Si la tragedia no hubiese golpeado esta semana al Cuerpo de Bomberos de Collipulli, habría quedado olvidada, una vez más, las precarias condiciones en que desarrolla su labor esta institución de voluntarios, la que más veces de lo deseado se ve forzada que acudir a campañas ciudadanas para recaudar fondos que permitan su financiamiento, en vistas de un Estado que les impone reglas para operar, pero que nunca le ha entregado todas las herramientas para afrontar las emergencias que amenacen la integridad de las personas o los bienes públicos y privados. La muerte de María Patricia Marín y Jeyson Salamanca cuando volcó el carrobomba en que viajaban para combatir un incendio forestal ha vuelto a instalar este debate, pues según los responsables de Bomberos, el fatal accidente no pasó tanto por una eventual responsabilidad del conductor, sino derechamente por la antigüedad del vehículo, sometido frecuentemente a refacciones mecánicas para que pueda seguir prestando servicios a la comunidad.

Es cierto que será tarea del Ministerio Público determinar si el conductor que guiaba el carrobomba tiene o no responsabilidades en el accidente y el deceso de los dos mártires, pero las autoridades deben asumir que el equipamiento de Bomberos no es el de los mejores. El carro que volcó tenía demasiados años como para otorgar seguridad a los hombres de rojo, como muchos de los que están distribuidos en las comunas de menor tamaño, donde el voluntariado se escribe día tras día con entrega, sacrificio, vehículos antiguos y uniformes deficientes. La tragedia y estas carencias son las que han motivado la amenaza del comandante del cuerpo de Collipulli, en cuanto a devolver al Gobierno los carros que no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad, además de atender sólo las emergencias en la zona urbana y no en los predios, hasta donde muchas veces deben acudir porque los brigadistas de Conaf no son capaces de dar abasto en los meses de verano.La muerte de los dos bomberos que iban a bordo de un carro inseguro, a combatir una emergencia forestal y no en la ciudad, debiese servir para que el Poder Ejecutivo evalúe el inestimable servicio que le presta Bomberos a la comunidad, de manera voluntaria, y al menos prodigarle los vehículos y equipos que garanticen su integridad y eficiencia operativa. Es lo mínimo que se merece una institución que lleva décadas facilitándole al Estado la labor de hacerle frente a emergencias de todo tipo.

En los últimos meses se ha desatado un frenesí legislativo, respecto de una serie de proyectos. A la mayoría de ellos, además, se les ha dado "suma urgencia" de parte del Ejecutivo. Se trata de dar a luz una serie de nuevas leyes, avaladas por el argumento que fueron promesas de campaña. Lo anterior no sólo es legítimo, sino que además favorece una tarea ardua respecto de temas que son de gran interés por parte de la mayor parte de la ciudadanía. Esto forma parte del quehacer tradicional de cualquier Gobierno.

Sin embargo, en esta ocasión, llama la atención que varias de estas iniciativas, impulsadas por la mencionada urgencia, no están siendo percibidas positivamente por la sociedad chilena. De hecho las últimas encuestas dan razón. Y aun así, se ha insistido en llevarlas a cabo lo mismo, en un plazo que claramente no ha dado los espacios necesarios para una reflexión profunda y serena acerca de temas fundamentales y delicados, como para el logro de acuerdos y consensos que gran parte de la gente común, como la ciudadanía organizada ha solicitado de diversas formas. El temor es que se aprueben leyes que por no haber tenido el tiempo de maduración mínimo, en su posterior aplicación originen dificultades de diversa índole, con las consecuencias que pudieran derivarse para los ámbitos respectivos. No se cuestionan los objetivos ni las mejores intenciones, sino ciertas formas, metodología y contenidos. Queremos que las leyes sean percibidas como una buena y gran noticia la inmensa mayoría del país, y no como algo no deseado.

Finalmente llama la atención, el cómo se quiere poner en agenda y presionar tiempos legislativos, en temas que están lejos de interesar a un alto porcentaje de la población, entre ellos una posible Ley de aborto. Cuesta mucho comprender el ver cómo problemas muy graves que sumen a la Región en la angustia, la impotencia, la pobreza, el miedo, la violencia, la delincuencia y acciones terroristas, que se arrastran por años, permanecen sin mayores propuestas de solución, mientras otros temas que no son urgencia para los chilenos, se imponen en el Congreso por diversos intereses que marcan las prioridades.Sería muy preocupante que los urgentes anhelos, principios e intereses de nuestro pueblo, corran el riesgo de no coincidir con los de nuestra clase política.

Héctor Vargas