentes opiniones a la hora de afirmar si el país ha entrado en situación de impago o no. 'Estamos en situación de 'default'. Lo dijeron casi todas las agencias de crédito del mundo, incluso la de China', afirmó a EFE Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando J. Ferreres.

Según Spotorno, el cese de pagos afectará negativamente la economía argentina, en especial al sector privado, y sus consecuencias serán peores si la falta de acuerdo entre las partes se extiende en el tiempo. 'Habrá una menor creación de empleo, más recesión y adicionalmente aumentará la emisión monetaria', auguró el economista.

El diagnóstico del director de la consultora Hacer, Pablo Tigani, es radicalmente opuesto: 'De ningún modo estamos en cesación de pagos. Argentina efectuó el depósito del dinero en tiempo y forma', dijo. 'Argentina hizo el pago, lo que no puede hacer es llevar con una valija el dinero', agregó.

2001

2012