La Araucanía -en líneas generales- vive hace años una grave crisis ante el colapso de sus vertederos, cuyo caso más emblemático es Temuco pero no debe olvidarse la situación que viven varias otras comunas, que incumplen las normas sanitarias básicas, en eventual detrimento de la salud de la población.

Más aún, Boyeco recibe los desechos de otras comunas, pese a que ya debiera estar cerrado. A fines de 2008 la Municipalidad de Temuco presentó el 'Plan de cierre del centro de disposición final de residuos sólidos', aprobado por la Corema en febrero de 2009. En síntesis, el objetivo era sanear Boyeco en el plazo de cinco años, lapso que ya se cumplió. De esta situación hay un informe de la Superintendencia del Medio Ambiente, de diciembre del año pasado.

En suma, se trata de uno más de los tantos anuncios de cierre de Boyeco, respecto de lo cual nada se ha hecho. Esta situación es la que llevó a las cinco comunidades aledañas -unas 200 familias mapuches- a presentar un recurso de protección para conseguir de una vez por todas el cierre definitivo, lo que sin duda acelerará la crisis de la basura a nivel de región.

Ha habido tiempo más que suficiente para enfrentar este problema, bastante complejo, toda vez que no sólo están involucradas las inversiones sino, peor aún, localizar los terrenos necesarios para construir algunos vertederos intercomunales. Padre Las Casas hizo todos los trámites iniciales para poner en marcha un moderno proyecto de reciclaje con tecnología francesa pero se carece de los fondos que permitan materializarlo.

El Core tendrá mucho que decir en esta materia, considerando que ningún municipio dispone de los dineros necesarios para construir vertederos ambientalmente amigables. Hasta ahora la búsqueda de terrenos apropiados ha sido inútil, con un rechazo total de las diversas comunidades donde presuntamente se podría construirlos. El gran desafío es, en consecuencia, hallar esos lugares y consensuar tanto financiamiento para las instalaciones como una tecnología eficiente para reciclar.

Uno de los grandes desafíos de la comunidad es prepararse para afrontar de manera adecuada los efectos del cambio climático y la intensificación de los eventos hidrometeorológicos extremos que ocasionan un detrimento de la calidad de vida de gran parte de la población, en especial los sectores vulnerables.

La recurrencia de eventos de gran concentración de precipitación en pocas horas, o nevazones en zonas de baja altitud, generan cada año pérdidas de vidas y efectos nocivos en la comunidad, al dañar viviendas, espacios públicos, vías de acceso, juntas de vecinos y establecimientos educacionales, entre otros.

Considerando lo anterior, debemos comprender que la denominada 'Gestión del riesgo' debe ser vista como una política de desarrollo que implique establecer relaciones de sostenibilidad, seguridad territorial, derechos e intereses colectivos y mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de los habitantes.

Pero esta 'Gestión del riesgo' no es responsabilidad exclusiva del Estado y sus instituciones, sino que implica corresponsabilidad entre sector privado y comunidad, donde todos seamos actores claves y colaboremos en generar mayor seguridad territorial, entendiendo ésta como la capacidad de un territorio para ofrecer a sus habitantes condiciones de estabilidad, que impidan que amenazas de distinto origen, puedan convertirse en catástrofes.

Si no mitigamos o disminuimos las condiciones de riesgo, el aumento del peligro será paulatino hasta llegar al desastre.

En este contexto, no sólo las medidas estructurales evitan una calamidad, sino que todos podemos cooperar en medidas no estructurales, como mantener limpio el cauce que deslinda con nuestra propiedad, o cuidar, mantener y generar una adecuada cobertura vegetal en torno a áreas de mayor inestabilidad como laderas de alta pendiente, o evitar la obstrucción de desagües de agua.

Resguardar el territorio que habitamos es la responsabilidad de todos y puede hacerse a partir de pequeñas acciones.