Luego de los continuos bombazos en Santiago, la negativa del Gobierno a aplicar la Ley Antiterrorista en conflictos sociales, las recomendaciones de la ONU y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obliga a dejar sin efecto las condenas por terrorismo aplicadas a ochos comuneros mapuches; la discusión política se ha centrado en qué tan efectiva es la ley 18.314 y si merece ser derogada o modificada.
El martes nueve parlamentarios de la Nueva Mayoría -entre ellos René Saffirio (DC)- liderados por Marcelo Schilling (PS), presentaron un proyecto de ley que busca la derogación de la normativa.
Sin embargo, diputados de la Región declararon su rechazo a la idea argumentando que un Estado moderno no puede privar a su ordenamiento jurídico de una normativa que pugne el terrorismo.
La Asociación de Víctimas de la Violencia Rural (AVVRU) y la Multigremial de La Araucanía, criticaron el proyecto. Emilio Taladriz, presidente de los gremios productivos, advirtió que la iniciativa es contradictoria a las modificaciones promovidas por el propio Gobierno, a través de la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.
Repercusión
El diputado Fuad Chahin (DC) fue enfático en decir que no respalda el proyecto y se inclinó por la opción que presentó el Gobierno, de revisar la norma a través de una comisión de expertos y modernizarla.
En su parecer, el parlamentario por el distrito 49 de La Araucanía sostuvo que todo país necesita en su ordenamiento jurídico, una ley para combatir el terrorismo.
Para Chahin, se debe 'modernizar la Ley Antiterrorista haciendo énfasis en no afectar el debido proceso y fortalecer la investigación policial, entregando más herramientas para hacerla más eficaz'.
En la misma línea, el diputado por el distrito 48 en La Araucanía, Mario Venegas (DC), no se cuadró con la derogación comentando que 'me parece que todos los Estados modernos necesitan tener una norma jurídica que nos proteja de un flagelo tremendo como es el terrorismo'.
Para Venegas, la ley nacida el año 1984 'pese a su origen' debe ser modificada para que 'pueda bajar a los estándares internacionales en materia de protección de los Derechos Humanos y velar por el debido proceso'.
En tanto, el diputado Joaquín Tuma (PPD) calificó la iniciativa como una buena señal 'porque necesitamos crear un ambiente distinto en la discusión de cómo hacemos el cierre del conflicto'.
Sobre el proyecto de ley opinó a priori que 'en realidad va a ser, por decirlo de alguna manera, el mismo vino con distinta etiqueta, porque lo que están haciendo es agravar los delitos cuando son cometidos por personas que están asociadas permanentemente', dijo Tuma.
También el diputado Jorge Rathgeb (RN), opinó al respecto. Según el parlamentario por Malleco, la iniciativa 'adolece de errores jurídicos que de aplicarse podrían ocasionar un perjuicio a la finalidad que se pretende con toda normativa legal'.
El parlamentario por el distrito 48 agregó que 'comparto que debe existir un estudio respecto de la aplicabilidad y la eficacia que hasta el día de hoy la Ley Antiterrorista ha tenido, y para ello estoy disponible para discutir y contribuir a mejorar la legislación en ese aspecto'.
Víctimas y gremios
El director ejecutivo de la Asociación de Víctimas, Luis Felipe Romero, opinó que la derogación de la ley que determina las conductas terroristas y fija su penalidad es un error.
'Creo que derechamente no es la vía idónea eliminar o derogar la Ley Antiterrorista', dijo el abogado de profesión, agregando sobre el proyecto que 'es dejar en la indefensión en casos donde sí se requiere aplicar, no solo en el conflicto mapuche, sino en materias comunes necesarias, es un error', recalcó.
Romero indicó que la ley ha sido modificada casi en su totalidad en los gobiernos de la ex Concertación y de ser derogada 'Chile sería de los pocos países del mundo que no contaría con una legislación contra el terrorismo' por lo que dijo sobre el proyecto que 'espero no vea la luz'.
La AVVRU se mostró a favor de modificaciones que entreguen un mayor poder a las policías y la protección a las víctimas.
Una opinión similar a la del presidente de la Multigremial de La Araucanía, Emilio Taladriz, quien declaró que la iniciativa es una contradicción entre los diputados oficialistas y el Gobierno.
'Me parece una mala señal porque lo que se había dicho por parte del Gobierno es que se iba a perfeccionar por la Ley Antiterrorista entonces esta propuesta echa por tierra lo que del mismo Gobierno está transmitiendo', dijo el líder gremial.
Taladriz agregó que la iniciativa, lejos de ser una solución para la violencia en la Región va 'en beneficio de quienes ejerzan delitos de carácter terrorista en cualquier punto del país, por lo tanto es contradictoria'.
'Nos parece que estas leyes son fundamentales para resguardar a las víctimas de los posibles delitos y por lo tanto el camino es perfeccionarla, no eliminarla', enfatizó el presidente de la Multigremial.
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