El diálogo es la llave que generará beneficios compartidos, tanto a las empresas como a las comunidades y al territorio. Desde Alianza Valor Minero, el proyecto de Institucionalidad de Diálogo Territorial (IDT), se encuentra trabajando junto a consultoras, organismos académicos y la comunidad, en un diseño de política pública para el logro de ese objetivo, el que será entregado al próximo gobierno a mediados del presente año. En ese contexto, las experiencias internacionales son herramientas para considerar en este modelo, que busca entre otros, no sólo generar beneficios al territorio sino desarrollar inversiones y entregar políticas claras para todas las partes. Hoy, países como Canadá, Australia, Nueva, Zelanda, Suiza y Perú, son referentes en materia de institucionalidad medioambiental y participación. En términos generales, el caso canadiense hace su aporte en materia de valor compartido; el sistema australiano a la evaluación integral del impacto; el caso neozelandés aporta con la consulta indígena; el suizo a la participación ciudadana y el peruano, mayoritariamente al sistema de diálogo social.

Las características de cada uno de los modelos permiten hacer una comparación con la institucionalidad vigente en nuestro país y observar las brechas en aspectos como la generación de diálogo y la resolución de las controversias. Sin embargo, también evidencian condiciones y características culturales que hoy nuestro país parece carecer, como por ejemplo una sociedad civil más robusta, validación institucional del diálogo y recursos para implementar el monitoreo.

Danae Mlynarz

Los ejemplos internacionales dan cuenta de una participación temprana en la evaluación ambiental; de múltiples oportunidades de participación durante el proceso de evaluación, a diferencia de lo acontecido en nuestro país, en el que la participación ciudadana tiene lugar luego de la entrega del Estudio de Impacto Ambiental (EIA); y también de procesos de diálogo y acuerdos informales que buscan, entre otros, obtener el consentimiento de comunidades indígenas.

De este modo, es necesario en el caso chileno hacer cambios legales en materia de evaluación ambiental. Sin embargo, se entendería como una buena señal previo a ello el ir implementando espacios de participación, de manera de ir aprendiendo a hacer las cosas de una forma distinta.

La posibilidad de observar algunas experiencias internacionales es clave en la construcción de una política nacional que sea determinante en establecer formas de diálogo, de variables sociales y económicas que beneficien a las distintas comunidades y sus territorios existentes.

La firma EULEN Chile dio a conocer el portal "Flexiplan", con una oferta de empleos para ofertas de trabajo temporal por parte de las empresas desde un día a seis meses. Se trata de trabajos flexibles con horarios adaptables, servicios de reemplazo para trabajos de cualquier índole que no involucren desempeñar alguna jefatura.

La norma

El sitio (http://flexiplan.eulen.com/cl) se inscribe en la Ley 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación y el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios", que la firma proyecta para que puedan acceder con especial énfasis jefas de hogar, estudiantes o adulto mayor.

La oferta y pagos

Las ofertas de trabajo constan de puestos tales como operarios, garzones, promotoras, operadores de grúas, telefonistas, recepcionistas, choferes, mucamas y vendedores part time, entre otros, con remuneración promedio de $400.000 en un mes y desde los $20 mil a $30 mil para acuerdos por día. La firma adelantó que ha logrado ubicar a 1.700 personas en cerca de 20 empresas de distintos sectores productivos, como portuario, pesquero, financiero, turismo, acuicultura, transporte, eventos feriales, agricultura e industrial, entre otras actividades.

Marcha blanca

Según EULEN, actualmente el portal cuenta con cerca de 150 ofertas en las áreas de gastronomía, turismo, producción, abastecimiento y logística, los que se deben desempeñar en Antofagasta, Calama, Ovalle, Santiago y Puerto Montt. La idea, agregó la empresa, es poder llegar a un promedio de 1.000 publicaciones de puestos laborales mensuales.

ofertas mantiene el sitio en ciudades como Antofagasta, Calama, Ovalle, Santiago y Puerto Montt. 150

Mauricio Mondaca

Camino a cumplir tres años en el mercado de la telefonía móvil, WOM propondrá a las nuevas autoridades sectoriales avanzar en algunas propuestas que la firma estima pertinentes para dinamizar el mercado. Entre, según Sebastián Precht, CMO de la operadora, destaca la licitación de la red de emergencia, modificaciones a la Ley de Antenas y la eliminación de los cargos de acceso.

- ¿Cuáles son los temas que consideran debieran comenzar a resolverse durante el nuevo Gobierno?

- Hemos ido planteando varios temas para generar un mercado más abierto que asegure condiciones más equitativas entre los operadores. Hoy existen varias empresas con mucha concentración de espectro que no está siendo correctamente explotado; otras que ni siquiera lo explotan. Vemos algo pendiente en la banda de 700 Mhz como pueden ser otras bandas futuras, como la de 600 Mhz. Viene toda la discusión de 5G.

- ¿Cree que la legislación debiese actualizarse?

- Creo que se ha ido renovando en lo coyuntural. La ley debe actualizarse y reconocer la evolución tecnológica. Por ejemplo, una modificación a la Ley de Antenas podría usar la infraestructura existente, antenas de servicios de salud y comisarías para facilitar la operación. Y todos estarán de acuerdo en pagar por su uso.

- ¿Por qué cree que aún no se ha licitado el espectro de la red de emergencia?

- Las condiciones de esa licitación pensaban en el mercado que existía en ese momento. La autoridad se ha ido dando cuenta de que hay un tema y que el espectro de emergencia implica un costo para el país. Es poco imaginable que un país como Chile, donde hay aspectos importantes en los que se requiere inversión, destine US$ 300 millones para una red que será usada en eventos muy puntuales. Pueden haber soluciones que han concretado otros países, donde han sido los operadores los que han llevado adelante la inversión, pudiendo hacer uso de ese espectro en ciertos momentos.

- ¿Ve alguna posibilidad de que el nuevo Gobierno avance en la diferenciación de los procesos de tarificación?

- La autoridad debiese hacer una distinción entre una empresa que está entrando al mercado, desplegando una inversión, con una asimetría absoluta en términos de lo que debe pagar y lo que le pagan por su participación de mercado. Cuando se hacen estas normas debiese entenderse que no es lo mismo una empresa que lleva 20 años versus actores que no y lo que buscan es generar más competencia.

"Mientras antes tengamos esta discusión, antes tendremos la posibilidad de poder experimentar y probar, lo que también han dicho otros actores del mercado"."