Un total de 18 funcionarios y sus hijos se vieron favorecidos con las becas que entregó Carabineros.
Según explicó la misma institución, dichas becas tienen relación con apoyo económico o con equipamientos.
A casi una semana de la detención de 11 comuneros por el caso Luchsinger-Mackay, el Observatorio Ciudadano le pidió al Gobierno, y a los encargados de hacer justicia, que estos cumplan con los principios del debido proceso.
Desde el organismo, mostraron su preocupación respecto de "la estigmatización que a nivel regional existe en contra de los imputados mapuche en este caso. Recordamos que todas las personas deben ser consideradas inocentes hasta que su culpabilidad haya sido probada. Valorables son ese sentido las palabras del Obispo de Temuco, Monseñor Héctor Vargas, en orden a no prejuzgar y dejar que la justicia opere sin presión".
El mismo Observatorio Ciudadano, eso sí, dijo que los hechos deben ser investigados, incluidas las amenazas referidas por el supuesto delator del grupo que participó en el delito contra los agricultores en el sector de General López, la madrugada del 4 de enero de 2013.
"Los hechos de violencia deben ser investigados y sancionados, con respeto a las garantías individuales y procesales. Por ello resultan preocupantes las alegaciones de los imputados respecto de que en su detención y posterior formalización se habrían identificado presiones e irregularidades, las que resulta fundamental sean esclarecidas".
La organización también se mostró preocupada por la calidad de terrorista que se le da al crimen, precisando que organismo como Naciones Unidas "han cuestionado la aplicación de esta ley y han solicitado su modificación, tarea que está aún pendiente en el Parlamento".
Para ayer en tanto, estaba previsto que las defensas de los once detenidos presentaran el recurso de amparo en la Corte de Apelaciones, acusando falta de argumentación para la prisión preventiva.
El 13 de mayo de 2016, en el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, se desarrollará el juicio contra el ingeniero, Alberto Turu Kobayashi, quien fue acusado por el Ministerio Público de ser el autor de los delitos de abuso sexual infantil reiterado y almacenamiento de material pornográfico infantil.
De acuerdo a lo referido por la misma Fiscalía, los hechos investigados datan del 7 de noviembre del 2014, cuando el acusado, Turu Kobayashi, invitó a un menor de 12 años, compañero de colegio de uno de sus hijos, a que pase la noche en su domicilio.
Allí, según se desprende del auto de apertura, el ingeniero "concurrió hasta el dormitorio de uno de sus hijos, el que se encontraba durmiendo junto a la víctima, para proceder a ejecutar actos de significación sexual y de relevancia en perjuicio del afectado".
Consultado el fiscal de la causa, Cristian Gacitúa, respecto de las penas solicitadas, éste refirió que las mismas alcanzan los 8 años, seis por el delito de abuso sexual infantil reiterado y 2 por el de almacenamiento de material pornográfico infantil.
Además, Gacitúa indicó que el menor sindicado como víctima "va a declarar a través del circuito cerrado, donde va a estar acompañado de los jueces y donde los intervinientes formularán las preguntas a través de los jueces".
Los jueces que deberán determinar si el ingeniero es culpable o inocente de los delitos que se le imputa estará conformado por Luis Sarmiento, Juan Santana e Ignacio Rau.
Un joven de 21 años fue condenado a 541 días de presidio tras ser encontrado culpable de lesiones menos graves contra su abuela de 81 años, ahorcándola, supuestamente con la intención de matarla
Según estableció el Tribunal del Juicio Oral de Temuco, Jonathan Riquelme increpó a Elvira del Carmen Monsalve (81) que se encontraba en su casa en Nueva Imperial, iniciándose una discusión que terminó cuando el condenado se abalanzó sobre la octogenaria mujer, agarrándole el cuello con sus dos manos, ahorcándola mientras le decía "te voy a matar ".
"Hay que hacerles un seguimiento a los familiares de estos perros...Y darles donde les duele. Si es que tienen hijos llevarse a algunos y darles a conocer el terror que sus parientes uniformados ejercen".
Esa es una de las frases escritas supuestamente por Samuel Antillanca Quinchahuala, que motivaron al Ministerio Público a abrir una investigación por el delito de amenaza, luego que Carabineros de la IX Zona hiciera llegar 380 denuncias de sus funcionarios.
Según explicó el persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad, Luis Torres, la indagación no descarta que las amenazas sean "una respuesta al caso de las últimas detenciones - por el crimen de los Luchsinger Mackay - donde se ha decidido unificar estas denuncias y hacer una sola investigación".
El mismo Torres, explicó que fue la misma institución uniformada la que aportó el nombre de la persona que habría proferido las amenazas - Samuel Antillanca Quinchahuala - y el contenido de las mismas, claro que ahora "es resorte de esta investigación establecer claramente el titular de esta cuenta y si podemos vincularlo con la difusión de estas amenazas contra el personal de Carabineros", dijo el fiscal.
Por último, el fiscal aclaró que se espera que en las próximas horas lleguen denuncias de la PDI. "Entendemos, por la información que hemos recibido, que también personal de la PDI va a formalizar denuncia en el mismo sentido".
De manera escueta, el propio General de la IX Zona, Christian Franzani, se refirió a la denuncia hecha ante el Ministerio Público a principios de abril.
Al respecto, el uniformado detalló que los hechos fueron estudiados por la unidad jurídica de la institución "y el día de hoy 381 amenazas se convirtieron en denuncias por nuestro personal, que han sido puestas en conocimientos del Ministerio Público a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes".
Franzani dijo que el denunciado fue identificado por Carabineros pero que a ellos aún no ha llegado una orden de detención por parte de la Fiscalía.
Fiscales
Hoy, no solo los Carabineros o detectives de la PDI están siendo cuestionados por personas u organizaciones tras realizar diversas diligencias ordenadas por los tribunales.
Los fiscales también, hipotéticamente podrían ser blanco de amenazas y es por ello, que el mismo Luis Torres aseguró que "hay una preocupación directa del fiscal regional (Cristian Paredes) por esta situación y efectivamente se están reestudiando las medidas de seguridad que favorecen a los fiscales que desarrollan sus funciones en esta región".
Por último, Torres no quiso precisar cuántos son los fiscales que hoy cuentan con medidas de protección y dijo además desconocer si tras la detención de once comuneros por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay hubo o no amenazas a persecutores de La Araucanía.
380 denuncias hizo llegar Carabineros a la Fiscalía por la posible configuración del delito de amenazas.