Un día después de la movilización de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), que culminó frente a La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet subrayó ayer que este tipo de situaciones se debe enfrentar con diálogo.

"Yo creo que los gobiernos democráticos estamos permanentemente sometidos a dificultades, y el rol de los gobiernos democráticos es hacer frente a esta situación con diálogo", afirmó la mandataria acerca de la manifestación de los camioneros, motivada por la violencia que acusan han sufrido en el sur del país.

"El llamado general a cualquier tipo de situaciones es que siempre tiene que primar el diálogo y como Gobierno al menos, vamos a buscar soluciones en el marco del respeto a la ley, con responsabilidad, con flexibilidad de todos los actores, porque yo creo que es lo que de verdad nos permite salir adelante, resolver los problemas que existan", añadió.

La jefa de Estado hizo estas declaraciones en el XVI Encuentro Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Enape), donde insistió en que "ayer (jueves) fue una jornada difícil para la capital por la situación de los camioneros que tomaron algunas vías de acceso a Santiago".

"Yo creo que los países democráticos estamos sometidos permanentemente a diversas tensiones, dificultades; unas veces por legítimas demandas, otras por conflictos con actores", aseguró Bachelet.

Por ello dijo que "yo creo que el rol de los gobiernos democráticos es hacer frente a estas situaciones con decisión y con diálogo, buscando las mejores soluciones siempre con un marco de apego irrestricto a la ley".

En un principio, la movilización con que los camioneros buscaban llegar a Santiago se vio truncada por una circular de la Seremi de Transportes que les impedía entrar al radio urbano de la ciudad. Sin embargo, horas después, el Gobierno cedió y un convoy de 13 camiones quemados por actos de violencia en La Araucanía logró entrar a la capital. Seis de ellos pudieron acceder a La Moneda para presentarle al Ejecutivo quejas por la impunidad en hechos delictuales en la zona del conflicto mapuche.

El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, afirmó ayer que la prohibición del ingreso de la caravana "paralizó" todo el país.

"Al Gobierno le preocuparon dos cosas: que la gente nos aplaudía y nos decía 'defiéndannos, ayúdennos, porque la delincuencia en este país no se puede aceptar más', y que mostráramos los daños, los cadáveres de nuestras herramientas de trabajo", sostuvo el dirigente en radio Cooperativa.

"Con eso, el Gobierno dijo 'chuta, los camioneros me van a complicar', y miren lo que hizo. Por tratar de no autorizarnos, Chile se paralizó entero en apoyo", aseveró, y precisó que "no hemos llamado a ningún paro".

Párez Agregó que "los hermanos mapuches no son los terroristas, sino que son otros los terroristas".

"Yo nos los puedo identificar, no soy policía, soy un emprendedor, un camionero. El 2008 hay información de que las FARC intervinieron acá y yo le pregunto al fiscal nacional por qué no nos informa cuál es la investigación, quiero saber qué se hizo en el Gobierno que estaba el 2008 para aclarar estas cosas", insistió Pérez.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Isabel Allende, criticó duramente la manifestación de los transportistas de La Araucanía. "Aquí hubo una presión bastante desmedida y al final, después de 10 horas de conflicto, había que buscar una solución porque esto no podía seguir escalando", dijo la senadora. "Vimos que esto no iba a solucionarse fácilmente y no podíamos permitir que los ciudadanos no pudieran tener la libertad para entrar y salir de una región", agregó.

El ministro del Interior, Jorge Burgos, salió ayer al paso de los rumores de supuestos roces que existirían con el subsecretario de la cartera, Mahmud Aleuy, tras la movilización de los camioneros.

Según ha trascendido, la decisión adoptada por el jefe de gabinete de permitir el paso de la caravana de transportistas por la Alameda, habría generado molestia del subsecretario quien había sido enfático en descartar la entrada de los camiones a Santiago.

Asimismo, el ministro Burgos manifestó que en esta situación "los costos políticos los asumo yo, las cosas buenas son de todos, los costos políticos de la decisión aquí estoy, el pecho a las balas".

A su juicio, "no hay que exagerar las cosas, como lo dije fue una decisión que yo tomé por circunstancias de carácter de orden público. Yo trabajo cotidianamente con el subsecretario Aleuy, lo hago además sobre la base de sentirme muy respaldado por una persona que hace su trabajo muy bien, con mucha competencia y espero seguir haciéndolo así".

De esta forma, el secretario de Estado respaldó la gestión de Aleuy, asegurando que "para mí es un elemento muy importante, muy trascendente en el trabajo del Gobierno, es un ejemplo de funcionario público, como trabaja, no le he escuchado a él salvo a ustedes esta cuestión y no creo que vaya a pasar una cosa así".

Jorge Ortúzar Santa María,

general de Sofofa

Recientemente hemos sido testigos de un incremento de la violencia en la zona sur del país, particularmente en la Región de La Araucanía. Sin la cobertura mediática de casos de mayor crudeza humana, hoy los emprendedores regionales deben enfrentar la destrucción de equipos, la toma de terrenos y la agresión a sus colaboradores por parte de violentistas que actúan bajo total impunidad.

Es lamentable ver cómo un grupo de chilenos, amparados bajo la denominada "causa mapuche" y alentados por asesores externos con dudosos objetivos personales, son capaces de atentar contra sus pares y poner en vilo toda la institucionalidad ambiental, política y jurídica de nuestro país.

La violencia en La Araucanía es un tema de larga data en el debate público, pero de pobres resultados en su gestión. La ambigüedad de las autoridades al enfrentar estos casos no ha ayudado a marcar los precedentes necesarios para persuadir a nuevos grupos de adoptar la violencia como vía para lograr réditos personales.

Seamos claros: no todos los atentados en el sur responden al conflicto mapuche, mas se amparan bajo él para apelar a la falta de acción jurídica y política que lo caracteriza. Este aprovechamiento ha sido sumamente negativo, tanto para los inversionistas -quienes han debido enfrentar un creciente vacío normativo y una incertidumbre inaceptable para la ejecución de proyectos- como para el pueblo mapuche, que no valida la violencia como mecanismo de presión.

Según cifras del Servicio de Evaluación Ambiental, actualmente se están evaluando dieciséis proyectos de inversión en la Región de La Araucanía, por un monto superior a los US$ 1.400 millones. Todos estos emprendedores, grandes y pequeños, del sector público y privado, requieren de las garantías necesarias para desarrollar sus proyectos bajo el cumplimiento de las exigencias sociales, ambientales y económicas. Es inaceptable que proyectos que cuentan con todas las autorizaciones necesarias para desarrollarse, sean víctimas de actos de violencia por parte de grupos extremistas.

Requerimos de mayor compromiso de las autoridades para garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. La ambigüedad y discrecionalidad en la aplicación de la ley da espacio para el aprovechamiento de ciertos actores, lo que es sumamente perjudicial para todo el país.