La Comisión de Agua del Consejo Regional de La Araucanía, concluyó que una planta de desalinización, por su alto costo, no resuelve lo que viven los habitantes de Huedaquintúe, Llihuin e Igüin, en Carahue, que después de una inversión FNDR de $800 millones, no pueden contar con agua, debido a la alta salinidad en la fuente de captación.

Los cores viajaron a isla "Las Huinchas", en Aysén, para evaluar el funcionamiento de una planta de tratamiento por osmosis inversa inaugurada el 2014 con recursos de la Subdere y MOP, para abastecer a Puerto Aguirre.

Hilario Huirilef (PPD), presidente de la Comisión, dijo que Huedaquintue "es una experiencia amarga, porque pese a que la infraestructura ya está construida y entregada, la comunidad sigue estando sin agua, lo que desde ahora, asegura que se va a repetir en todos los proyectos de este tipo".

Sobre a la propuesta del MOP, de instalar la planta desalinizadora, los consejeros Hilario Huirilef, Jacqueline Romero (RN), Alejandro Mondaca y Julio Suazo del PPD, señalaron que esta recomendación técnica "es "irresponsable porque se desentienden del funcionamiento y del financiamiento, traspasando el tema a la Subdere, que va a construir e irse, dejando a los usuarios a cargo de los elevadísimos costos de mantención de esta tecnología".

Los consejeros dijeron que esperan hacer una propuesta a las autoridades, en conjunto con los alcaldes de la costa, que incluya la posibilidad de financiar con recursos públicos una carretera del agua, que transporte el vital elemento desde zona más altas y alejadas, y que permita que los usuarios dispongan de agua dulce a un costo razonable.

Su preocupación por la situación de riesgo que viven varias empresas de la provincia de Malleco, las que de no mediar apoyos estatales podrían iniciar despidos masivos de sus trabajadores, manifestó el diputado Jorge Rathgeb Schifferli. En su trabajo en terreno; y después de contactos con trabajadores, el alcalde Enrique Neira de Angol y concejales Ariel Guzmán de Victoria y Sergio Paredes de Angol; el parlamentario por la Región expresó que en comunas como Victoria, al igual que lo que pasa en Angol, hay empresas del rubro maderero que han debido tomar la decisión de entregar vacaciones a sus trabajadores en la urgencia de establecer un ordenamiento que les permita seguir funcionando y no propiciar despidos masivos.

Ramón Tolosa Calderón

Una reunión para analizar el esbozo de la Ley Araucanía que entregó el Ejecutivo, realizaron la bancada de parlamentarios regionales y el subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, donde la mayoría de los congresistas afirmó que la normativa no requiere una consulta indígena.

Lo anterior después que el pasado 31 de mayo, el Pacto Mapuche por la Libre Determinación, presentó un recurso de protección contra a Ley Araucanía y los parlamentarios, ya que se vulnera el convenio 169 de la OIT, sobre la participación indígena en circunstancias que les afectan, argumentaron en la demanda.

Ley general

El tema de la consulta fue discutido en la cita de los legisladores en el Palacio de La Moneda, así los consigna el senador José García Ruminot (RN).

"La opinión mayoritaria, del Ejecutivo y parlamentarios, es que no se requiere consulta indígena, no se trata de burlar los compromisos internacionales de Chile a través del convenio 169 OIT, sino que, objetivamente, no se requiere ya que es una ley de carácter general para beneficiar a una región completa, no es una ley especial para los pueblos originarios".

En esta línea, el diputado Joaquín Tuma (PPD) argumentó que "todavía no hay proyecto, cuando eso ocurra, el Gobierno evaluará si se requiere una consulta. Todavía no se ha ingresado nada al Congreso, como presentar un recurso de protección sobre algo inexistente".

Por ello se tomó la decisión de no incluir algunos puntos, por esta posibilidad. "Se dejó fuera de esta ley los aspectos que requerirían consulta, los que irán por un carril separado. Esta es una normativa que busca el desarrollo de toda la Región y no hay afectación directa al Pueblo Mapuche, ya que es una ley general", explicó el diputado Fuad Chahin (DC).

Sobre este punto el diputado Germán Becker (RN), puntualizó que tienen que ver con algunas conclusiones a que se llegaron en la comisión.

"Otras materias que sería igual de importante incluir, como el reconocimiento constitucional y otros cambios que fueron propuestos por la Comisión Investigadora de la Violencia en La Araucanía, lamentablemente no estarán en la ley por ser materia de consulta" .

Esbozo

En la reunión se entregó un documento con un esbozo del proyecto que tenía un listado de títulos, entre ellos incentivos económicos especiales al sector privado, acceso preferente a programas y subsidios existentes, modificación y adaptación de legislación vigente, Fondo de Cobertura de Corfo, Fondo Regional de Desarrollo de Cooperativas Campesinas, además del Instituto Regional de Fomento de Cooperativa.

En este sentido se reconoce que se deben abordar dos líneas de acción, una con la Región y otras para los pueblos originarios.

"Aquí hay un trabajo colectivo que está dando resultados, con una ley para el desarrollo integral con medidas específicas para La Araucanía, que es complementaria con las iniciativas legales de reconocimiento de los derechos indígenas".

Se establecieron dos plazos, 30 días para un borrador en limpio y 60 para enviarlo al Congreso.

"Estamos trabajando contra el tiempo, y esperamos avanzar rápidamente en el borrador. Los plazos, a nuestro entender, están vencidos, por lo tanto, todo lo que se logre de aquí en adelante, bienvenido sea", manifestó el diputado René Manuel García (RN).

"La opinión mayoritaria, del Ejecutivo y parlamentarios, es que no se requiere consulta indígena".

José García Ruminot,, senador RN"

días de plazo se fijo en la reunión para enviar el proyecto de Ley Araucanía al Congreso para su aprobación. 60