Camilo Garrido

Los ocho imputados del caso Luchsinger-Mackay que se encuentran en prisión preventiva del total de once comuneros mapuches que están siendo investigados por la muerte del matrimonio en Vilcún, iniciaron ayer una huelga de hambre seca, luego de conocer que los querellantes en este proceso presentaron una solicitud al Tribunal Constitucional (TC).

El recurso presentado el miércoles 24 de este mes consiste en un requerimiento de aplicabilidad, luego que la familia del matrimonio fallecido considerara transgredidos sus derechos como parte querellante luego que la jueza de Garantía en Temuco, Alejandra García, rechazara las pruebas que ellos presentaron en la preparación del juicio oral, consistentes en el relato de testigos y un peritaje criminalístico que sostenía un relato inculpatorio en contra de José Manuel Peralino, uno de los 11 imputados.

"Queremos que sea la Corte la que nos permita revocar en alguna parte esa resolución y no nos excluya la prueba que nosotros ofrecimos y que nos fue excluida por la jueza de Garantía (...) Sucede que el auto de apertura sólo puede ser apelado por el Ministerio Público y nadie más, entonces nosotros estamos apelando a que esa norma, en este caso concreto, es inconstitucional", indicó Carlos Tenorio, el abogado que representa a la familia Luchsinger-Mackay.

En respuesta a esto, los ocho imputados redactaron una carta con destino al Tribunal Constitucional, a través de la cual informan de su huelga. El abogado defensor de los hermanos Juan y Luis Tralcal Quidel, Sebastián Saavedra, dijo que "ante la interposición de este requerimiento, existe la posibilidad cierta de que este (juicio) se vea demorado en bastante tiempo. Los tiempos del Tribunal Constitucional son bastante laxos, pueden ser seis meses hasta un año fácilmente" e incluso con el temor de que mientras se extienda la revisión en el TC los imputados no puedan modificar sus medidas cautelares.

En respuesta a la crítica, el abogado Carlos Tenorio contestó que "queremos también que el juicio se desarrolle pronto, por lo tanto no queremos en ningún caso alterar el curso normal del proceso, por ahora".

Respecto a la huelga de los comuneros, la secretaria ejecutiva de la Asociación Gremial Agricultores de Victoria, Gloria Naveillán, calificó la situación como una táctica para dilatar el proceso y victimizar a los imputados. "A la luz de la gravedad del crimen, de las declaraciones patéticas, por decirlo menos, de los dos candidatos (presidenciales), creo que esta es una situación súper grave para nuestra Región, para nuestra legislación, para el país finalmente", indicó.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Cautín, Ricardo Chancerel, indicó que las autoridades de Salud y Justicia estarán monitoreando la salud y la condición de los imputados mientras continúen protestando de esta manera. "De alguna manera las autoridades de Justicia ya conocen los protocolos para poder abordarlo. Lo importante acá, como siempre, es dejar que las instituciones funcionen y velar por que la seguridad, la salud de estos comuneros, no se vea expuesta, y por cierto esperar con tranquilidad, con calma", consignó la autoridad.

"Cuando señalan que con esto se va a suspender el juicio, es falso, porque nosotros no hemos solicitado la suspensión".

Carlos Tenorio,, abogado querellante"

"Existe la posibilidad cierta de que este (juicio) se vea demorado en bastante tiempo".

Sebastián Saavedra,, abogado defensor"

Luego que el candidato presidencial del PR, PPD, PS y PC, Alejandro Guillier, dijera que "el terrorismo lo infunden agentes del Estado" y que el conflicto que se vive en La Araucanía es "violencia, no terrorismo", cayó sobre él una ola de críticas a las que se sumaron los exintendentes de La Araucanía, Andrés Molina (Evópoli) y Andrés Jouannet (DC).

Jouannet y molina

Para Jouannet, el error radica en la conceptualización. "Él cometió un error al confundir terrorismo y actos de tipo terrorista que son cosas que están en el mismo campo, pero que no son lo mismo", planteó el exintendente DC.

En todo caso, a juicio de Jouannet, dicho error sigue siendo menos grave que las declaraciones de Piñera desde el punto de vista del contexto.

"Me parece patudo de su parte que venga a dar lecciones cuando en su gobierno se murieron 11 personas vinculadas a los hechos de violencia, los siete brigadistas, el matrimonio Luchsinger Mackay, el comunero Melinao y el sargento Albornoz. Una cosa es equivocarse y la otra es pasarse de listo", dijo.

Para Andrés Molina (Evópoli), en tanto, "el señor Guiller tiene que leerse la Constitución chilena, porque es el poder judicial quien ha declarado actos terroristas, como es el caso Seco Fourcade en La Araucanía, por lo tanto, que él diga que el terrorismo es sólo del Estado está totalmente equivocado ", apuntó, junto con deslizar que sus palabras denotan falta de conocimiento en terreno.

Huenchumilla

Consultado el exintendente Francisco Huenchumilla (DC) dijo que no comparte las declaraciones, porque desde el punto de vista de las Ciencias Sociales, jurídicas y político, ambas aseveraciones están en un error.

Cuando él dice que "el terrorismo lo cometen sólo agentes del Estado, según las Ciencias Sociales no es así, porque el terrorismo puede ser cometido por agentes del Estado, civiles o de la sociedad. Ahora, desde el punto de vista jurídico, el sujeto activo en la legislación chilena puede ser cualquiera".

Añadió que cuando Guiller dice que hay violencia y no terrorismo "es una discusión falsa, porque la calificación de terrorismo le corresponde a los tribunales y cuando alguien dice que hay terrorismo es una opinión política comprensible, pero no desde un actor del Estado, como es un candidato presidencial, quien debe comprender que esto es violencia política y cuya calificación específica le corresponde a los tribunales".