Carolina Collins
Los seis imputados en el denominado caso Tsunami aceptaron ayer ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago las condiciones para optar a la suspensión del proceso acordado con el Ministerio Público, y así poder evitar el juicio oral y lograr ser sobreseídos definitivamente en un plazo de un año.
El acuerdo incluye al ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, y los marinos del SHOA Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina.
Según detalló durante la audiencia el fiscal José Luis Pérez Calaf, el acuerdo consiste en el pago de $ 235 millones, cuyo pago será efectuado en cuotas y será repartido entre los querellantes.
Rosende tendrá que pagar $ 80 millones, Fernández $ 40 millones y Jamett $ 5 millones. En tanto, los otros tres marinos entregarán una indemnización de $ 40 millones.
En total $ 235 millones serán repartidos entre las familias de las 104 personas que resultaron fallecidas producto de la fallida alerta de tsunami tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 en la zona centro-sur del país. El resto, equivalente a $ 10 millones, será destinado para financiar un seminario de Plan de Protección Civil.
El acuerdo incluye la lectura de una declaración pública que explique su labor el día de la tragedia, que será leída una vez que se concrete la suspensión del proceso, en caso de que el tribunal la acepte. Esa declaración no contempla un reconocimiento de responsabilidades.
La jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Gajardo, ahora deberá resolver si aceptará o no suspender el proceso, luego de escuchar los testimonios de los 140 querellantes.
Los familiares de las víctimas rechazaron el acuerdo y lo calificaron como "inaceptable", anunciando que se opondrán al acuerdo alcanzado entre las defensas de los imputados y el fiscal regional occidente, José Luis Pérez Calaf.
En total 33 personas entregaron su testimonio ayer y culparon a las autoridades de la época de haber actuado negligentemente. Los querellantes argumentaron su rechazo a la suspensión del proceso.
"Hubo negligencias claras y precisas de las personas que estaban a cargo de la seguridad de nuestro país", dijo Silvana Sanzana, quien perdió a su padre, según consignó Emol.
"Me quitaron lo más importante de mi vida, nunca más pude decirle feliz cumpleaños ni celebrar la Navidad con él", dijo Tania González quien perdió a su hijo de cinco años en Constitución.
Se espera que las audiencias de testimonios se extiendan por tres semanas.
La defensa argumenta el acuerdo
Los seis imputados aceptaron el acuerdo con el Ministerio Público que fija la indemnización a pagar a los querellantes para evitar llegar al juicio oral. Lo anterior fue rechazado por los familiares de las víctimas. El abogado de Carmen Fernández, Luciano Fouillioux, explicó en declaraciones citadas por Cooperativa que "esta es una propuesta hecha por el Ministerio Público, la cual nosotros creemos que es totalmente legal dentro del procedimiento. Está establecido en la ley, no es nada nuevo, lo único nuevo es la extensión del juicio y el umbral de penalidad para el evento que se pide en el juicio".
"Esta es una propuesta hecha por el Ministerio Público, la cual nosotros creemos que es totalmente legal dentro del procedimiento".
Luciano Fouillioux Abogado de Carmen Fernández.
