El diputado Ricardo Celis (PPD) precisó que la bancada transversal de parlamentarios de la Región apoya la medida, pero que en lo personal hay condicionantes.

"El Gobierno debe asegurar la participación de al menos un cuarto de las personas que se reconocen indígenas en Chile para que el proceso tenga legitimidad. Hay una segunda exigencia para el Gobierno que es la transparencia y la información. Le pedí al ministro Moreno que asegure la participación del Indh y de la ONU en la Región. Se debe validar la autoconvocatoria porque si solo convoca el Gobierno y los municipios, surgen dudas".

Un espaldarazo a la propuesta de Consulta del Gobierno ofreció el Consejo Político Mapuche de "Chile Vamos" Araucanía, argumentando que fueron ellos más "numerosos líderes políticos, sociales, culturales y religiosos del mundo mapuche" quienes solicitaron reformar la Ley Indígena que data de 1993.

Según indicó el vocero del consejo, Rodrigo Alcavil, "el Gobierno ha respetado nuestra exigencia y la venta de tierras indígenas no estará permitida a personas no indígenas. Quien diga lo contrario está faltando a la verdad".

Añadió que la propuesta del Gobierno es "una oportunidad para discutir y llegar a acuerdos en cuanto a las posibilidades y los tiempos de arriendo, medierías u otros contratos en las nuevas tierras entregadas en calidad de comunitarias, pues las tierras provenientes de títulos de merced, siempre han podido ser arrendadas y ser objeto de otros tipos de contratos".

De este modo, aseveró que la propuesta "permite abrir las oportunidades de desarrollo y, el ejercicio de libre determinación sobre nuestras tierras".

Por lo mismo, el dirigente invitó al pueblo mapuche "a participar de la consulta con confianza y respeto, acogiendo sus propuestas, pues ellas nos permiten avanzar hacia nuestra legítima aspiraciones de autodeterminación en las materias que nos corresponde como lo establecen la ONU y la OEA".

Tenso fue el inicio de la Consulta Indígena en La Araucanía, proceso que lidera el Ministerio de Desarrollo Social y que busca modificar la Ley Indígena (19.253) para que los pueblos originarios tengan mayor libertad en materia de tierras.

Si bien el Gobierno descartó de plano la posibilidad de la venta de las tierras, delimitando la propuesta al arriendo de la tierra por 25 años y la ocurrencia de títulos individuales de dominio para facilitar la herencia, entre otras materias, quienes asistieron al debut de la consulta, en su etapa de planificación, esgrimieron que la rechazan porque no la solicitaron y no desean cambiar la ley.

Tensos fueron los momentos que se vivieron en el Polideportivo de PLC. Dirigentes interpelaron al encargado del proceso, le quitaron el micrófono y le pidieron que se fuera. Todo culminó con un acta en donde manifestaron el desacuerdo.

"No estamos a favor de este proceso porque va en contra del desarrollo de las comunidades, lo que hace es reducirnos, empobrecernos y apunta a que desaparezcamos como pueblo", manifestó Rolando Jaramillo.

Hasta el lugar llegaron más de cien personas y el dirigente de la Asociación Indígena de Adultos Mayores de la comuna, Luis Larenas, denunció que fueron engañados.

"La asistente social nos dijo que teníamos que venir a una capacitación con varios socios más, nos sentimos engañados".

Antes que comenzara la consulta en PLC y Cunco, dirigentes de diversas comunas también manifestaron su rechazo en la plaza de Temuco.

Luis Catrileo, vocero de las comunidades del Rucamanque, acusó que el Gobierno "está convocando a su gente y haciendo un trabajo desinformado. Vamos a defender nuestra ley y llamamos al Gobierno a preocuparse de los problemas reales, esto es la expulsión de las forestales, la libre determinación, la autonomía, la defensa de nuestras aguas y un reconocimiento de verdad", recalcó.

El dirigente Domingo Jineo, por su parte, se unió al repudio de la consulta manifestando que "si asisten algunos peñis recibirán un par de pateaduras en las comunidades. Eso va ser así".

En Cunco, los asistentes expulsaron de la sala al encargado que había enviado el Gobierno y acordaron que presentarán su propia propuesta. El lonco René Colillán acusó desinformación y que las bases no fueron informadas.

PROCESO NORMAL

Desde el punto de vista de la convocatoria, el seremi de Desarrollo Social, Rodrigo Carrasco, catalogó el inicio de la Consulta como "normal" y la tensión de la jornada la circunscribió a disidencias propias del proceso.

"Ha sido un proceso con buena convocatoria, un 16% más que la última Consulta que fue en 2017. Se dio de buena forma. Las reuniones se harán en las 32 comunas y se les informará del proceso y la metodología", planteó la autoridad, quien además aseveró que la denuncia del "engaño" se investigará.