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"El ex director nacional de la Conadi, (Jorge Retamal), como jefe superior del servicio, es responsable administrativamente de las irregularidades denunciadas y constatadas por esta comisión, que en su caso pudieren revertir carácter de delito".

Esta es una de las conclusiones que registra uno de los preinformes de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que investiga irregularidades en el proceso de compra de tierras por parte de la Conadi.

Con siete votos a favor, tres en contra y tres abstenciones por ausencia, dicha comisión que preside el diputado Fernando Meza (PRSD), aprobó el pasado 1 de abril, después de ocho meses de trabajo, dos preinformes que dan cuenta de la existencia de irregularidades en el llamado Caso Conadi.

PREINFORMES

Uno de estos preinformes, al que tuvo acceso El Austral es del diputado Meza, mientras que el otro que también se aprobó es el diputado Luis Rocafull (PS).

Según explicó Meza, la próxima semana, luego de refundir ambos preinformes en uno sólo, pasará a votación en la Cámara de Diputados. En todo caso, Meza aclara que en lo medular no hay discrepancias entre ambos preinformes.

Los parlamentarios de la Alianza que votaron en contra no comparten dichas conclusiones y en opinión de Felipe Kast (Evópoli), uno de los parlamentarios disidentes del voto de la mayoría, "todo esto no es más que un show político".

Es más, en opinión de Kast, Jorge Retamal (militante de Evópoli) "es uno de los mejores directores que ha tenido la Conadi en su historia".

El Austral intentó comunicarse con Jorge Retamal para indagar en su postura, pero no fue posible establecer dicho contacto.

CONCLUSIONES

Para la formulación de las conclusiones y proposiciones que elaboró la comisión, los parlamentarios se basaron en los testimonios y antecedentes recogidos durante la investigación.

Hay que recordar que la génesis de dicha investigación fueron las denuncias que efectuó a los medios, en marzo del año pasado, el actual director nacional de la Conadi, Alberto Pizarro, respecto de un eventual fraude al fisco consistente en 15 casos de compra de tierras y cinco licitaciones, ocurridos entre el 2011 y el 2013, que ascenderían a la suma de 10 mil millones de pesos.

Durante su trabajo la comisión pudo concluir que a la luz de los antecedentes expuestos "queda demostrado más allá de toda duda razonable, la existencia del pago de sobreprecios como un acto ilícito en la esfera política, administrativa y eventualmente penal".

Respecto de ello se acota que tal como lo señaló la Contraloría en su informe, en la práctica lo que ocurrió es que se superó con creces la variación aceptable de un 10% sobre el valor del bien raíz.

Los audios y videos a los que tuvo acceso la comisión dan cuenta de la "existencia de corredores informales que, en vinculación con eventuales funcionarios públicos, permitieron la existencia de toda una organización interna y externa destinada al pago de sobreprecios".

En este punto se alude a la participación del ex gobernador de Malleco, Erich Baumann, en calidad de corredor informal y también se menciona el nombre de Rodrigo Francoise.

Al ser consultado Baumann, declinó efectuar declaraciones, aseverando "que los antecedentes están en la justicia".

Dicha infracción, observa el preinforme, infringe el principio de legalidad y de las competencias que establece la Constitución.

Y remata estableciendo que "el pago de sobreprecios por parte de las entonces ex autoridades de la Conadi, da cuenta de la eventual existencia de toda una organización tendiente a defraudar y lucrar con cargo a las arcas fiscales".

La Contraloría tomó conocimiento de ello y emitió un informe en febrero a la Conadi instruyendo se cursen los sumarios respectivos.

No fue posible contactar al actual director de la Conadi, Alberto Pizarro, para indagar al respecto de la instrucción de dichos sumarios ni de las conclusiones de la Cámara, ya que se encontraba en terreno en el norte del país.

El segundo ítem del preinforme se refiere a las responsabilidades administrativas y aquí la conclusión es que durante la gestión del ex director de la Conadi, Jorge Retamal, durante el 2010 a 2013, existieron graves irregularidades administrativas.

Y las enumera: "Desorden administrativo de cuidado y protección de las carpetas de tramitación de compraventa de tierras, lo que permitió la realización de actos ilícitos, a la derogación de la resolución exenta 878, mediante la cual el propio director asumió en forma exclusiva y excluyente la responsabilidad de aprobar el financiamiento de la compraventas de tierras de la Corporación indígena".

Al respecto, se añade que la comisión no pudo hallar la fundamentación de la decisión de compraventa y pago de un precio determinado.

El preinforme concluye que a la luz de lo expuesto "corresponde aplicar las responsabilidades políticas y administrativas a las ex autoridades involucradas en estos hechos".

También se añade un conjunto de proposiciones (ver cuadro) y se informa que dichos antecedentes quedan a disposición del Ministerio Público, a fin de que se investigue eventuales responsabilidades penales.

IRREGULARIDADES

Por su parte, el presidente de la comisión investigadora, el diputado Fernando Meza (PRSD), recalcó que "queda absolutamente claro que hubo irregularidades por parte de las autoridades de Conadi entre el 2011 y 2013 y que hay responsabilidad administrativas y políticas que asumir".

El parlamentario, a su vez, valoró el ítem de las proposiciones emitidas por la comisión en donde se busca desde modificar la Ley Indígena, fijar un límite de precio de compra de predios hasta comprometer la totalidad de la compra de tierras con aplicabilidad por parte del Gobierno.

No fue posible acceder a la opinión de la Fiscalía de Alta Complejidad, ya que el informe final aún no ha sido emitido a dicha institución, sin embargo, el ex fiscal de la Conadi, Rodrigo Bustos, quien fue desvinculado de la investigación en enero sí se pronunció.

Junto con valorar la labor investigativa de la Cámara, Bustos alertó respecto de la eventual existencia de nuevas irregularidades del mismo tenor, situación que habría gatillado su destitución.