La Fiscalía solicitó al Tribunal de Garantía de Temuco audiencia de formalización contra la inspectora fiscal de Vialidad, la DC Roxana Hernández San Martín, y dos personas particulares que son matrimonio, dueños de la empresa Constructiva Ltda.

Así lo confirmó al ser consultado el fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac), quien lleva la causa, Luis Torres Gutiérrez. "Efectivamente el Ministerio Público después de agotar esta investigación respecto de un proyecto de conservación de caminos de la comuna de Loncoche solicitó al Tribunal de Garantía la audiencia de formalización de cargos contra un funcionario público y dos particulares".

Respecto de los cargos que enfrentan, el abogado litigante detalló que la inspectora fiscal, en calidad de funcionaria pública, está siendo imputada por fraude al Fisco y los particulares por obtención fraudulenta de prestaciones estatales, quedando fijada la audiencia para el próximo 1 de junio a las 12 horas.

Consultado el fiscal Torres, admitió que en Fiscalía "existen otras denuncias de funcionarios de Vialidad que está llevando la Unidad de Delitos Económicos".

Una de ellas es la imputación de cohecho en contra del ex director de Vialidad, el DC Pablo Rodríguez, quien la desestima categóricamente aludiendo a un montaje.

CARGOS

El delito de fraude al Fisco que enfrenta la imputada Hernández, sobre quien pesa una propuesta de destitución, pero que está con licencia médica, según constató el dirigente de Anfavial, Álvaro González, implica una pena asociada a la cuantía de lo defraudado.

En este caso hablamos de una pena de presidio mayor en su grado mínimo que parte en cinco años y un día, ya que el monto de lo defraudado o pago a la empresa Constructiva Ltda., sin justificación, es mayor a las 400 UTM.

De hecho, según consta en el informe final de Contraloría 272-15 de la Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía, el monto de lo defraudado por la funcionaria púbica correspondiente al contrato PDI N° 16/2011 "Conservación caminos de acceso a comunidades indígenas, comuna de Loncoche", asciende a los 46 millones de pesos (1.183 UTM a abril de 2012), monto "relativo a partidas pagadas y no ejecutadas".

El monto total adjudicado del proyecto fue de 225 millones de pesos (en un inicio eran 205 millones, pero se autorizó aumento en el transcurso) con la particularidad de contar con la autorización de pagos mensuales.

El matrimonio de contratistas de la empresa Constructiva Ltda., compuesto por Johana Carrasco y Rodrigo Möller, enfrentan cargos por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales, ya que la inspectora Hernández les visó seis pagos entre noviembre de 2011 y abril de 2012, siendo el porcentaje de avance un 62%.

Prueba de ello, así lo consigna el informe de Contraloría y detalles que son parte de la carpeta investigativa, es que Vialidad en abril de 2012 debe poner término anticipado al contrato con la empresa Constructiva Ltda. por no cumplimiento, debiendo volver a licitar obras por cuatro caminos rurales y dos puentes (el proyecto inicial contemplaba la realización de seis caminos y tres puentes).

El fraude financiero se establece de acuerdo a la recepción única de obras con fecha octubre de 2013, determinándose la ejecución de 140 millones de pesos, sin embargo, la imputada Hernández al 13 de julio de 2012, con fecha vencida incluso, había autorizado el pago de 225 millones de pesos.

El último pago de la empresa Constructiva tuvo que ser imputado a los trabajadores, ya que antes del término anticipado del contrato se declaró en quiebra para los trabajadores. Situación que no la inhabilita para enfrentar la imputación, pues según consta en el registro de la Superintendencia de Quiebras no estaría en dicha categoría.

IRREGULARIDADES

El informe de Contraloría (272/2015) dictamina que en vista de las irregularidades detectadas que involucran deficiencias en el control de la inspección fiscal, "se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias".

De acuerdo a ello, el órgano fiscalizador considera que se debe iniciar el reparo respectivo, es decir, un juicio de cuentas contra la funcionaria pública, quien posee una trayectoria de 20 años en el MOP. Esto significa que la Contraloría, a través de estos nuevos tribunales deberá solicitar la devolución del dinero defraudado.

Dentro de las irregularidades, ejecutadas por la inspectora fiscal Hernández, que observa Contraloría está el no cobro de multas por incumplimiento en el plazo de ejecución de las obras e irregularidades con los laboratoristas viales, los cuales cambió en tres ocasiones. Por contrato, cada empresa que licita debe contar con un laboratorio de control, de modo de ir verificando la calidad de los materiales y cumplimiento de los mismos.

No obstante lo anterior, y según consta en el informe de Contraloría, el laboratorio de control que montó Constructiva Ltda. nunca funcionó, porque no logró superar las observaciones técnicas que exige Vialidad, por lo tanto, la funcionaria transgredió las instrucciones del servicio en esta materia.

Y no sólo eso, no informó que la empresa nunca tuvo un laboratorista vial que hiciera algún trabajo, llegando a contratar a uno sólo para que estuviera presente en la fiscalización. Es más, de los tres que tuvo, uno de ellos nunca trabajó para la empresa y, sin embargo, a través de la falsificación de su firma y el contrato respectivo, se presentó como personal de la obra en ejecución.

QUE SE HAGA JUSTICIA

Consultado el presidente de la DC regional, Gerardo Pérez, por la situación de la funcionaria Hernández, quien está inscrita en el padrón de militantes de la DC, precisó que lo que compete es que la justicia haga su trabajo.

"Como Democracia Cristina queremos que tanto este caso como todas las otras acusaciones en torno a Vialidad sean investigadas a fondo, ya que la persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario", comentó el dirigente junto con emplazar a Vialidad para que "aplique toda la rigurosidad posible en sacar adelante los distintos sumarios que se están llevando a cabo y aquí quien no ha dado la talla es el director nacional de Vialidad".

Pérez advirtió que esta primera formalización "es sólo el comienzo" y que como partido piden rigurosidad.

Preocupado está con la situación el presidente de Anfavial, Álvaro González, quien confirma que la imputada llegó hace 20 años al MOP a trabajar como cajera en el peaje y que una vez dentro de la institución hizo carrera funcionaria y sacó su título de constructor civil.

"Como dirigentes estamos asustados con todo esto, porque quizás qué puede salir aquí y tengamos el ambiente al interior del servicio peor de como está. Al margen, lo que esperamos es que la justicia haga su trabajo y queremos que todo se aclare y podamos limpiar Vialidad", manifestó.

El diputado Fernando Meza (PRSD) fue uno de los políticos que presentó denuncias en Contraloría. Él mismo en 2012 acusó que había irregularidades cometidas por los inspectores fiscales. Al enterarse de la formalización después de cuatro años de que hiciera la denuncia, manifestó su conformidad y agradecimiento con Fiscalía. "Esto a uno le devuelve el alma al cuerpo y qué bueno que el fiscal Torres haya investigado, si lo que hay que hacer es limpiar el país de tanto sinvergüenza que hay".

"Existen otras denuncias (de funcionarios de Vialidad) que está llevando la Unidad de Delitos Económicos".

Luis Torres,, fiscal