Paz Serra Freire, exseremi de Vivienda y Urbanismo

Chile requiere grandes obras de infraestructura urbana, ese es el verdadero déficit del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Ningún proyecto urbano de envergadura podrá ser gestionado en 4 años, que es el período de duración de un gobierno, es decir, los proyectos que se necesitan, obligan a traspasar las barreras de la temporalidad política.

Como directivos del Ministerio de Vivienda durante el periodo de gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) nos correspondió recibir obras a medio hacer, de distinta naturaleza y distinta calidad. Heredamos buenos y malos ejemplos, hubo que realizar correcciones y en otras simplemente terminar.

El puente Kay Kay y Treng Treng fue adjudicado en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, habiendo sido visado por la Contraloría Nacional de Chile (no por la regional), es decir, todos los protocolos de seguridad y legitimidad jurídica fueron autorizados impecablemente, por cuanto no debe existir ningún cuestionamiento normativo, de experiencia empresarial, solvencia, competencias técnicas, etc. , como algunos han intentado sembrar la duda. Los respaldos son de conocimiento público.

La ministra de Vivienda de este gobierno declaró que este puente era la obra más emblemática del ministerio a nivel nacional, siendo el primer puente vehicular atirantado de Chile. No obstante, las autoridades regionales estimaron que políticamente el proyecto se vinculaba al gobierno anterior, razón por la cual fue abandonado a un mero seguimiento técnico en circunstancias que para sacar adelante una obra de esta magnitud obliga a que las voluntades políticas estén en todo momento alineadas para que la toma de decisiones sea oportuna y efectiva, y sobre todo al servicio de la solución de los problemas que obviamente habrán de venir, pues no es muy difícil anticipar que más de 15 kilómetros de calles urbanas en Padre Las Casas más el propio puente difícilmente estarán exentos de dificultades. Ya solo al interior del sistema público, y los tiempos de cada servicio más la natural burocracia constituyen un enemigo interno que demanda una férrea voluntad política para avanzar a una velocidad idónea.

No solamente se necesita una empresa capaz de llevar adelante una obra de esta magnitud, se requieren autoridades que sean capaces de dar respuesta oportuna a las necesidades de la obra para que esta no se paralice y entrampe producto de la burocracia.

Respecto de las autoridades regionales, es de conocimiento público que la Justicia sentenciara al director Jorge Saffirio, hecho que lo inhabilitó en sus funciones a partir de marzo 2016. Es evidente que la ausencia del director tenga consecuencias en la correcta fiscalización, seguimiento e impronta política requerida para acompañar debidamente a la obra más importante del sur de Chile.

Por otra parte la seremi de Vivienda, Romina Tuma tampoco hizo una apuesta política en este proyecto habiendo priorizado otras iniciativas, sumado a que sus competencias profesionales, atienden otras disciplinas distintas a la urbanística y constructiva. Podemos, por lo tanto, decir que las autoridades regionales fueron prácticamente inexistentes en este proyecto, en circunstancias que debieron ser actores claves para la resolución de problemas y la anticipación de conflictos.

A nuestro parecer, lo más inteligente habría sido tener la altura de miras y la nobleza de hacer propia la obra, y en particular el Puente Kay Kay y Treng Treng dando señales de continuidad en las inversiones de mega infraestructura pública y haberle sacado el dividendo político correspondiente.

Es curioso que el proyecto no haya aparecido en prensa durante casi 4 años, se cerraron sus puertas a todo periodista, o simple interesado en conocer esta obra única en Chile. La marginación mediática habla por sí misma, y da cuenta de las maniobras políticas para minimizar su valor ciudadano.

En marzo 2015 la Contraloría inicia una auditoría que dura aproximadamente 6 meses y sale a luz pública en agosto del mismo año. Fecha en la cual ambos fuimos entrevistados en calidad de ex -autoridades, principales voceros disponibles, ya que por parte del Gobierno no existía un interlocutor válido que pudiese emitir comentarios con conocimiento pertinente. Extremadamente atípico, por decir lo menos. En esa fecha el consorcio Paicaví solicitó un aumento de plazo por 1 año, más todos los costos de gasto general asociado a 1 año de atraso en la entrega de terreno por parte del gobierno.

Hoy se escudan en las expropiaciones, en circunstancias que los informes jurídicos dan cuenta de que el estado del arte a la hora del cambio de gobierno era de un 70% de cumplimiento en esa materia.

Las propiedades habían sido pagadas, contando con los protocolos de socialización del caso, debidamente registrados, sin embargo, en el cambio de gobierno, y como parte del afán de marcar diferencias políticas, se decide no avanzar en la entrega de terreno a la empresa, de modo que esta termina ocurriendo con 1 año de atraso.

Esto no es un problema de recursos, la misma seremi ha admitido que los recursos están disponibles para recontratar las obras, ni tampoco es incapacidad técnica de la empresa, el consorcio que lleva adelante el proyecto tiene un extenso currículum de obras de esta y mayor envergadura en el mundo, tampoco es un problema de insolvencia de las empresas que conforman el consorcio, esto es un problema de incapacidad de coordinación, un problema de incapacidad de resolución, un problema de falta de liderazgo.

Lo más indignante es que nos consta que los Jefes de Departamento (Infraestructura Urbana) en Santiago, incluida la voluntad de la propia ministra era haber inyectado recursos y flexibilizar plazos al proyecto para evitar a toda costa llegar al límite de sobre exigencia que se hiciera a la empresa constructora hasta alcanzar los terribles resultados que hoy observamos. La empresa no es enemiga del estado, sino debió haber sido asistida con colaboración técnica y voluntad política.

Por último, a casi cuatro años de la administración actual resulta infantil culpar al gobierno anterior, especialmente cuando el análisis de los hechos demuestra la ausencia de seguimiento, fiscalización, capacidad de gestión y voluntad política.

Nuestra esperanza está centrada en el cambio de gobierno, confiamos en que el próximo presidente sea Sebastián Piñera, y en la ocasión propondremos salidas técnico-políticas que idealmente nos permitan concluir las obras, y lograr como se soñó, tener el puente Kay Kay Treng Treng como la futura postal urbanística del Gran Temuco, sobre el río Cautín.