Hugo Soto Cárdenas
Dos términos fueron los más utilizados por los representantes de los gremios de La Araucanía al momento de sondear reacciones por el anuncio del Gobierno de aceptar la moción de los senadores Espina y García Ruminot de indemnizar a los afectados por la violencia rural en el sur del país: respecto de la cantidad (3 mil millones de pesos), es "insuficiente"; respecto de la acción, es "solamente un primer paso".
Angélica Tepper, presidenta de la Multigremial de La Araucanía, aseveró que "consideramos que éste es el primer paso de muchos, pero creemos que el monto es insuficiente. Tenemos contabilizadas 1.700 denuncias a través de los Barómetros de Conflicto; si consideramos un millón y fracción por víctima, donde ni siquiera se suman los lucros cesantes, los daños morales, las rupturas familiares, son cifras considerables. Ahora, éste es un reconocimiento a que existen víctimas del conflicto que requieren ser indemnizadas, aquí hay personas que lo han perdido todo".
De acuerdo con lo precisado por Angélica Tepper, "tampoco tenemos clara la forma cómo se van a entregar los dineros, si será a través de proyectos productivos, de vivienda, si un grupo será beneficiado primero, otro después... el tema es que si se divide el monto entre todos los que han sufrido violencia, se hace nada, y la idea es que realmente haya una reparación y no un saludo a la bandera. El Estado se tiene que hacer cargo de lo que está pasando".
Marcelo Zirotti, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola, Sofo, indicó que "éste es un primer paso, un reconocimiento a que hay víctimas del terrorismo en el sur de Chile. Las cifras, sin embargo, dicen que es mucho más lo que hemos sufrido en daños que el monto de indemnización, porque solamente en el área agrícola hemos perdido más de 10 millones de dólares en los últimos 20 años".
FONDOS
El Ministerio del Interior es el organismo que destinará en 2017 estos 3 mil millones de pesos para indemnizar a las víctimas de violencia en las regiones del sur del país. La propuesta nació de los parlamentarios RN Alberto Espina y José García Ruminot, norma que contó con la aprobación del Ejecutivo y que señala que "mediante resolución, la Subsecretaría de Prevención del Delito podrá celebrar convenios de transferencias con la Intendencia, Gobierno Regional y Gobernaciones Provinciales en la Región de La Araucanía. Asimismo, mediante resolución, podrán incorporar provincias de las Regiones del Biobío y de Los Ríos para la aplicación de este programa".
CAMIONEROS
Un gremio que se sintió excluido de esta indemnización es el de los transportistas y camioneros. José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, sostuvo que "el anunció hoy lo realizaron Espina y García Ruminot, porque la verdad es que el Gobierno ya lo había señalado en septiembre que habrían 3 mil millones junto con una ley especial para La Araucanía, en circunstancias que hoy solamente se habla del dinero y sin que esté claro cómo se va a administrar. Ahora, se habla de proyectos productivos, por lo que considero que se está dando una señal equivocada cuando se habla de que hay 3 mil millones de pesos para indemnizar a las víctimas".
Villagrán agregó que "los camioneros nuevamente quedamos fuera, porque se habla de proyectos productivos. Llevamos 208 camiones quemados y cada vehículo valorizado en 100 mil dólares, eso da un monto de 20 millones de dólares que hemos perdido en patrimonio, sin agregar lo que significa quedar sin trabajo, los problemas psicológicos y familiares... Entonces, cuando aparecen dos senadores de la República diciendo que por fin se consiguieron 3 mil millones para indemnizar a las víctimas, yo creo que se están entregando expectativas que no se cumplirán a las víctimas".
"La idea es que realmente haya una reparación a las víctimas y no un saludo a la bandera".
Angélica Tepper,, Multigremial de La Araucanía"
"Éste es un primer paso, un reconocimiento a que hay víctimas del terrorismo en el sur de Chile".
Marcelo Zirotti,, presidente Sofo"
En Padre Las Casas protestaron contra empresa Pocuro por casas en mal estado
Un grupo de vecinos, propietarios de 34 viviendas de la villa Pulmahue 12 en Padre Las Casas, protestaron ayer contra la constructora Pocuro y la Inmobiliaria Petrohue por el estado de deterioro que alcanzaron sus casas desde que las recibieron en 2010. Según los propios vecinos, el terreno donde fue levantada la villa es de mala calidad y de tipo pantanoso, lo que deriva en problemas de humedad y crecimiento de hongos en paredes y techos, los que también muestran deterioro. A raíz de esta situación, los denunciantes presentaron una demanda civil en Santiago contra las empresas Pocuro y Petrohue.
