A la pena de tres años de presidio menor en su grado medio, con firma mensual fue condenado el dueño de la financiera ilegal "Ipso Factory" por el delito de por infracción a la ley de bancos.

Se trata de Leonidas Valenzuela Lavín, quien hace siete años inició con $ 30 millones un factoring de carácter ilegal, el que finalmente el año 2013 terminó por defraudar a más de 40 personas con una suma que superó los mil millones de pesos. Valenzuela Lavín fue condenado tras un juicio abreviado, donde aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Los hechos se remontan al mes de abril de 2013, cuando el condenado se autodenunció a la Justicia por una presunta insolvencia.

Según indicó el comisario de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, Francisco Urbano, "el condenado con la finalidad de enriquecerse de forma ilícita y sin cumplir con la normativa legal, actuó como si fuera un banco. Constituyó una sociedad de responsabilidad limitada, dedicada a factorizar principalmente cheques y facturas. Para financiar los pagos de sus servicios, captaba capital de diversos inversionistas de Temuco".

Con el tiempo, Valenzuela Lavín amplió su cartera hasta tener una gran cantidad de clientes, a quienes le otorgaba un 2 ó 3 % de interés mensual por sus aportes.

Según detalló Urbano, la investigación que llevó adelante la policía arrojó un total de 41 afectados, los cuales fueron defraudados en la cifra de $1.000.019.549.

Tras el juicio abreviado, el fiscal que investigó la causa, Roberto Garrido señaló que Valenzuela Lavín "fue condenado a tres años, acogiéndose a un procedimiento abreviado y reconociendo los hechos que la Fiscalía le había imputado".

Respecto a la pena, el fiscal Garrido agregó que "es una sanción que está dentro de los rangos que habíamos planteado considerando las atenuantes que presentaba, entre ellas haberse autodenunciado y haber colaborado con la investigación, además de su irreprochable conducta anterior ya que no presentaba antecedentes delictuales".

El persecutor comentó además que varías de las víctimas presentaron querellas y acusaciones particulares. "Esta sentencia les permitirá seguir acciones civiles para recuperar parte del patrimonio defraudado", aseveró Garrido.

En marzo del año 2007, Leonidas Valenzuela -junto a su madre- inscribió en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco a la empresa Ipso Factoring, con un monto de $30 millones. Desde ese momento comenzó a contactar a través de amigos y familiares a personas que quisieran invertir en el factoring, pagando el 2% mensual de lo invertido. Durante cinco años la empresa no presentó problemas financieros y logró sumar a más gente del círculo cercano de Valenzuela, que invertían desde $4 millones a $150 millones por persona. Las víctimas coincidieron que a partir de septiembre de 2012 comenzaron los problemas con los pagos.