Como un buen proyecto para combatir elementos claves en la sensación de inseguridad de la ciudadanía, como la existencia de 66 mil prófugos o la alta tasa de archivo de causas por delitos violentos sin resultados, calificó el senador (RN) Alberto Espina la agenda corta antidelincuencia.

El legislador defendió las mejoras que el Senado aplicó a la iniciativa despachada por la Cámara Baja y destacó que "entrega todas las atribuciones que las policías y fiscalías piden para disminuir la impunidad".

Respecto del polémico control de detención, aclara puntos y rechaza las críticas a una posible reinstauración de la "detención por sospecha".

Fortalezas y debilidades

- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que ve en la agenda corta?

- Las medidas más relevantes establecen para los delitos de robo con violencia o intimidación, robo con sorpresa o fuerza y el abigeato y reducción de la prohibición de aplicar una pena inferior que aquella que señala el Código Penal. Por ejemplo, el autor de un robo con violencia que va a enfrentar una pena de 5 años y un día a 15 años no podrá obtener del juez, por circunstancia alguna, una disminución del piso de la pena. También se otorgan a las policías atribuciones para realizar las primeras diligencias de investigación sin previa orden judicial. Otra de las fortalezas es el control de identidad, que ha generado mucha polémica. No tiene nada que ver con la detención por sospecha, ya que la persona no es detenida. Este control preventivo se estableció considerando que Chile tiene 66 mil prófugos de la justicia por delitos graves, según informes de la Corte Suprema.

- ¿Usted es partidario de que la ciudadanía esté obligada a portar su identificación?

- El control de identidad fue pedido expresamente por las policías y busca detener a los prófugos de la justicia. Por supuesto que es una molestia para la ciudadanía, pero es la mínima colaboración que tenemos que hacer si queremos revertir la situación de la delincuencia.

- ¿Hubo discrepancias sobre el proyecto respecto de lo despachado por la Cámara?

- Nosotros mejoramos considerablemente el proyecto que venía de la Cámara de Diputados, porque tenía vacíos legales muy graves. Por ejemplo, que el control de identidad pudiera hacerse a niños de 6 años, lo que es una ridiculez. Ahora se establece que es para mayores de 14 años, a quienes deben darse todas las facilidades y ubicarse a sus padres o parientes y exhibir cualquier documento que acredite su identidad, en un proceso que no puede durar más de una hora. Si hay un abuso policial, ese efectivo puede enfrentar una pena que llegaría hasta tres años. Se tomaron todos los resguardos para evitar que esta medida pueda ser mal usada.

- Han existido críticas a este instrumento de destacados abogados, como Jorge Bofill, que han señalado que podría reinstaurarse la detención por sospecha.

- Eso es absolutamente equivocado porque, en primer lugar, no hay detención, el procedimiento dura máximo cuatro horas para un mayor de edad y la persona queda en libertad, pues se hace en el mismo lugar donde se encuentra. La detención por sospecha implicaba cárcel, pero en este caso está estrictamente prohibido, salvo que exista alguna orden de detención. En Chile ya existe el control de identidad preventivo en la Ley de Violencia en los Estadios.

- ¿Cómo califica la actuación del Gobierno en esta materia teniendo en cuenta que la tramitación se aplazó a marzo?

- Este proyecto se retrasó hasta marzo porque tuvo una fuerte resistencia en parlamentarios de la izquierda y porque el Gobierno no tuvo ni el liderazgo ni la fuerza para mantenerle la discusión inmediata y haberlo despachado tiempo atrás. Un proyecto de esta envergadura, que se demora un año, es responsabilidad directa del Gobierno, porque maneja las urgencias.