Isabel Farías Meyer
"Cualquier ley especial en La Araucanía debe ser objeto de consulta indígena", sostuvo el senador Jaime Quintana (PPD) al referirse a una eventual Ley Araucanía. La idea del congresista es compartida por dirigentes mapuches al ser consultados por una eventual ley que busca impulsar la inversión en la zona.
Los líderes indígenas plantean que la consulta es un derecho emanado del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pero que lamentablemente "Chile ha sido negligente" en su uso.
Amcam
Juan Carlos Reinao, presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches (Amcam), si bien comparte la consulta indígena de la Ley Araucanía que contemplaría tres ejes - fomento productivo, generación de infraestructura y formación de capital social y humano-, plantea además, que este sistema es un reflejo de la poca concordancia entre lo que firma (Convenio 169) y hace Chile.
"La normativa internacional, a la cual Chile ha adscrito establece claramente el mecanismo de consulta a los pueblos indígenas. Chile se ha esmerado en parecer frente a todo el mundo como un país a la vanguardia en el trato con sus pueblos originarios, pero en la práctica, ha sido negligente", sostuvo.
Si bien el presidente de la Multigremial, Luciano Rivas, afirmó que esta consulta "retrasaría y perjudicaría a la mayoría de los habitantes por una minoría, tomando en cuenta que este proceso está contra el tiempo", para Hugo Alcamán Riffo, presidente de la Corporación de Profesionales Mapuches (Enama), "al ser la consulta un derecho, éste no puede vislumbrarse como un factor de retraso".
Por lo mismo, el líder mapuche plantea que mientras se realiza el consultorio, el Senado "puede avanzar en aquellas materias que no requieren de la medida, como el incentivos para la atracción de inversiones, incentivos para la innovación (...)". Sobre lo mismo, Huilcamán precisa que la consulta indígena es una oportunidad para complementar y enriquecer la visión de desarrollo para Chile.
En tanto, Ana Llao, una de las voceras de la organización Ad Mapu, quien define el movimiento como serio y responsable, además de dejar claro que rechazar el silencio y las llegadas a "escondidas" de la Presidenta Michelle Bachelet, aseveró que "la consulta es un deber de las comunidades indígenas" y además, la dirigenta aclaró que como Ad Mapu no "reconoceremos nada de la futura Ley Araucanía", porque hasta la fecha no han sido consultados.
Aucán Huilcamán, werkén del Consejo de Todas las Tierras, claramente asumió que es un derecho la consulta a las comunidades, agregando que al ser un año electoral, "los parlamentarios de La Araucanía están utilizando la situación de los mapuches en favor de su reelección. Nos preocupa qué componente -que se orienta al sector privado- aumentará las controversias en la actualidad", dijo el líder ayer al mediodía en el frontis de la intendencia a minutos de enviarle una carta a la Presidenta Michelle Bachelet a través de la oficina de partes, que estipula que la Ley Araucanía resuelva los crímenes de lesa humanidad.
Marcelo Zirotti, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola (Sofo) de Temuco, se sumó al debate y al igual que su par en el rubro productivo, puntualizó que la ley debe ser inclusiva y "no debe ser cuestionada ni detenida por grupos minoritarios que simplemente quieren beneficios personales".
"La consulta es un deber de las comunidades indígenas (...) No reconoceremos nada de la futura ley".
Ana Llao,, vocera Ad Mapu"
"Los parlamentarios de La Araucanía están utilizando la situación de los mapuches en favor de su reelección".
Aucán Huilcamán,, werken"
