Volver a trabajar exigieron los colectiveros afectados por el retiro de 165 cartolas de recorrido en el marco de una investigación por cupos falsos o ilegales registrados en la Seremi de Transportes de La Araucanía, ante lo cual la seremi Doris Tello rechazó la entrega de permisos provisorios para suplir la falta de trabajo.
"Estamos haciendo los procesos administrativos para efectos de normalizar el registro y la incorporación o no de estos registros, entendiendo que hay personas afectadas y terceros de buena fe, y ese procedimiento administrativo implica necesariamente que uno revise causa por causa y uno por uno, y eso va a tomar un tiempo determinado, por lo tanto yo en este minuto no puedo otorgarles permisos de carácter provisorio", indicó la secretaria regional ministerial de Transportes.
Tello aludió a que la situación no es antojadiza, ya que está supeditada a un caso que fue derivado al Ministerio Público, el cual llevó el tema a tribunales.
"Aquí hay una cosa bien clara: se está investigando un delito y esa es la base de todas las medidas que se han tomado en este sentido. Medidas que nosotros comenzamos con la denuncia hacia la Fiscalía", recalcó la autoridad, explicando que la investigación busca descubrir a los responsables "de hacer un mal uso de la fe pública y pretender lucrar con ella".
De todas formas, la seremi Tello aseguró que la Seremi de Transportes no está en posesión de las cartolas de recorrido, documento esencial para que cada colectivo pueda circular en su labor de locomoción colectiva.
"Las cartolas no fueron retiradas por la Seremi de Transportes. Eso la gente tiene que tenerlo claro. Las cartolas fueron retiradas en su minuto por el fiscal del Ministerio Público (Ricardo Gutiérrez), por tanto, él deberá determinar cuándo, a quiénes y por qué las retorna", consignó.
Reclamos
Los colectiveros afectados, en tanto, expresaron su desconfianza ante las palabras de Doris Tello. Marisol Carvajal, la vocera de los colectiveros estafados, respondió ofuscada a la respuesta de la autoridad.
"Obviamente por capricho de la seremi, dijo que no iban a entregar los permisos. Ella parece que estuviera viviendo en Marte (...) todos sabemos esta historia, efectivamente ella no me quitó las cartolas, pero como nunca estuvo esta enfermedad, no tienen el remedio", consignó la colectivera a quien también les han retirado cartolas de recorrido.
Carvajal, quien junto con los otros colectiveros con cartolas ilegales insiste en sus inocencias, exigió que el Estado -el Ministerio Público y el Ministerio de Transportes- les repare por lo que considera un problema que crearon los propios funcionarios públicos. "Al principio se pensó que nosotros los colectiveros habíamos hecho unas fotocopias y nos habíamos puesto unas cartolas, pero hay una persona que está detenida actualmente y formalizada, porque se descubrió que nosotros no fuimos los estafadores, fueron ellos", indicó, aludiendo a la ex encargada de Registros en la Seremi de Transportes, Alejandra Rodríguez, quien está en prisión preventiva.
El presidente de la línea 25 de colectivos, Francisco Navarrete, quien fue uno de los que denunció la situación, dijo que los colectiveros deben ser pacientes a lo que se determine en el juicio, ya que asegura que no todos podrían tener la devolución. "Es la Justicia la que tiene que determinar eso. Si es verdad de que hay muchos que fueron engañados, hay muchos que sabían del negocio también. Ese es el problema", indicó el dirigente gremial.
Los colectiveros agendaron para hoy, a partir de las 10 de la mañana, una marcha que se dirigirá a la sede de la Seremi de Transportes en calle Cruz de Temuco, a donde harán llegar su molestia y exigirán una oportunidad para trabajar.
"Nos dicen que están viendo caso a caso, pero se están tomando todo el tiempo del mundo. Van a pasar seis meses, y ese tiempo por persona que tiene uno o dos autos significa un millón 200 mil pesos mensuales más los gastos de un hogar en la Región más pobre del país", dijo Carvajal.
Investigación
El 5 de junio de este año, María Alejandra Rodríguez Hernández se entregó a la Policía de Investigaciones, luego que la Fiscalía anunciara que la ex jefa de Registros de la Seremi de Transportes fuera declarada en calidad de prófuga. Ese mismo día, fue formalizada por los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público y lavado de activos. El tribunal de Garantía en esa instancia decretó tres meses de investigación y prisión preventiva para Rodríguez.