El mundo debe dejar de utilizar combustibles fósiles para finales de este siglo, plantearon ayer los líderes del G7, imponiendo una ambiciosa pero distante meta antes de la cumbre climática que se realizará a fin de año en París.

La canciller alemana Angela Merkel, anfitriona del encuentro de los líderes de las siete democracias más acaudaladas, planteó llegar a un compromiso para "descarbonizar" la economía global, es decir, eliminar las emisiones de dióxido de carbono que surgen de la quema de petróleo, gas y carbón.

Aunque el objetivo se impuso para finales de siglo, los siete líderes -reunidos en el palacio bávaro de Elmau (sur de Alemania)- también destacaron que se "necesita acción concreta y urgente para abordar el cambio climático".

Las autoridades aceptaron reducir las emisiones de combustibles fósiles para 2050, de 40% a 70% de las emisiones de gases de invernadero que había en 2010 y que son culpables del calentamiento planetario. El objetivo desanimó a algunos activistas ambientales, pero los líderes dijeron que también se comprometerían a transformar los sectores de energía en sus países para emitir menos emisiones de carbono.

Ulf Moslener, profesor de finanzas y energía sustentable en la Frankfurt School of Finance & Management, dijo que el compromiso del G7 es "básicamente una confirmación de lo que ya se había pactado" en cambio climático y su principal valor fue lograr que los países desarrollados estuvieran en la misma página que las naciones en desarrollo.

Por otro lado, el G7 advirtió a Rusia que las sanciones impuestas por sus acciones en Ucrania seguirán hasta que se cumpla en su totalidad un alto al fuego en el oriente ucraniano y que esas sanciones podrían endurecerse en caso de ser necesario.

En materia de terrorismo, el Presidente de EE.UU., Barack Obama, afirmó que aunque tardará tiempo y no será fácil, los milicianos del grupo extremista Estado Islámico serán derrotados y expulsados de Irak. El G7 está compuesto por EE.UU., Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá.

El ex Presidente español Felipe González se reunió ayer en Caracas con dirigentes de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) y dijo que su visita a políticos presos dependerá de la autorización del Gobierno venezolano.

"Ya estamos tramitando" la reunión con los dirigentes presos Leopoldo López y Daniel Ceballos, que mantienen una huelga de hambre, señaló. "Espero tener una respuesta porque en contra de la desautorización no haré nada y en la ausencia de la autorización, veremos", agregó.

González, quien llegó al país el domingo, sostuvo una reunión con familiares de los presos y representantes de la MUD para recibir un análisis de la situación política del país.

Señaló que no le compete opinar sobre la situación interna del país, aunque dijo estar de acuerdo con las peticiones de la MUD en torno a una observación internacional en las elecciones legislativas de este año, con la presencia de técnicos de la ONU, la Unión Europea y de la OEA.

"He oído el análisis de la MUD y estoy de acuerdo con todas a las necesidades electorales planteadas", indicó.

Al comentar la molestia que despertó en el oficialismo y el Gobierno venezolano su presencia en el país, González dijo que en anteriores visitas a Venezuela lo hizo con el consentimiento del fallecido mandatario Hugo Chávez, con quien logró reunirse en 2006. "Yo no vine a Venezuela a enfrentarme con nadie, estoy aquí para realizar una serie de visitas y conocer la realidad de los presos políticos. Siempre me han recibido con las puertas abiertas", señaló.

También puntualizó que no pretende ser parte de la defensa legal sino dar asesoría técnica en el caso de López, que está encausado por instigación de las protesta del año pasado contra el Gobierno y se encuentra preso en la cárcel militar de Ramo Verde.

"Vine como asesor técnico de su equipo", dijo el ex mandatario español, y agregó que respeta las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la causa de los políticos presos.

González propuso actuar como asesor de la defensa de López y del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, acusados de conspiración.

El caso de López tendrá su próxima audiencia mañana.

El alcalde del municipio Libertador de Caracas y dirigente del oficialismo, Jorge Rodríguez, dijo ayer que rechaza la visita de González, debido a que durante su Gobierno en España estuvo investigado por la muerte de 28 personas. "Yo no le doy la bienvenida a personas que se responsabilizan de tomar la vida de otras personas", afirmó Rodríguez. El domingo, el Presidente Nicolás Maduro objetó la visita de González y acusó la existencia de un "eje internacional" que busca legitimar una "guerra" contra Venezuela.

A pesar del descontento con el Gobierno y en general con los partidos, el Presidente Enrique Peña Nieto obtuvo en las elecciones un respiro al tener prácticamente asegurada una mayoría en el Congreso que le permite avanzar en propuestas legislativas sin necesariamente ceder ante la oposición.

Con el 89,1% de las actas contabilizadas, los resultados preliminares de los comicios del domingo le daban al oficialista PRI el triunfo en los comicios para renovar los 500 escaños de la Cámara de Diputados con un 28,92% de la votación, pero en coalición con otros dos partidos minoritarios que lo han apoyado alcanzaría cerca de 40% de los sufragios.

Debido al sistema mixto, los votantes eligen de manera directa a 300 legisladores y el resto son distribuidos a los partidos a partir del porcentaje que hayan obtenido, con lo que la autoridad electoral y analistas estiman que el PRI en coalición con el Partido Verde y Nueva Alianza obtendría entre 245 y 263 asientos en la Cámara Baja.

El Gobierno consideró ayer que su triunfo en las elecciones fue un mandato para seguir trabajando en sus reformas.

A la mitad de los seis años de su mandato, la elección había sido vista como un referéndum del Gobierno de Peña Nieto que ha sido golpeado por escándalos de posibles conflictos de interés y corrupción, un mal desempeño de la economía y diversos hechos de violencia.