A través de una carta abierta a la Presidenta Michelle Bachelet, los miembros de la Asociación Nacional de Abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) cuestionaron la designación de Javiera Blanco como consejera de esa entidad. El gremio dijo ver "con preocupación, dolor e impotencia cómo se ha denostado el nombre del CDE", al cuestionar la inexperiencia de la ex ministra de Justicia como litigante de causas judiciales, uno de los fundamentos esenciales para acceder a ese cargo.

En la misiva, la asociación expresa que "en el organismo existen profesionales con experiencia aptos para tomar ese puesto".

Abogados litigantes

En la carta publicada ayer por La Tercera, los abogados del CDE agregaron que "los abogados consejeros, atendidas sus funciones dentro del servicio, deben ser destacados abogados litigantes, con un vasto conocimiento y experiencia ante los tribunales de justicia".

El grupo expresó que "estimamos que se debe privilegiar a los funcionarios del Consejo por sobre personas ajenas a la institución. Así, incluso, se da a entender en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley Orgánica del Consejo, lo que estaría en armonía con el espíritu de las normas del Estatuto Administrativo sobre la carrera funcionaria".

Avances de mandato

Los profesionales destacaron en el texto que, en su primer Gobierno, Bachelet haya tomado la opción de nombrar a abogados del mismo organismo, para el cargo en el que fue nombrada Blanco el miércoles de la semana pasada. Seguir dicho camino "contribuiría a mantener en alto el buen nombre del Consejo de Defensa del Estado, como una institución eminentemente técnica y de quienes en él nos desempeñamos", agregaron.

Cuestionan a blanco

Los abogados consejeros detallaron en la carta que esos cargos deben ser ocupados por "destacados abogados litigantes, con un vasto conocimiento y experiencia ante los tribunales de justicia. Es deber de los abogados consejeros asumir personalmente la defensa judicial de aquellas causas de mayor relevancia para el país".

La Ley Orgánica del Consejo, en su artículo 38, agregó el texto, "exige que los abogados consejeros deben tener el título de abogado y una experiencia profesional de 15 años, a lo menos".

"La experiencia profesional que exige la referida norma legal no puede ser otra que la experiencia como abogado litigante, siendo esta una competencia indispensable para ostentar el cargo de abogado consejero", añadieron.

La carrera

Blanco, quien fue vocera de la campaña de Bachelet, fue nombrada el 1 de febrero como consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), a menos de cuatro meses de dejar La Moneda. La abogada asumió el 11 de marzo de 2014 como ministra de Trabajo. Un año después llegó a la cartera de Justicia luego del primer ajuste de gabinete.

Otros cargos

Durante la primera administración de Bachelet, Blanco se desempeñó como subsecretaria de Carabineros (2006-2010) y entre 2010 y 2013 fue directora de la Fundación Paz Ciudadana. Junto a esto ha sido consejera para el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y el PNUD.

La jueza Marcia Figueroa, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, decretó que el Ministerio Público mantendrá la indagación por presunto lavado de activos en contra del ex comandante en jefe del Ejército, general (R) Juan Miguel Fuente-Alba. La jueza acogió la mitad de la solicitud de incompetencia presentada por la defensa del militar respecto de la justicia civil, que investiga el patrimonio de Fuente-Alba en el caso denominado Milicogate. La jueza accedió a dejar radicada en la justicia militar la investigación de los eventuales delitos funcionarios cometidos por el ex comandante en jefe del Ejército.

Sorpresa por petición

En su resolución la jueza Figueroa resaltó como "sorprendente" el que la defensa de Juan Miguel Fuente-Alba hable de debido proceso, "cuando este tribunal es el que más respeta aquello". Los supuestos delitos funcionarios son investigados por el ministro en visita Omar Astudillo.

Valoran la decisión

La abogada defensora, Joanna Esquia, valoró la resolución y argumentó que llevaban dos años sometidos a dos jurisdicciones, lo que implicaba una carga procesal muy pesada.

"Los supuestos delitos funcionarios que están siendo investigados, distinto al lavado de activos, han sido derivados a la justicia militar tal como nosotros pedimos. Esta petición se basa no porque nosotros estemos en la justicia militar; estamos interesados en este doble juzgamiento, llevamos dos años siendo sometidos a dos jurisdicciones con la carga procesal que eso significa", aseguró Esquia.

Por otro lado, el juzgado determinó dejar en manos del fiscal del Ministerio Público, José Morales, el presunto ilícito de lavado de activos por el que investigan al general (R) del Ejército, vinculado al origen de su patrimonio, estimado en más de $ 1.800 millones.

El fiscal, que lleva más de dos años investigando a Fuente-Alba, descartó que la separación de las investigaciones pueda afectar esa causa.

"El delito de lavado de dinero requiere delitos base que son aquellos que nosotros hemos expuesto en la audiencia. Creemos que hay antecedentes que podrían configurar de esos ilícitos y que ahora son de competencia de ministro de fuero en este caso", aseguró.