La creación de jueces y fiscales especiales para indagar la violencia en La Araucanía y la creación de un estatuto de protección a víctimas y testigos fueron las dos medidas propuestas por Alberto Espina, senador por la Región, y que se deben implementar en el corto plazo.

El planteamiento se presentó en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Alta, que en su sesión pasada del miércoles se reunió con autoridades de Gobierno, del Ministerio Público, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones para analizar las medidas necesarias que se deben implementar.

"La necesidad planteada por el fiscal Guzmán -según su experiencia- que debiera crearse jueces y fiscales especiales para investigar los delitos de terrorismo. Es una medida que han adoptado otros países y que es fundamental implementar", puntualizó Espina, y agregó que se encuentran trabajando en una hoja de ruta "que nos permita cambiar el destino que parece irreversible de La Araucanía y de las regiones del sur respecto de los hechos de violencia que gran parte de los cuales corresponden actos de terrorismo".

Además, el parlamentario y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana añadió que se encuentra pendiente la implementación de un estatuto de protección a víctimas y testigos. "El grave problema que existe en nuestro país para meter preso a los delincuentes que cometen actos terroristas (...) es que la gente no va a declarar porque tiene miedo. Y hasta ahora no hay un estatuto, por eso las causas se archivan por falta de posibilidades de contar con pruebas de testigos", concluyó.

El seremi de Gobierno de La Araucanía, Mario González, confirmó la presentación de una querella por el delito de homicidio frustrado en contra de los responsables del ataque sufrido por un equipo de prensa de TVN Red Araucanía en el sector de Temucuicui, comuna de Ercilla. La autoridad ratificó que, por instrucciones del Ministerio del Interior, se hizo parte con una querella "debido a la gravedad de los hechos".

El seremi agregó que la Fiscalía del Ministerio Público, junto a las policías se encuentran en plena labor investigativa.

Camilo Garrido

Molestas e indignadas se encuentran dos personas que presentaron una denuncia en Fiscalía, la que inició una investigación desformalizada por estafa y amenazas en contra de Pablo Vera Pizarro, quien desde 2015 se hizo conocido como el presidente de la Asociación de Empresarios Argentinos en Chile (Asemach), entidad que ese mismo año empezó a funcionar y que se jactaba de representar a dos mil empresarios del país trasandino en nuestro territorio.

La denuncia interpuesta habla de deudas millonarias que superan los $25 millones por concepto de préstamos impagos y utilización de inmuebles sin cancelar arriendos, todo bajo promesas condicionadas por el funcionamiento de los proyectos lucrativos que contaba a sus conocidos.

Algunas situaciones

Claudia Zapata Ramírez, ingeniera agrónoma oriunda de Traiguén y exintegrante de Asemach, es la principal demandante en el caso, quien asegura que Vera le robó un proyecto: la Red Andina de Producción y Comercialización ("Rapco"), que ella creó y quiso impulsar con la ayuda del denunciado, pero que finalmente Vera se la apropió, quedándose con el nombre e inscribiéndolo, dejándola afuera finalmente del proyecto.

Incluso, asegura que ella le pasó $2 millones y medio en efectivo para trabajar el proyecto de Rapco pero en Osorno, una situación que no funcionó y un dinero que no fue devuelto según Zapata, aunque reconoce que lo hizo sin ningún documento de por medio que avale la transacción.

"Lo que ellos han buscado siempre es la imagen, porque ellos venden algo que no son. De partida, él no es profesional. Ninguno de los dos (ni Vera ni Fabres) tienen estudios universitarios", aseguró.

En medio de las actividades de Asemach, la entidad ocupó un terreno de calle Antonio Varas 1181, donde el 26 de mayo de 2016, por ejemplo, realizaron una feria artesanal y cultural. Actualmente, la propiedad se encuentra desocupada y en arriendo, pero la denunciante asegura que no se ha pagado nada por la ocupación del lugar por seis meses, lo que equivale a una suma de $25 millones de deuda.

Algunos proyectos difundidos de forma masiva durante 2016 fueron la creación de centros de acopio y puertos secos en Traiguén y Lautaro, tras incluso las firmas de acuerdos con autoridades regionales, pero donde no se llegó a comprometer dinero público. De hecho, desde un inicio se habló de inversión privada. Sin embargo, aseguran que ninguno de los proyectos ha tenido avance alguno.

"Nos indicó que a futuro requeriría de algún tipo de convenio que permitiese generar mayor información para contar con abastecimiento (...) pero tal como se comenta, pareciera que esto quedó inconcluso", indicó Ricardo Chancerel, gobernador de la provincia de Cautín y exdirector regional de ProChile.

El Austral se contactó con el dueño de la propiedad de calle Varas, quien no quiso entregar su identidad, pero que consignó sentirse decepcionado por confiar en estas personas y acceder a su entrega, lo que derivó en pérdidas monetarias.

Tras intentos infructuosos de hablar con Pablo Vera, el diario El Austral pudo conversar con su pareja, Fabiola Fabres, quien aseguró que el representante de Asemach no hablará con la prensa respecto a esta situación, pero que no existe tal deuda con Claudia Zapata.

"Donde (Claudia Zapata) dice que tuvo autoría (del proyecto Rapco), nosotros dejamos todo de lado y empezamos nuevas negociaciones para que ella pueda hacer el puerto seco que dice que es de ella", aseguró.

Respecto al arriendo de la vivienda, aseguró que sí se pagó por ello, "pero a los dueños reales". Al consultarle por la identidad de esos dueños que mencionó, Fabres se negó a entregar esa información.

Finalmente, Fabiola Fabres recalcó que no han dejado la Región de La Araucanía, y que efectivamente dejaron de funcionar en calle Varas, pero que se cambiaron a una oficina más pequeña, aunque luego reparó que hoy no tienen un lugar físico de atención, sino que están disponibles a través de internet y línea telefónica.

La página www.asemach.com (que solía funcionar en un servidor gratuito) mientras que el sitio www.rapcointernacional.com se encuentra "en construcción".

"Indicó que requeriría de algún tipo de convenio (...) pero tal como se comenta, pareciera que esto quedó inconcluso".

Ricardo Chancerel,, gobernador de Cautín"