Según el Ministerio de Economía, en una primera fase se organizaron comités regionales que generaron un catastro regional y el Consejo Nacional de Barrios Comerciales seleccionó los primeros 60 barrios beneficiados durante 2015. Actualmente el plan financia proyectos asociativos comerciales y urbanos y en una segunda etapa se financiará el componente urbano del plan de desarrollo.
críticas. El partido opositor acusó "secretismo" en esas tareas y realizó presentaciones vía Transparencia.
La Comisión de Fiscalización de Renovación Nacional acudirá en los próximos días a la Contraloría General de la República para solicitar una cuenta pública del Gobierno respecto del trabajo que han desarrollado los Delegados Presidenciales por el incendio de Valparaíso, el terremoto que afectó a las regiones de Tarapacá y la de Arica y Parinacota, la reconstrucción del 27/F y Tocopilla y el de recursos hídricos.
El partido opositor acusó al Gobierno de "secretismo y desorden" en esta labor, ya que asegura que desde la administración central se habría negado información, o se ha entregado de forma tardía o incompleta. Por esto, en la tienda de Antonio Varas ya realizaron 25 presentaciones ante el Consejo de Transparencia, en busca de amonestaciones o sanciones administrativas, las que han apuntado especialmente a los ministerios del Interior y Secretaría General de la Presidencia.
Claudia Faúndez, integrante de la Comisión de Fiscalización y presidenta de los cores RN, aseguró que el caso del delegado presidencial del incendio de Valparaíso, Andrés Silva, terminó sus funciones el 30 de junio pasado, pero que tenía a su cargo 12 personas, con un presupuesto de salarios de $ 225 millones.
"En acciones concretas, debían construir 3.582 viviendas y a la fecha se ha construido solo el 12,4%. Más aún, consejeros regionales de la zona nos indican que se están devolviendo los subsidios. Creemos que el Gobierno quedó al debe y jugando con todos los chilenos", afirmó Faúndez.
En RN aseguran que los antecedentes que se conocen son suficientes como para generar al menos cuestionamientos a la eficacia de los delegados.
Estos cuestionamientos se extienden -según el partido opositor- al resto de las delegaciones, a las que acusan de un excesivo gasto en los 38 funcionarios que las componen, cuyo presupuesto en salarios entre 2014 y 2015 asciende a $ 1.532 millones.
Carlos Charme, coordinador de la Comisión de Fiscalización RN, afirmó en un comunicado de prensa que "los ciudadanos afectados por la últimas tragedias que han ocurrido en el país necesitan y exigen que los recursos sean bien utilizados. Y es por eso que hacemos un llamado, como comisión y como ciudadanos, para que la Presidenta de la República de cuenta de cómo se han ocupado los recursos fiscales. A la luz de las cifras que les acabamos de dar, no están siendo bien utilizados. Son vergonzosos, entre 10% y 15% de avance, los índices de reconstrucción".
La vicepresidenta de Renovación Nacional, diputada Paulina Núñez, destacó que "cuando estamos hablando de regiones donde se han producido catástrofes, obviamente que ahí hay dolor y hay urgencia por levantar viviendas, por recuperar las plazas y los espacios públicos de cada una de estas comunas que ha resultado dañadas".
La parlamentaria agregó que "no nos vamos a detener si el Gobierno no nos quiere entregar la información o la está entregando en forma incompleta. Vamos a llegar a la Contraloría General de la República, para que ella misma inicie un proceso de investigación a estos ministerios, y en este caso al del Interior, para que pueda entregar esta información".
La consejera regional metropolitana, Karin Luck, cuestionó la "institucionalización" de la figura de los delegados presidenciales, señalando que "cuando hablamos de descentralización, ya que tanto nos llenamos la boca, que realmente sea verdadera y confiar en la labor de los intendentes, seremis y gobernadores respectivos que los nombra cada una de las carteras".
Según la representante opositora, "ellos son los responsables de las regiones y tienen los recursos y las atribuciones para ejecutar todo lo que hacen los delegados presidenciales".
El ministro de Economía, Luis Céspedes, pidió que la discusión de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno se haga de manera "propositiva" y reconoció que el Ejecutivo tiene "una tarea de recomponer las confianzas".
Según el secretario de Estado, "las reformas que estamos llevando a cabo son reformas necesarias para el futuro de nuestro país, para un crecimiento más inclusivo y tenemos que fortalecer las confianzas, fortalecer el diálogo y eso es lo que estamos haciendo".
Lo anterior, agregó Céspedes, permitirá recuperar el ritmo de crecimiento de la economía.
El titular de Economía realizó ayer un recorrido por la Vega Central, en Santiago, recinto que forma parte del Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales del país.
Céspedes agregó que el Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales, implementado por Sercotec, también busca recuperar el dinamismo de la economía, mejorando sectores de potencial económico, patrimonial y turístico.
"Hemos dicho que la inversión privada es fundamental y, por eso, el fortalecer las confianzas, entregar todas aquellas condiciones para que nuestra economía pueda retomar su ritmo de crecimiento, es para nosotros como Gobierno lo más importante", dijo la autoridad.
El gerente general de Sercotec, Bernardo Troncoso, explicó que "sin una estrategia de colaboración y desarrollo colectivo, a los pequeños negocios de los barrios comerciales les resulta muy difícil enfrentar la competencia de la venta en masa de los grandes centros comerciales. Por eso hemos iniciado este trabajo conjunto, ayudándoles a incorporar servicios y ventajas para el consumidor que solo la cooperación les puede proporcionar".
El programa consta de 60 barrios seleccionados a nivel nacional, de los cuales 11 están en la Región Metropolitana. Según Economía, la idea es que al menos dos barrios por región sean beneficiados. Cada proyecto deberá durar entre dos y tres años, con una etapa de preinversión de hasta 12 meses. El plan es parte de la Agenda de Productividad del Gobierno.
De acuerdo a un informe de Renovación Nacional, en sus 14 meses, el Gobierno ha designado cuatro delegados presidenciales, en cuyos equipos asesores se han debido desembolsar un total mensual de $ 76.796.654. Según el documento, entre 2014 y 2015 el presupuesto total solo en remuneraciones asciende a $ 1.532.458.400. La presentación que realizará la tienda apunta a que la Contraloría se pronuncie sobre control de legalidad, eficacia y eficiencia contable y administrativa de lo realizado.
Mauricio Mondaca