Con antecedentes educacionales y laborales, el Ministerio Público buscó establecer que los acusados en el Caso Iglesia se conocían con las víctimas del atentado del 9 de junio de 2016.

Con esta prueba comenzó ayer la reanudación del juicio oral en Temuco en contra de Ariel, Benito y Pablo Trangol Galindo y el lonko Alfredo Tralcal Coche por el ataque incendiario al templo Iglesia del Señor, en el camino a Niágara, en la comuna de Padre Las Casas.

Según el Ministerio Público, el colegio Ñielol Che Kimún de Padre Las Casas registra vínculos entre ambas partes que datan entre los años 1996 y 2008. Lo mismo ocurre en una empresa del rubro agrícola de la comuna de Colina, en la Región Metropolitana, con datos entre enero y marzo del 2006.

La idea para el Ministerio Público de presentar esta prueba documental es evidenciar contradicciones con las declaraciones de los imputados al momento de su detención, como explicó César Schibar Díaz, fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Victoria.

"Es importante teniendo en consideración que los imputados incluso algunos de ellos no recordaban haber trabajado en el norte del país", dijo el persecutor.

Sin embargo, la validez de estos antecedentes fue cuestionada por la Defensa, indicando que el argumento se escapa de la tesis principal, en la que se busca demostrar la participación de los imputados en el atentado.

"Muy por el contrario, aporta en el sentido que la Defensa sostiene: se trata de situaciones en que se busca poner rostros a las tragedias. En este caso, si se trataba de personas conocidas, con mayor razón se le busca imputar los hechos a dichas personas", dijo el abogado defensor penal mapuche Juan Pablo Alday.

DECLARACIONES

Durante la jornada de ayer también entregaron su testimonio Hernán Fernández Lobos, asesor de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos y dos psicólogas que trabajaron tanto con los adultos como con los niños, víctimas del ataque al templo. En el caso de ambas profesionales, entregaron la visión de los efectos emocionales y de comportamiento que provocó el choque psicológico a raíz del atentado.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) de La Araucanía, interpuso un recurso de amparo de garantía, en favor de una interna transgénero del penal de Temuco por las indignas condiciones carcelarias en que debe cumplir la sanción impuesta.

La interna de nombre Pollet, de 32 años, cumple una pena privativa de libertad hace un año en el Centro de Cumplimento Penitenciario de Temuco. Ante la ausencia de infraestructura adecuada y como medida de resguardar su integridad, se ha dispuesto por parte de Gendarmería el dejarla en celda de aislamiento.

De acuerdo al testimonio recogido por el Indh de La Araucanía, ella duerme sola. No tiene cama, sólo una colchoneta. No hay baño en su habitación y tiene una pequeña ventana para que entre algo de luz natural. Señala que sus necesidades en los momentos de encierro las hace en un tarro con el objeto de no molestar a los funcionarios. Se baña y hace sus necesidades en un baño común a las celdas de aislamiento. Pasa 18 horas al día encerrada en su celda, tan sólo 6 horas de desencierro, las que igualmente pasa la mayoría del tiempo en aislamiento o en el pasillo. Las condiciones de encierro a las que está sometida la mantienen muy alterada y con mucho daño psicológico.

Ha solicitado ser trasladada al penal de Rancagua, ciudad en la que se encuentra parte de su familia.

Camilo Garrido Maldonado

Dos querellas presentó la tarde de ayer el intendente de La Araucanía, Luis Mayol, por los delitos de incendio con carácter terrorista en el atentado ocurrido en Vilcún y de incendio con carácter terrorista con porte ilegal de armas por el ataque en la comuna de Lautaro.

Con ambas acciones judiciales, es primera vez que en la nueva administración del Mandatario Sebastián Piñera se invoca la Ley Antiterrorista, a una semana y un día de asumir el gobierno.

"Hay una intención de producir temor en la población, dado que en ambos casos se dejaron comunicados (...) Los dos revisten el carácter de terrorista, según lo que hemos determinado tanto los abogados del Ministerio del Interior como los abogados de la Intendencia Regional", indicó el jefe regional, argumentando su decisión en el hecho de que en la comisión del delito hubo "concertación previa" que terminó con dos casas quemadas en Vilcún y un hombre, el cuidador del predio de Dollinco Bajo en Lautaro, encañonado.

Estrategia

Aparte de la presentación de querellas, el intendente mencionó la posibilidad de que visite la Región el ministro del Interior, Andrés Chadwick y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. "Está en estudio", aseguró Mayol.

La idea, explicó el intendente, es dar una muestra de marcada presencia y acompañamiento con las víctimas de los atentados en la Región. "Queremos, de una u otra forma, establecer una estrategia para hacerle frente a esta violencia que no le hace para nada bien a una Región que necesita crecer, desarrollarse", dijo.

Junto con esto, Mayol anunció la creación de una Unidad de Apoyo a las Víctimas con apoyo económico "con asesoría legal y asesoría psicológica además. Estamos constituyéndolo, estamos trabajando en eso", contó.

Respecto a la invocación de la Ley Antiterrorista, el diputado de Renovación Nacional por el distrito 23, Miguel Mellado, felicitó al Gobierno.

"Se nota de una vez por todas el cambio de mando, pero también la mano dura que tiene que aplicar el Gobierno en estas situaciones, pero renglón seguido felicito al ministro Chadwick y al subsecretario Ubilla que de manera personal irán durante esta semana a La Araucanía para coordinar en terreno el trabajo de las policías", dijo el parlamentario.

Por su parte, el congresista Mario Venegas (DC) por el distrito 22, dijo que el Ejecutivo tiene toda la legitimidad para invocar la ley, pero "el problema es que son los tribunales los que determinan si es que se configura el delito en esas condiciones". A esto agregó que "el tema en lo particular no tiene que ver con invocar o no la ley, tiene que ver con la eficacia para alcanzar el objetivo de descubrir a los delincuentes y sancionarlos conforme a la ley".

"Se nota de una vez por todas el cambio de mando, pero también la mano dura que tiene que aplicar el Gobierno".

Miguel Mellado,, diputado RN distrito 23"

"El problema es que son los tribunales los que determinan si es que se configura el delito en esas condiciones".

Mario Venegas,, diputado DC distrito 22"

horas del sábado 17 ocurrió el primer atentado incendiario, en Vilcún. Una hora y media más tarde se produjo un ataque a mano armada en Lautaro. 21.00