Matías Jullian V. / Efe

El Ministerio de Salud calificó ayer de "alarmantes" las actuales cifras de donación de órganos en Chile, al precisar que en marzo pasado solo hubo tres donantes en todo el país, mientras que en abril sólo fueron dos.

"Con estos números, existe un promedio de seis donantes por mes este año, lo que revela una baja en relación con 2017, que era de 14 donantes efectivos. Esta cifra, además alcanzó el récord de ser el menor promedio mensual de donación de órganos de los últimos 20 años", precisó en un comunicado.

Aumento tasa mortalidad

El doctor Erwin Buckel, jefe del Centro de Trasplante de Clínica Las Condes, explicó que "la disminución de la tasa de donantes tiene como efecto colateral el incremento de los tiempos de espera para aquellos pacientes que requieren de un trasplante de órgano y, por lo tanto, un aumento de las tasas de mortalidad".

"Si antes el tiempo de espera promedio de los pacientes que necesitan un trasplante de riñón era de 2 a 3 años, hoy eso se multiplicaría al doble", enfatizó el profesional, en el marco del Día Nacional del Donante de Órganos, que se celebró ayer en ese recinto capitalino con la presencia de autoridades, pacientes en listas de espera y trasplantados.

Además de esta situación, en el último tiempo se ha registrado un considerable aumento de pacientes que ingresan a la lista de espera nacional para trasplante.

En el caso de hígado, ha sido el que más se ha incrementado, con un alza de un 53%, mientras que quienes esperan un pulmón aumentaron un 38% y quienes necesitan de un riñón un 8%, todas estas cifras en relación a 2017, llegando a las casi 2.000 personas que hoy se encuentran en lista de espera.

Si a la baja de donantes le sumamos el aumento de pacientes que entran a la lista de espera por un órgano, Chile se encuentra con una realidad crítica, siendo uno de los países con menores tasas de donación, con apenas 10 donantes por millón de habitantes anualmente, muy por debajo de los 15 de Argentina o los 38 de España.

"Estuvimos afectados por el dictamen de la Contraloría que hacía que la obtención de órganos fuera muy compleja por el registro de no donantes. Hoy este escenario se revirtió; sin embargo, desde que eso ocurrió, que fue en el mes de junio, hasta la fecha seguimos con bajas cifras comparativamente con lo que tuvimos el año pasado que fue nuestro mejor año histórico", comentó Buckel.

Promover donación

Así fue el escenario que vivió Cristina Godoy, paciente de 57 años que estuvo más de 16 días esperando un trasplante de hígado, lo que la llevó a convertirse en prioridad nacional, pero falleció debido a la falta de donantes.

Su hijo Francisco Astudillo se refirió ayer a este tema y resaltó que "es necesario que se promueva la donación de órganos, que lo conversen en familia, en vida, si realmente desean donar los órganos de sus familiares".

Según Buckel, en Chile está la tecnología, el conocimiento médico, la infraestructura, las técnicas quirúrgicas, las unidades de cuidados intensivos y toda la farmacología que hace que los órganos no se rechacen. "Lo único que necesitamos es la voluntad de donación, creo que ese es el mensaje", enfatizó.

"Si antes el tiempo de espera promedio para un transplante de riñón era de 2 a 3 años, hoy eso se multiplicaría el doble".

Erwin Buckel,, Centro Transplante C. Las Condes"

El Presidente de Bolivia, Evo Morales, concedió ayer una amnistía a dos expresidentes del país que tenían procesos judiciales pendientes con el fin de que colaboren, sin obstáculos, en la demanda marítima boliviana contra Chile.

Morales, quien se dirigió a la prensa en La Paz tras arribar desde Nueva York, explicó que esta amnistía para los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002) se basa en una potestad constitucional que posee como jefe de Estado en Bolivia y subrayó que fue una decisión "personal", fundamentada en la "autoridad" que le otorga la Constitución del país.

Mesa tenía un proceso pendiente en relación al caso de la empresa chilena Quirobax, a la que el Estado boliviano tuvo que indemnizar con algo más de US$ 42 millones por suspender una concesión minera que tenía en Bolivia durante su mandato.

Por su parte, Quiroga estaba procesado junto al también expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), asilado en EE.UU., por un caso de contratos con petroleras sin la aprobación, supuestamente, del Congreso boliviano.

El Presidente Morales argumentó que su decisión pretende que todas las personalidades del país puedan contribuir en apoyo a la demanda presentada por Bolivia contra Chile en La Haya, de la que este próximo lunes 1 de octubre se conocerá el fallo.

Al respecto, apuntó que el objetivo es que no existan obstáculos administrativos ni jurídicos para contar con su aporte en el escenario que se abra tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

Ningún expresidente, salvo delitos de lesa humanidad o genocidio, de los que sí se acusa a Sánchez de Lozada, por una represión que causó muertos durante su Mandato, debe tener procesos pendientes que "entorpezcan" su aportación a la causa marítima, dijo Morales.

Con la amnistía, Mesa y Quiroga podrán defender esta causa "sagrada" de Bolivia "con todas sus energías, corazón y capacidad intelectual", sentenció el Mandatario, quien insistió en que su reivindicación no obedece a fines electorales.

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, ayer tuvo palabras para quienes la han acusado por eventuales conflicto de interés en torno a la crisis que viven las comunas de Quintero y Puchuncaví, a causa de las emanaciones industriales de, entre otras firmas, Oxiquim, a la cual está vinculado un exsocio de su esposo, Esto, además de que uno de los abogados del cuestionado proyecto minero de Isla Riesco es su hermano.

"Lamento el intento de algunos por levantar falsos conflictos de interés en mi contra, que no tienen que ver con mi capacidad profesional, sino solo por mi condición de mujer, señora de (Gonzalo Molina), hermana de (Rodrigo Schmidt)...", escribió la secretaria de Estado en su cuenta de Twitter.

"No puedo creer que no se pueda reconocer que como mujer tengo independencia y opinión profesional propia", agregó. "Si existiese conflicto de interés no dudaría en inhabilitarme, como corresponde". Esto debido a que Molina fue socio del presidente de Oxiquim, Fernando Barros, durante 17 años.

Además, el hermano de Schmidt es parte del equipo de abogados que representa a la Mina Invierno, ubicada en Isla Riesco, de propiedad de los grupos Angelini y Von Appen. Esta semana se dio la autorización para iniciar las tronaduras en el yacimiento de carbón, ubicado bajo una zona considerada virgen, en la Región de Magallanes.

"Como ministra de Medio Ambiente NO me tocó participar en la decisión de Isla Riesco", afirmó Schmidt.

Nuevos intoxicados

El hospital de Quintero, en tanto, ayer recibió a 30 personas con síntomas de intoxicación, producto de la mala calidad del aire, pese a la reducción de labores por parte de las industrias, ordenada esta semana.

El plan del Ministerio de Salud está enfocado en paralizar las principales fuentes emisoras de dióxido de azufre, que involucran a Codelco Ventanas, AES Gener, Oxiquim, Copec, Gasmar, Enap, Enex y GNL.

Denunciantes de abusos sexuales cometidos por Fernando Karadima pidieron ayer al Poder Judicial actuar con independencia, debido a la suspensión de la apelación al proceso que debía revisarse en la Corte de Apelaciones, que finalmente tratará el caso dentro de una o dos semanas.

"La historia nos dirá si el Estado de Chile y sus jueces estuvieron a favor del abuso y la corrupción, y subyugados al poder de la Iglesia, o si ha sido un poder autónomo que hace el trabajo que le corresponde, que es juzgar", dijo James Hamilton, uno de los denunciantes.

Hamilton y otras dos víctimas presentaron en 2011 una demanda civil contra el Arzobispado de Santiago por el presunto encubrimiento de los abusos cometidos por Karadima, que ese mismo año fue condenado por la Justicia canónica a una vida de reclusión y penitencia.

En marzo de 2017, un juez rechazó la demanda, por lo que los denunciantes, representados por el abogado Juan Pablo Hermosilla, presentaron una apelación al fallo.

Hamilton consideró que el Poder Judicial debe demostrar su "independencia" de la Iglesia y dar una señal clara de que defiende a los más desamparados.