Abogados analizan impacto de la Ley Antiterrorista
OPINIÓN. Penalistas del área privada, el fiscal y defensor regional, hablan de la polémica desatada por la normativa especial.
La quema de los 17 camiones en la empresa de Logística y Transportes Cavalieri de Lautaro volvieron a poner en el tapete la invocación de la Ley Antiterrorista para este tipo de casos. Ello fue solicitado por gran parte de los medios productivos de la Región -quienes afirman que sí existe terrorismo en La Araucanía- pero dicha apreciación no ha sido acogida por el Ministerio Público que investiga los hechos como un delito común.
Aquello, según explicó en su oportunidad el fiscal vocero de la institución, Roberto Garrido, se debió a que "la Ley Antiterrorista exige que haya una afectación a la integridad física de las personas o su salud, lo que no ocurre en este caso...".
Para los abogados penalistas Gaspar Calderón y Javier Jara Müller, la Ley Antiterrorista es una herramienta legal que no priva a las instituciones a cargo de esclarecer los delitos de obtener condenas efectivas.
Jara Müller de hecho, es de la idea que "la Ley Antiterrorista no es tan débil. Lo que sucede es que el problema lo tiene la Fiscalía porque ha fallado en probar la participación de los acusados".
Del mismo modo, el abogado aseguró que "los tribunales no exigen un estándar más alto, exigen el mismo estándar para cualquier delito de crimen pero muchas pruebas son indirectas y con eso no puedes lograr que el tribunal tenga la convicción de lo que se acusa", apuntó.
En tanto, Gaspar Calderón por su parte, cree que la invocación o no de la ley, tiene un carácter político y que muchas veces depende del Gobierno de turno y de su mirada de los actos delincuenciales.
"No se puede valorar una herramienta legal por no vulnerar una ideología. De hecho, la ley se aplica o no se aplica dependiendo de conveniencias ideológicas y eso es un problema porque en circunstancias que debiera aplicarse y el Gobierno no la pide resulta absurdo tenerla", explicó.
Sobre si sirve o no dicha herramienta legal, Calderón cree que "la ley sirve a medias porque tiene componentes que son subjetivos, no son conductas que estén definidas claramente y existen dolos especiales que son muy difíciles de conseguir y eso es lo que las Fiscalías no han podido probar".
Calderón fue tajante, al igual que su colega Jara Müller, en plantear que "está bien hecha, la han restringido de forma severa, podría aplicarse porque tampoco pide cosas del otro mundo. El tema pasa porque en Chile no se ha aplicado con descriterio, al contrario, tiene más exigencias subliminales ideológicas que otra cosa".
Defensoría
Consultado el defensor regional, Renato González Caro, por la invocación de Ley Antiterrorista, éste dijo que posee elementos que son desproporcionados y por ende no cree en que "la solución pase por seguir aumentando dicha desproporción".
A lo anterior, González explicó que "las facultades para investigar hechos calificados como terroristas se encuentran reguladas tanto en el Código Procesal Penal como en la Ley Antiterrorista. Dichas facultades son amplias y provocan un aumento importante en las restricciones de los derechos de los investigados", indicó.
Consultado el defensor regional sobre los méritos para invocarla, González plateó que "la Ley Antiterrorista sólo debiera ser aplicada en casos excepcionalísimos, extender su aplicación a casos de delitos comunes aún con un grado importante de connotación pública no se ajusta al derecho en general, ni a los derechos de quienes son objeto de investigación.
El abogado responsable de la Defensoría Penal Pública en La Araucanía, al ser consultado respecto de si la invocación de la Ley Antiterrorista podría generar un clima de mayor violencia, éste respondió que "las atribuciones del Ministerio Público y de las policías para investigar y perseguir los delitos, sean o no calificados como terroristas, son suficientes. Como sociedad debemos ser capaces de conciliar razonablemente las facultades de investigación del Estado, las restricciones a las que todos/as podemos estar afectos y los derechos y garantías mínimas de todos los ciudadanos".
Fiscalía
En su última cuenta pública, el fiscal regional Cristian Paredes, hizo hincapié en la necesidad de realizar una serie de modificaciones a la actual legislación y asegurar una mejor persecución penal. Paredes planteó además que "hemos solicitado que ésta incorpore elementos objetivos a la descripción del tipo penal base de lo que se considere como terrorismo, para evitar exigencias casi imposibles de cumplir como lo es acreditar una disposición anímica, del fuero íntimo del proceso".
El persecutor regional instó en su oportunidad a los legisladores a que también se hagan modificaciones al funcionamiento del sistema de inteligencia, en especial los artículos 38 y 39 de la Ley 19.974, "ello con el fin de establecer un mecanismo de levantamiento del secreto y remisión de antecedentes a la Fiscalía, que además permita expresamente ser utilizados como medios de prueba en los respectivos procesos judiciales", dijo.
"La Ley Antiterrorista no es tan débil. Lo que sucede es que el problema lo tiene la Fiscalía porque ha fallado en probar la participación de los acusados".
Javier Jara Müller, abogado"
"Dichas facultades son amplias y provocan un aumento importante en las restricciones de los derechos de los investigados".
Renato González, defensor regional"