El Gobierno defiende Ley de Inclusión y rechaza medidas contra los alumnos
OPCIONES. Mediante la normativa, los establecimientos no podrán suspender a los estudiantes que lleguen a clases sin uniforme, por su aspecto personal o sin un tipo de útil escolar.
El Gobierno defendió ayer los alcances de la Ley de Inclusión, que comenzará a regir el próximo 1 de marzo y que prohíbe, entre otras cosas, que los colegios puedan suspender a los alumnos por alguna falta en su uniforme o por su apariencia personal. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, especificó los elementos de la normativa, pero explicó que prevalecerán las normativas internas de los establecimientos.
"No es que estemos como Ministerio determinando que los niños vayan como quieran, hay órdenes internas en los establecimientos que tienen que respetarse", afirmó la secretaria de Estado.
Para Delpiano, "lo que no consideramos es que se pierda clase, se suspenda a los niños por cosas que muchas veces no dependen de ellos, dependen de sus propias familias, que es lo que estamos cautelando".
Como parte de esta norma, según el Ministerio de Educación, 784 establecimientos que hasta el año pasado tenían financiamiento compartido ahora serán gratuitos, beneficiando a más de 240 mil estudiantes.
El jefe del Departamento de Denuncias de la Superintendencia de Educación, Óscar Acevedo, aseguró que "no cumplir con un requerimiento específico, como una prenda de ropa o con llegar con un útil escolar o texto, no implica que los alumnos vean restringido su acceso a la participación escolar". La autoridad agregó que los colegios pueden tomar medidas "para formar conducta", pero la suspensión atenta contra el espíritu de la ley.
"Lo que planteamos es que los colegios tienen derecho para trabajar esos aspectos con la familia, pero la marginación de la actividad escolar afecta el derecho a la educación", dijo.
Destaca los avances
La Presidenta Michelle Bachelet destacó ayer la puesta en marcha del proyecto al visitar el centro de distribución de textos escolares gratuitos en Pudahuel (Región Metropolitana). Bachelet reiteró el compromiso de su Gobierno con los avances en educación.
"Creo que podemos ser optimistas, podemos hacer los cambios. Hay un conjunto de agoreros que pronosticaron que no íbamos a hacerlo, o que sería un gran retroceso. Y la verdad que se equivocan. Sea por la vía de que las familias van a poder tener educación de calidad gratuita en los colegios, en las universidades; sea por la vía de mirar estos fantásticos textos escolares, de gran calidad, creo que demuestra que esto para nada es un retroceso, por el contrario, es un tremendo avance", subrayó.
Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (Conacep), enfatizó que hay reglas mínimas, como la ropa, en las normas internas, las que "desde el momento en que la familia adscribe al proyecto educativo conoce, por lo que tiene que respetarlas. Si no, qué sentido tiene que la ley establezca que los sostenedores deben informar a la familia sobre sus normativas".
Algunos de los antecedentes de la ley de inclusión
Derechos
La ley estipula que antes de expulsar a un alumno, se deberán implementar todas las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial. Los colegios no podrán suspender a los estudiantes, ni apartarlos de clases por no obedecer alguna norma del reglamento interno relativa a presentación personal o no contar con los útiles, uniforme o texto escolar. Si un colegio aplica una medida que restrinja el derecho a la educación, la Superintendencia podrá aplicar sanciones.
Textos escolares
Todos los estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados tienen derecho a recibir textos escolares en forma gratuita, que serán de su propiedad. Si el establecimiento decide pedir un texto alternativo al listado del Mineduc, se podrá adquirir de manera voluntaria y sin que afecte el trabajo pedagógico. Los colegios que opten por no recibir textos del Mineduc deberán fundamentar la medida al Centro de Padres y Apoderados y al Centro de Alumnos.
Fin a la selección
El nuevo proceso partirá en 2017 en la Región de Magallanes y se aplicará en todo el país en 2020. Implica que los establecimientos no podrán exigir antecedentes como certificado de matrimonio de los padres o documentos que acrediten su salario. La ley especifica que se debe respetar las convicciones religiosas, ideológicas y culturales de los alumnos, así como las tradiciones y costumbres de los lugares en que residen, acorde al proyecto educativo y reglamento.
784 colegios que hasta el año pasado tenían financiamiento compartido, desde 2016 serán gratuitos.
3,1 millones de estudiantes de 11 mil establecimientos recibirán textos escolares que entrega el Gobierno.