El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), Ángel Gurría, criticó la desigualdad económica y social que persiste en Chile y dio su respaldo a las reformas que impulsa el Gobierno.

Chile "sigue siendo una sociedad altamente desigual en cuestión de ingreso, riqueza y educación", dijo Gurría, que presentó ayer el Estudio Económico de Chile 2015 de la Ocde, por los cinco años del ingreso de Chile a esa entidad.

El jefe de la Ocde se reunió además en La Moneda con la Presidenta Michelle Bachelet, a quien le entregó el informe "Chile: Prioridades de políticas para un crecimiento más fuerte y equitativo".

En la presentación del informe, Gurría resaltó la gestión económica de Chile y consideró que el país está en mejor pie que sus vecinos para enfrentar las adversidades externas.

No obstante, llamó a disminuir su dependencia del cobre a través del desarrollo del conocimiento e innovación.

Para mantener su fortaleza, dijo, Chile deberá "expandir su economía más allá de la extracción de recursos naturales e incrementar su aporte basado en el conocimiento a las cadenas globales de valor, incluida la adopción de reformas estructurales que favorezcan la productividad".

El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, dijo que el informe de la Ocde "nos plantea el tema de la desigualdad que no se ha avanzado en el último tiempo y nos tenemos que hacer cargo".

El director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Ernesto Muñoz, dijo ayer que "están las condiciones para allanar un proceso de retribución a clientes afectados por la colusión", ya que Cmpc se comprometió a entregar la información necesaria para desarrollar los modelos de compensación.

Luego de una cita entre el Sernac y la empresa Cmpc para acercar posiciones respecto del proceso de mediación, derivado de la investigación por el cartel de colusión de al menos 10 años entre Cmpc Tissue y SCA (ex Pisa) en el mercado del papel, Muñoz adelantó que el trabajo de los equipos técnicos y jurídicos será fundamental para buscar la mejor forma de retribuir a los afectados.

El formato

Muñoz explicó que "lo mínimo es que se determine el perjuicio y las compensaciones".

De acuerdo al director del Sernac, el servicio prefiere el pago en efectivo como método de compensación.

Además, agregó que un requisito es que "no se causen perjuicios a las empresas que no se coludieron", lo que descartaría posibles descuentos en compra de productos.

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, dijo que valora la disposición de Cmpc de concretar la mediación y recalcó que el perjuicio debe ser saldado hacia los consumidores y no a entidades de beneficencia.

El directivo adelantó que Conadecus propuso que los beneficiarios sean mayores de 18 años, con información del Registro Civil, que durante un periodo determinado de tiempo cobren lo que les corresponda del monto a repartir, que para la entidad va entre US$ 460 millones hasta US$ 510 millones. La idea, agregó Calderón, es que quienes accedan entreguen su RUT para que no se replique el pago y se lleve una contabilidad del proceso.

De existir excedentes, propuso que se vayan a un fondo concursable para financiar proyectos de educación al consumidor.

El titular del Sernac aseguró que SCA "le cerró la puerta a la forma más rápida que tienen los consumidores", por lo que esa controversia será llevada a los tribunales a través de una demanda colectiva.

Aunque el director del Sernac no dio plazos respecto de la posible duración el proceso de compensación, el gerente general de Empresas Cmpc, Hernán Rodríguez, dijo que la firma espera hacerlo antes de que concluya el juicio del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Tdlc).

"Estamos recién iniciando el proceso técnico para determinar y poder de alguna manera compensar a los consumidores. Esperamos que termine antes que lo del Tribunal de Defensa la Libre Competencia", dijo el ejecutivo luego de la reunión.

10 años habría durado la colusión en el mercado del papel tissue entre Cmpc y la firma SCA (ex Pisa).

US$ 510 millones estima Conadecus que se deberían repartir entre los afectados por el cartel.