Caso Cascadas: decretan arraigo nacional para Aldo Motta tras su formalización
Justicia. El ejecutivo fue encausado por la falsificación de las actas del directorio de sociedades ligadas a SQM.
En el Centro de Justicia de Santiago fueron formalizados ayer, por el caso Cascadas, el gerente general de Norte Grande, Aldo Motta Camp, y la abogada que ofició como secretaria de los directorios, Claudia Morales, por el delito de falsificación de las actas de directorio de Oro Blanco y Pampa Calichera, sociedades cascadas ligadas a SQM.
La determinación la adoptó la Fiscalía de Delitos Alta Complejidad Centro Norte, dirigida por el fiscal José Morales, dado que según indicaron, los antecedentes recabados durante la investigación permitieron establecer que dentro de las "sociedades Cascada" se alteraron los documentos entregados a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
El fiscal solicitó al juez la medida cautelar de arraigo nacional solo para Motta, la que fue aceptada por el juez por un plazo de tres meses, mientras dure la investigación.
El abogado del gerente general, Julián López, aseguró que no hubo participación de su representado en el delito, al tiempo que afirmó que no hay antecedentes para acreditar que hubo falsificación de actas, por lo que no correspondería establecer medidas cautelares.
Según el Ministerio Público, los documentos alterados habrían sido entregados a la SVS y dan cuenta de la "operación Linzor", una de las transacciones cuestionadas por la que el ente fiscalizador cursó millonarias multas en 2014.
A fines de septiembre del año pasado, Motta declaró -según consignó El Mercurio- por este caso con su abogado Julián López.
En esa oportunidad, explicó que su función es "mantener la participación directa o indirecta en SQM de forma de asegurar el control de ésta, mediante la compra y venta de las acciones, como asimismo el financiamiento de estas operaciones". Motta detalló que las actas eran elaboradas por la abogada Claudia Morales y que luego eran visadas con su firma y la de los otros integrantes del directorio.
Lo que indaga el fiscal Morales es si esta modificación que se descubrió en actas que datan de marzo de 2011, sobre la "operación Linzor", fue para dar apariencia de que se cumplió con las exigencia de aprobación de directorio, pese a no tenerlo. Ante la Fiscalía, Motta reconoce que en los libros que se le exhiben hay inconsistencias en las fechas de los directorios y omisión de la transacción, en que se vendieron más de US$ 280 millones en acciones de SQM. Pero para él se trata de borradores y originales. "La información que se incluyó en el punto segundo del acta definitiva es una operación real, que efectivamente se realizó y que se informó al mercado efectivamente".