"Yo siempre he dicho que en la Región tenemos un conflicto político y social. Ahora también digo es que este conflicto origina una situación de riesgo, y ante este riesgo, el Estado tiene que responder".

Con esas palabras el intendente Francisco Huenchumilla planteó que le parece atingente comenzar a estudiar un mecanismo que le permita al Estado contratar seguros que posibilite a los afectados por este tipo de acciones violentas recuperar lo perdido.

La autoridad dio ayer su primera conferencia prensa del 2015, entrando de lleno a los hechos delictuales ocurridos la primera jornada del año, en la cual fueron quemados tres camiones, dos excavadoras y una cosechera además, de un comunero herido de gravedad.

"Voy a plantear esto por Oficio al Gobierno. Si esto requiere ley, tendrá que estudiarse. Y si se requiere ley, pediremos que se redacte esta ley. Lo que estoy proponiendo es la constatación de un riesgo que tenemos en La Araucanía, que asumamos esta realidad, que el Estado tenga un instrumento financiero que le permita ir, de manera expedita, en ayuda de la gente que sufre estos atentados", aseveró.

Por último, el intendente regional precisó que su "idea" será enviada a Santiago para que allá sea evaluada. En la oportunidad Huenchumilla agregó que se presentará una acción judicial por el doble atentado ocurrido durante las primeras horas del 1 de enero, sin especificar si invocara o no la Ley Antiterrorista.

avVru

El 18 de julio pasado, la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural (AVVRU) envió una carta dirigida al ministerio del Interior, Rodrigo Peñailillo, con once petitorios, los cuales hasta el día de hoy no han sido respondidos de forma cabal.

En el punto dos de la mencionada misiva, se señalaba de manera explícita que: "Hoy en Chile los transportistas, agricultores y todos quienes viven o desempeñan labores productivas en las zonas consideradas de conflicto en la Región de La Araucanía, no pueden obtener seguros para sus bienes muebles e inmuebles y reparación del lucro cesante. Por este motivo, solicitamos que el Estado se constituya como reasegurador o garante ante las compañías de seguros para que ellas proporcionen a primas normales los seguros necesarios en resguardo y restitución de estos bienes y de los ingresos que la pérdida de ellos ocasiona".

A más de cinco meses de aquello, el secretario ejecutivo Luis Felipe Romero, precisó que "durante la segunda semana de asumido el intendente, le planteamos este problema y específicamente le hablamos sobre los seguros y después le presentamos la carta al ministro (Peñailillo)".

Sobre la respuesta a las demandas, que en total fueron once, Romero explicó que "ellos nos enviaron una respuesta - obviamente pasados los 60 días - y sobre ese tema nos dijeron que eso era materia de las compañías y que ellos como Gobierno no podían intervenir".

Respecto de la posibilidad de que este seguro pueda operar de manera concreta, Romero precisó que "si uno lo analiza de manera real, este es un tema que primero debe ser materia de ley, contenido en el presupuesto nacional, por lo tanto, estamos hablando de aquí a dos o tres años más, siempre y cuando se apruebe y si se llega a aprobar, recién ahí puede ser incluida en el presupuesto del año siguiente para que empiece a operar", señaló el secretario ejecutivo de la AVVRU.

multigremial

Desde la Multigremial consideraron como "correcto" que se plantee el pago a las víctimas de los atentados en la Región de La Araucanía.

Emilio Taladriz, presidente de la Multigremial, sostuvo que "nos parece correcto que se manifieste una reposición de los daños causados porque a nosotros nos parece que hay una falta de servicio del Estado".

A juicio del también arquitecto el eventual proyecto de ley debe ser diseñado con el único fin de reponer los daños que en todos estos años han afectado a centenares de víctimas. En esa misma línea, Taladriz fue claro en señalar que dicha entrega debe ser "simple, directa y rápida".

Por último, Taladriz coincidió con Francisco Huenchumilla en la responsabilidad que le cabe al Estado en la seguridad de las personas y, por lo mismo, sostuvo que "consideramos que el Estado tiene una responsabilidad con las víctimas de la violencia, especialmente en nuestra Región y el Estado a través de distintos instrumentos que pueda tener el Gobierno tiene que responder por los daños".

camioneros

En muchas oportunidades José Villagrán, presidente de los Dueños de Camiones del Sur, enunció la frase: "Camión quemado, camión pagado".

Enterado de los dichos del representante del Ejecutivo en la Región, Villagrán se mantuvo cauto y un tanto escéptico de lo que pueda pasar en el futuro ya que, esta idea ha sido planteada en innumerables oportunidades desde el retorno a la democracia.

"Partimos pidiendo esto en el gobierno de Patricio Aylwin, después insistimos con Lagos; Frei, Bachelet, Piñera y todos decían que sí, pero nunca lo hicieron", sostuvo el líder del gremio del transporte.

Consultado sobre si existe confianza por parte de los camioneros hacia los dichos del intendente, Villagrán fue tajante en decir que la clase política no tiene credibilidad alguna.

"La verdad es que estamos muy reacios a creerle a las autoridades. No porque esto lo diga Francisco Huenchumilla esto se va a llevar adelante, hoy día no le creemos a las autoridades políticas".

Por último, el presidente de los Dueños de Camiones del Sur, al preguntarle por un eventual monto que debería desembolsar el Estado por todos los camiones atacados, la suma podría llegar o incluso superar los 7 mil millones de pesos, aunque Villagrán tiene claro que "jamás los van a pagar, no va a ser retroactivo", sentenció.

A través del fiscal adjunto Roberto Garrido, el Ministerio Público informó que el estado de salud del comunero herido en el fundo Arauco de Freire, Guido Carihuentro Millaleo (48), sigue siendo grave, aunque ya salió del riesgo vital. Según Garrido, el mapuche técnicamente hoy está en libertad, aunque "el Ministerio Público ha solicitado una orden de detención, la que se cumplirá una vez que el imputado esté en condiciones de enfrentar una audiencia y comprender la imputación de cargos que se pretende formular", señaló.

2 ataques

se registraron el 1 de enero de 2015. Preliminarmente las pérdidas bordearían los $170 millones.