"Se trata de una propuesta inmadura, mal diseñada y contradictoria"
Actor privilegiado de la construcción del modelo educacional por parte de la Concertación, el ex ministro secretario general de Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-1998), ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación de Programas de Pregrado y vicepresidente del Consejo Superior de Educación, José Joaquín Brunner, critica con fuerza el proyecto de ley de reforma a la educación superior.
El militante del PPD, académico de la UDP e investigador en educación rechaza que se deje su futuro financiamiento en una "nebulosa proyección de crecimiento".
"El proyecto confunde estatal con público, lo cual es decimonónico y conduce a un callejón sin salida en un régimen mixto", afirmó sobre las perspectivas que tendrá la discusión en el Parlamento de la propuesta gubernamental.
- ¿Cuáles son sus consideraciones respecto de los lineamientos del proyecto de reforma a la educación superior?
- Primero, el proyecto carece de un diagnóstico adecuado del actual estado de desarrollo de nuestro sistema de educación superior ni identifica bien los desafíos; segundo, no ofrece una visión estratégica de hacia dónde se va a orientar ese desarrollo en el mediano y largo plazo; tercero, le falta una filosofía u orientación conceptual que responda a la naturaleza mixta de nuestro sistema y, por ende, no tiene una noción adecuada de educación superior pública; cuarto, revela una gran desconfianza en las instituciones de educación. Por eso crea un esquema casi panóptico de controles que terminaría ahogando a las universidades, al restringirles su autonomía y buscar regimentarlas y uniformarlas, y quinto, no tiene una concepción seria, viable y consistente para el financiamiento del sistema a mediano plazo, dejando todo entregado a una nebulosa proyección de crecimiento de los ingresos tributarios del Estado.
- ¿Qué valor técnico le asigna a un proyecto que tuvo dos años de trabajo pre legislativo?
- Me parece que la confusión y proliferación de críticas respecto de los aspectos técnicos del proyecto revelan con claridad que se trata de una propuesta inmadura, mal diseñada y contradictoria en muchos puntos, irrealizable en otra. Es lamentable que el Parlamento reciba -tras un extenso periodo de dos años y de tantas discusiones previas- un proyecto que denota tal falta de rigor, levedad conceptual, impericia legislativa y tan escasa previsión.
Las debilidades
- ¿Dónde, a su juicio, estarían sus principales debilidades?
- En la inexistencia de una idea renovada de lo público en la educación superior. El proyecto confunde estatal con público, lo cual es decimonónico y conduce a un callejón sin salida en un régimen mixto con amplia provisión privada y un esquema de costos compartidos. La otra debilidad del proyecto es la concepción panóptica de control gubernamental. Todo nace de arriba hacia abajo, todo debe ser sometido a estándares, regulaciones, criterios, reglas, dictámenes e intervenciones administrativas.
- ¿Qué opina del esfuerzo por crear un sistema independiente de admisión, sacando este instrumento del ámbito de intereses corporativos en el que -se le acusa- ha estado?
- Las fallas que pueda presentar la actual organización del sistema único de admisión no se superan al sustraerlo de la esfera de las propias instituciones para traspasarlo al Ministerio de Educación. Al contrario, con ello se arriesga agravar los problemas y restringir la esfera de decisiones de las universidades y demás instituciones de estudios superiores.
- ¿Está de acuerdo en que el Gobierno defina aportes basales para universidades estatales y por desempeño a las que se podría denominar "extra estatales"?
- En general, el criterio para la asignación de recursos fiscales debe ser no discriminatorio. Debe tratarse por igual a todas las instituciones públicas, sean de gestión estatal o privada, una vez que todas estén acreditadas y se hallen sujetas a un adecuado marco de regulación y exigencias.
- Una de las críticas de los rectores de universidades privadas señala que la burocracia, fijación de aranceles y el control de matrículas conspiraría en su acción académica si quieren acceder a la gratuidad. ¿Cómo trata este proyecto a las universidades privadas?
- Tiene una concepción equivocada, sin duda, y su trato es discriminatorio en diversos aspectos y posee el potencial de desestabilizar el sistema si se insiste en el actual diseño y redacción del proyecto.
- ¿Hubo irresponsabilidad en las expectativas que se sembraron con la gratuidad?
- ¡Qué duda cabe! Desde el primer día de la actual administración era sabido que la gratuidad universal es inalcanzable dentro del actual cuadro, del desarrollo previsible del país en la actual década y venideras y, sobre todo, que era un compromiso profundamente regresivo, pues significa priorizar el gasto en el nivel superior, que es el que menor capacidad tiene de compensar las desigualdades de la cuna y de las trayectorias escolares. Hubo un voluntarismo iluso, pues al sembrar las expectativas que se echaron a volar durante la campaña y los primeros meses del Gobierno, ahora se transforman en una tormenta de frustraciones, enojos, perplejidades y confusiones.
- Existen voces desde la Nueva Mayoría que abogan por la posible extensión de la reforma tributaria. ¿Cree que hubo desprolijidad en el cálculo de los recursos?
- Totalmente. Los cálculos del Ministerio de Hacienda así lo revelan. Confirman lo que muchos ya sabían: que no es viable tener gratuidad universal en una sociedad donde la educación temprana, primaria y secundaria está tan lejos todavía de generar oportunidades de aprendizaje de igual calidad para todos.
- ¿En qué parte de este proyecto queda la calidad?
- Queda entregada a un nuevo sistema de aseguramiento que, una vez que se comience a discutir, revelará que tiene grandes fallas.
- ¿Es posible que con los déficit que traería la gratuidad, según algunas universidades, se pueda hacer más investigación, que es uno de los requisitos que la iniciativa pone a los planteles para acceder a recursos?
- Es completamente imposible. El esquema propuesto, que carga con el albatros de la gratuidad universal al cuello, de aplicarse disminuiría los recursos que hoy tiene el sistema, forzaría a las instituciones a disminuir las inversiones en calidad y equidad y crearía una injusticia adicional al financiar la educación del grupo de jóvenes más adinerados mientras nuestros jardines infantiles, colegios y liceos aun no llegan a un nivel mínimo razonable de desempeño y resultados.