El Gobierno confirmó la veracidad de una denuncia hecha por la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, en Twitter, en cuanto a que un corte de energía obligó a un equipo médico de un hospital público a usar las linternas de sus teléfonos móviles para iluminar una cirugía que llevaba a cabo.

"En el 'mejor sistema de salud del planeta' se corta la luz en hospital de alta complejidad de la Región Metropolitana y grupo electrógeno no funciona. Dramáticas imágenes de equipos de salud intentando terminar cirugías bajo linternas de celulares. ¿Cuánta indolencia seguimos tolerando?", acusó la dirigente a través de su cuenta de la red social online, aludiendo a una anterior frase del ministro de Salud, Jaime Mañalich, sobre el sistema sanitario chileno.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, explicó: "Ayer (miércoles), aproximadamente a las 18:30 horas, fui informado acerca del corte de electricidad en el hospital Barros Luco, y que los grupos electrógenos no se activaron automáticamente como corresponde". Y agregó: "Las mantenciones se habían hecho de forma adecuada con la empresa contratista. Hemos solicitado a esta empresa las explicaciones del caso porque esto no puede volver a ocurrir". Sobre la duración del corte, expresó que "fue de forma intermitente. Eso se corrigió con la activación manual de los grupos electrógenos".

Siches: "muy grave"

Tras ello, la presidenta del Colegio Médico ahondó en la denuncia y dijo que colegas del hospital reportaron "dos cortes de suministro eléctrico, a las 18 y a las 21 horas. Este último complejizó un procedimiento neuroquirúrgico que se estaba llevando a cabo, teniendo que terminarlo con la iluminación de las propias linternas del equipo de salud que se encontraba en pabellón. Es una situación crítica que no debería ocurrir, porque el funcionamiento de respaldo del grupo electrógeno debería dar el suministro después de un periodo de latencia comprensible".

Siches calificó la situación de "muy grave" y añadió: "Esperamos que se pueda investigar y esclarecer qué ocurrió, dado que este elemento se certifica al momento de acreditar los centros asistenciales tanto públicos como privados".

Planteó que todos los hospitales "deben contar con suministro eléctrico para su funcionamiento óptimo, en la administración de medicamentos, el abastecimiento de agua dentro de los recintos, las unidades de cuidados intensivos, las imágenes radiológicas, los pabellones y los equipos que se utilizan ahí". Y enfatizó: "Esperamos que esta situación tan lamentable no se vuelva a repetir en ningún recinto del país".

El subsecretario Zúñiga advirtió, eso sí, que "los pacientes no sufrieron ninguna alteración. Obviamente el caso más difícil fue el del paciente que estaba en cirugía. Pero los médicos que estaban realizando la cirugía dieron las garantías para continuar con la operación y el paciente se encuentra hoy en recuperación".

La Cámara de Diputados aprobó, con 74 votos a favor, 71 en contra y 1 abstención, la acusación constitucional contra el intendente Felipe Guevara, a quien un grupo de legisladores opositores responsabilizó por supuestamente haber vulnerado la Constitución, en relación a la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, en el contexto de la crisis.

La aprobación, que deja al intendente suspendido de su cargo de inmediato, tendrá que ser revisada ahora por el Senado. Es probable que esto suceda el 3 de febrero, según adelantó la diputada Alejandra Sepúlveda, quien encabezó la comisión que revisó el libelo. Ella, Diego Ibáñez (Frente Amplio) y Jaime Naranjo (PS) expondrán los fundamentos ante la Cámara Alta.

Guevara y blumel

"Ha primado la insensatez", comentó el intendente tras la votación. "He hecho todo lo posible por devolverles la ciudad a los vecinos", planteó Guevara, quien descartó renunciar a su cargo. "No tengo nada que esconder", argumentó la autoridad.

"Es una decisión muy equivocada que puede causar un grave daño a todas las autoridades que tienen que cautelar el orden público", dijo en tanto el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, quien calificó la situación de "injusta".

La acusación surgió luego de la implementación de medidas de seguridad preventivas en el entorno de la plaza Italia, en Santiago, donde Carabineros dispuso de una estrategia llamada "copamiento preventivo" ante los anuncios de marchas y protestas, y desplegando contingentes policiales. Esto mereció duras críticas de actores de la oposición, que responsabilizaron al intendente por los eventuales efectos de la estrategia en las libertades de las personas.

Alejandra Sepúlveda repasó las bases de este y sostuvo: "En ninguna parte de los protocolos de Carabineros aparece lo que tiene que ver con el copamiento preventivo. Es súper complicado, porque ¿cómo se regula?, ¿cómo se sabe dónde aplicarlo y dónde no?, ¿quién delimita?". La legisladora del Frente Regionalista Verde Social agregó: "Cuando el general de Carabineros dice 'copamiento preventivo', lo utilizamos para los ambulantes porque son ilegales, entonces uno podría decir que si eso es ilegal y ocupo el copamiento preventivo para las manifestaciones, entiendo que son ilegales. ¿Entonces, no será eso lo que se piensa? Que estas manifestaciones son ilegales y ocupo esta herramientas que son para los ilegales".

Rodrigo Ávila, abogado de Guevara, dijo que efectivamente la estrategia "no está como tal" en los protocolos de Carabineros, sino que se desprende de distintas normas operacionales. "Lo que esta defensa sostiene es que acá no ha existido de parte del intendente acto formal administrativo alguno en orden a instruir, ordenar, impartir ni ningún otro sinónimo a Carabineros de Chile tendiente a impedir un derecho de reunirse y consecuencialmente la libertad de manifestación y expresión".

"Ha primado la insensatez. He hecho todo lo posible por devolverles la ciudad a los vecinos".

Felipe Guevara,, intendente metropolitano

"Puede causar un grave daño a todas las autoridades que tienen que cautelar el orden público".

Gonzalo Blumel,, ministro del Interior