El municipio de Temuco, mediante un decreto especial, anunció un plan para erradicar las mediaguas o viviendas callampas. El alcalde Becker dijo estar a la espera de 20 millones de escudos para comenzar con el plan. Además, se anunció la extensión del alumbrado público y la instalación de soleras y pastelones en la ciudad.
Para avanzar en su desarrollo, La Araucanía requiere la instalación de políticas públicas que pongan el acento en la cohesión social, recogiendo la necesidad de igualar el acceso a las oportunidades para reducir brechas y equilibrar el desarrollo territorial. Esto debe aplicar en una perspectiva de derechos ciudadanos, estableciendo compromisos con las personas y organizaciones, tanto en el campo como en la ciudad.
Sobre esta base, La Araucanía debe apuntar a mejorar significativamente su competitividad a nivel nacional e internacional. A este propósito sirve el diseño de una Estrategia Regional de Innovación, en la cual -entre otras apuestas- se incluye el fortalecimiento de nuestra capacidad de investigación y desarrollo, con foco en aquellas áreas de mayor potencial productivo en la Región, que apunten a la incorporación del máximo valor agregado a nuestra oferta.
Por otra parte, la innovación es también una opción clara y eficaz para resolver importantes retos sociales de la Región, como el resguardo y la sostenibilidad ambiental, a través de la gestión de recursos hídricos, el tratamiento de residuos sólidos, la polución ambiental y la generación de energías renovables no convencionales.
La Araucanía puede, a través de la innovación tecnológica, que provenga de la generación de conocimiento propio, o de investigación y desarrollo tecnológico, principalmente, apuntar a transformarse en un referente para resolver estos desafíos. Hay que verlos como una oportunidad, en ámbitos donde hacer más de lo mismo conducirá irremediablemente a los mismos resultados, y, por tanto, al desaprovechamiento de potenciales y oportunidades para personas y territorios.
Este objetivo supone una fuerte transformación en la formación de capital humano intermedio y avanzado, para generar competencias asociadas al emprendimiento y la innovación en todos sus niveles, con especial énfasis en la formación técnico profesional, y para fortalecer el vínculo ciencia -empresa. Así, la innovación es una respuesta a la altura de los desafíos.
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Casi de manera irremediable, pareciera ser que cíclicamente a la Conadi le toca estar en la polémica. En esta ocasión, lo que comenzó hace pocos meses como una investigación por una muy específica denuncia de eventuales sobreprecios por predios adquiridos en Traiguén para comunidades mapuches, ha ido derivando en acusaciones mayores que ya incluyen sabotaje informático, cohecho, fraude al fisco y hasta un aparente secuestro entre intermediarios que en los últimos años actuaban para acercar posiciones entre propietarios de tierras y la propia Conadi.
A medida que pasan los días se van conociendo nuevos antecedentes, los que además de estar bajo la lupa de la Fiscalía de Alta Complejidad, también están siendo investigados por una comisión especial de la Cámara de Diputados, que ante la profusa evidencia ha programado una serie de sesiones para inquirir antecedentes sobre la forma de operar de una institución que año tras año maneja un cuantioso presupuesto para responder a la demanda de reivindicación de tierras de las comunidades.
Lo que ha llamado la atención en los últimos días es el conocimiento de la figura de los intermediarios o 'corredores' informales de Conadi, que sin ningún marco legal ni reglamentario durante los últimos años fueron tejiendo una amplia red de contactos con los dueños de tierras, comunidades y, según las denuncias, con determinados funcionarios de la institución gubernamental que terminaron por facilitar las transacciones, pagadas naturalmente con platas del Estado que debiesen ahora ser examinadas en retrospectiva y con rigor. De acuerdo a la información proporcionada por las actuales autoridades de la Conadi ante la comisión especial de la Cámara Baja, había 25 'corredores' informales en las operaciones de compraventa, cuyo margen de maniobra se acabó hace unos meses cuando la institución cambió la modalidad para la gestión de la adquisición de los predios.
Una de las cosas que resta por averiguar es por qué la anterior administración de Conadi permitió, por acción u omisión, el surgimiento de una figura tan controversial como los 'corredores informales'.