La Presidenta Michelle Bachelet designó ayer al vicealmirante Julio Leiva como el nuevo comandante en jefe de la Armada de Chile, cargo que asumirá a contar del próximo 18 de junio, en reemplazo del almirante Enrique Larrañaga Martin, que es su cuñado.

A través de un comunicado, el Gobierno confirmó que "en el uso de la facultad que le otorga el artículo 104 de la Constitución Política de la República, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, designó al nuevo comandante en jefe de la Armada de Chile, el vicealmirante Julio Leiva Molina".

Labor en megaincendio

Quien en 2014 fuera nombrado jefe de la Defensa Nacional para el control del mega incendio de Valparaíso, asumirá el cargo por un período constitucional de cuatro años, en los que estará al mando de la institución.

De ahí que el nombramiento de Leiva Molina sea visto como un reconocimiento por la labor que cumplió en esa emergencia que afectó a la ciudad portuaria, que es considerado como uno de los incendios urbanos más grandes de la historia de Chile.

Sus acciones en esa emergencia le valieron la distinción de "Ciudadano Ilustre", entregada por el municipio de Valparaíso en abril de 2015.

Trayectoria

En su hoja de vida también figura su desempeño como oficial logístico de la Fuerza Chilena en las Operaciones de Mantenimiento de Paz en Haití, donde el país austral participa hace 13 años.

En su comunicado, el Gobierno recordó que el vicealmirante se graduó en la Escuela Naval Arturo Prat en enero de 1980 y que cinco años más tarde, se tituló como especialista en Ingeniería Naval Electrónica.

En 1996 recibió el título de Oficial de Estado Mayor, y en diciembre de 2012, asumió como comandante en jefe de la Primera Zona Naval, comandante general de la Guarnición Naval de Valparaíso y juez naval de la Primera Zona Naval.

En enero de 2015 se le confirió el ascenso al grado de vicealmirante, y posteriormente fue nombrado director general del Personal de la Armada.

Por su parte, el saliente almirante Larrañaga fue designado comandante en jefe de la Armada por el expresidente Sebastián Piñera el 18 de junio de 2013.

Casi al final de su período, en diciembre de 2016, Larrañaga debió enfrentar un complejo episodio, y prestar testimonio ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados por el caso de espionaje en la Fragata FF-07 Almirante Lynch.

El último atentado en La Araucanía dejó un conductor herido, tres camiones quemados y otros dos impactados por balas. Para algunos, simple estadística, para otros, una muestra más de la falta de Estado de Derecho que impera en la zona centro sur de Chile.

A diario somos testigos del actuar de grupos armados en Biobío, La Araucanía, Los Ríos e incluso Los Lagos. Sólo en 2017 se registra un trabajador muerto, siete carabineros heridos, 40 camiones quemados y más de 60 actos de violencia, entre ataques armados, incendios y tomas.

Tras 20 años de lo mismo, es una pena que el debate siga centrándose en si existe o no terrorismo, en el nivel de violencia utilizada por grupos armados e incluso sobre si la violencia ejercida es justificada o no.

Preocupa profundamente que, a pesar de los registros, víctimas, testigos protegidos y evidencia en manos de la justicia, ésta no haya sido capaz de identificar, detener y desarticular a estos grupos organizados que operan en el sur.

Diariamente, unos pocos violentistas con fines ideológicos manchan a todo un pueblo y hablan en su nombre, instalando el falso concepto de "conflicto mapuche", cuando el 77% de esta etnia rechaza el uso de la violencia en nombre de su pueblo, según el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Universidad Católica.

Por su lado, el gobierno usa eufemismos para referirse al tema, tildando de delitos comunes, rurales o robo de madera, hechos reiterados que en cualquier parte del mundo serían considerados alarmantes y terroristas por atentar contra el Estado de Derecho.

A su vez, los precandidatos Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez en poco contribuyen, intentando bajar el perfil al problema y negar públicamente esta cruda realidad. El primero, con la teoría de que sólo agentes del Estado cometen terrorismo, y la segunda negando que el asesinato a la familia Luchsinger Mackay califique como acto terrorista.

Volver a discutir si hay o no terrorismo en la zona es dar un paso atrás y no resuelve nada. Relativizar la gravedad de lo que ahí se vive sólo promoverá la impunidad, mayor temor de los afectados y aumentará el número de víctimas, alejándonos de la anhelada paz.

La situación en el sur es triste, muy triste, y eso merece menos ideología y mayor respeto de parte de todos los chilenos.

Juan Pablo Swett

Carolina Collins

Tal como lo anunció en la cuenta pública el jueves, la Presidenta Michelle Bachelet firmó ayer el proyecto de ley especial que busca fortalecer las universidades estatales.

La iniciativa, que fue trabajada en conjunto con los rectores de esos planteles, establece un marco jurídico e institucional con el fin de aumentar los estándares de calidad y gestión de las instituciones.

Rol público

Durante la ceremonia en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Mandataria explicó el porqué esas universidades necesitan de un trato diferenciado, afirmando que son "la mayor garantía que tenemos como país de que se preserva un espacio a todos" y "las llamadas a asegurar no sólo la libertad de cátedra y de investigación, sino también dar cabida a la diversidad, a la transparencia y a la participación".

"Son las universidades del Estado las que deben reflejar lo que como sociedad definimos como excelencia, como estándar para guiar al conjunto del sistema, como referente de calidad y de buen trato", destacó en el acto en el que también participaron los ministros de Educación, Adriana Delpiano; Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández; Hacienda, Rodrigo Valdés; de Segpres, Nicolás Eyzaguirre; Segegob, Paula Narváez; y Economía, Luis Felipe Céspedes.

El proyecto explicita el rol del Estado en el fomento de la excelencia de las universidades públicas, en el marco de un régimen de provisión mixta.

"Son las universidades estatales las que deben resguardar la pertinencia de las formaciones, tanto respecto de las necesidades de nuestros territorios, como de la visión de largo plazo de lo que demanda el desarrollo nacional. Y esto último es un claro ejemplo de una misión que, por definición, los oferentes en un mercado no tienen el deber de cumplir", pronunció Bachelet.

Puntos de la iniciativa

Originalmente el proyecto estaba contemplado como parte del que reforma la educación superior, que se discute actualmente en el Congreso, pero el Gobierno finalmente decidió separarlo de éste y enviarlo como una iniciativa aparte, con el objetivo de agilizar su tramitación.

El proyecto contempla la creación de un Consejo Superior, encargado de las definiciones estratégicas. Asimismo, que exista un Consejo Universitario, que represente a los distintos estamentos de la institución.

Además establece un órgano contralor universitario que se encargará de ejercer el control de legalidad de los actos administrativos de las autoridades de la universidad, de auditar los recursos de la institución y, en general, de desempeñar las demás funciones de control interno que le encomiende el Consejo Superior.

Opinión de los rectores

El presidente de las universidades estatales y rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, calificó como "un momento de gran alegría" la firma. "Esta acción representa un primer paso hacia una nueva actitud del Estado al volver a asumir su responsabilidad y compromiso con la educación superior. Celebramos este momento trascendente en que el Parlamento y la sociedad chilena vuelven a asumir como responsabilidad de todos las políticas del país en educación superior", dijo.

El rector de la U. de Antofagasta, Luis Loyola, valoró que el proyecto contemple un "fondo basal" permanente para esos planteles y un fondo especial para fortalecerlos en un plazo de 10 años.