El Ministerio Público apeló el auto de apertura del caso Luchsinger
TRÁMITE. La Fiscalía acusa violación de garantías constitucionales en la exclusión de algunas pruebas.
A cinco días de la revisión del auto de apertura que se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Temuco, el equipo de fiscales del Ministerio Público presentó una apelación a la instancia por considerar que hubo violaciones de garantías constitucionales en la exclusión de algunas pruebas en la audiencia de preparación de juicio oral en el caso Luchsinger.
La apelación se efectuó de forma electrónica a través del sistema digital del Poder Judicial.
El Ministerio Público hizo efectivo su derecho a impugnar el auto de apertura dentro del plazo que la ley entrega para este tipo de trámites. De esta forma, se entiende que habrá un retraso para que el auto de apertura sea ejecutoriado.
Desde la Fiscalía se explicó que una vez resuelta esta instancia, el auto de apertura sube al Tribunal Oral en lo Penal para que este tribunal colegiado fije una audiencia de juicio oral, en un periodo que no sea inferior a 15 días ni mayor que 60, por lo que en el peor de los casos el inicio del juicio contra los 11 imputados por el crimen del matrimonio Luchsinger podría comenzar en el mes de julio.
PRUEBAS Y PERITOS
Será en esta audiencia de juicio oral que tres jueces deberán conocer la prueba del Ministerio Público y de las defensas que fue declarada admisible en las audiencias de preparación de juicio que concluyeron la semana pasada.
En el auto de apertura dictado por la jueza de Garantía Alejandra García Bocaz, se conoció que el juicio se llevará a cabo con la participación de 44 testigos de la Fiscalía y otros 96 ofrecidos por los defensores, los que fueron incluidos por el Tribunal durante las 11 jornadas de preparación de juicio que se llevaron a cabo en las últimas dos semanas.
La presentación de prueba pericial, en tanto, quedó con 15 peritos que serán llevados por la Fiscalía y otros 19 que fueron aportados por la defensa de los imputados.
Diez de los 11 acusados del delito de incendio con resultado de muerte con carácter de terrorista, arriesgan una pena de presidio perpetuo, la que fue solicitada por la Fiscalía en la acusación. Mientras que José Peralino arriesga 10 años de cárcel tras haber entregado su testimonio bajo la figura de delación compensada.