El Austral

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de protección interpuesto por la profesora jubilada María Angélica Ojeda González y ordenó a Cuprum pagarle el total de los fondos de capitalización individual. El caso, que se remonta a septiembre de 2019, se inició a través de un recurso de protección de la docente que argumentaba que la pensión fijada por su AFP, de $185 mil, no le alcanza siquiera para pagar su crédito hipotecario (de $220 mil).

En ese momento la primera sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió elevar un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC). El requerimiento fue rechazado por el TC, pero ayer el Poder Judicial informó de la nueva resolución de la corte nortina.

Al conocer el resultado, la profesora María Ojeda manifestó que "creemos que es un pequeño gran triunfo dentro de este juego judicial. Lo más obvio es que la AFP va a apelar. Esperamos que ojalá se les olvide".

El caso puede continuar en la Corte Suprema. De hecho, la propia administradora reaccionó y dijo: "Hay que considerar que existen instancias legales superiores y, mientras no se resuelva en su totalidad, seguiremos cumpliendo el mandato legal respecto de que el único fin que tienen los ahorros previsionales es financiar pensiones". En la misma línea se manifestó el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín: "Todavía hay procesos en curso, por lo tanto, lo que corresponde es esperar que las instituciones, en este caso el Poder Judicial, hagan su trabajo y revisen los antecedentes, de manera que puedan manifestarse al respecto".

La ministra vocera, Karla Rubilar, recordó el rechazo del TC a que las personas puedan retirar sus fondos: "Los tribunales de Justicia le han pedido pronunciamiento al TC, que en esto ha sido claro que no debiera hacerse".

EL FALLO

En el fallo unánime se establece que "no puede concluirse que exista sensatez o medidas adecuadas en el Sistema de Pensiones respecto de una trabajadora que a la luz de las cotizaciones efectuadas que equivalen nada menos que al 10% de su remuneración, durante dieciocho años, no le permitan una jubilación suficiente para sufragar su crédito hipotecario, manteniendo sí, el lucro de las Administradoras de Fondos de Pensiones como también el de Bancos e Instituciones financieras para adquirir una vivienda, lo que significa que su detrimento ha sido en beneficio de estas instituciones sin la debida correspondencia". Para la corte, hay "una injusticia" que la obliga "a adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y decretar lo correspondiente para proteger al afectado".

El líder de la CPC, Juan Sutil, dijo que los argumentos de la corte "son inentendibles" y que la Suprema tiene que zanjar esta interpretación.

Hoy en día, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) es considerada en prácticamente todas las encuestas como la institución más confiable y apreciada por la ciudadanía, opinión que se repite en el extranjero y una muestra tangible de ello es el honor que se le confirió a esta Policía Civil de llevar a cabo la organización de la 88° Asamblea General de Interpol, la que se realizó en octubre pasado en Santiago.

Más de alguien podría argumentar que son solo encuestas u opiniones, pero hay otros indicadores. En 2019, por segundo año consecutivo, el plantel de nivel profesional que más inscripciones recibió en todo el país fue nuestra Escuela de Investigaciones Policiales, con más del doble de postulantes que la carrera universitaria más demandada en todo el sistema a nivel nacional.

El haber llegado a este nivel de reconocimiento nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad. Nos compromete y nos obliga, cuando estamos conmemorando nuestro 87° aniversario, a mirar hacia atrás y reconocer que para llegar a esta posición debíamos hacer una reingeniería absoluta, no solo de nuestra capacidad de investigar o de enfrentar nuevos fenómenos criminales. Debíamos entender que el detective que precisaba Chile, debía tener un nuevo ADN ético y valórico. Esa apuesta nos daría la legitimidad moral y profesional para investigar cualquier delito, por muy complejo que este fuera.

Ese cambio de paradigma, que se inicia a partir del año 1992, se fue sistematizando en función de planes de desarrollo institucionales encabezados por los tres directores generales de carrera que me antecedieron. Gracias a ello pudimos fortalecer nuestra institucionalidad y dar continuidad al proceso de modernización.

En el actual Plan Estratégico nos propusimos ser referentes a nivel regional en la investigación de delitos de alta complejidad y crimen organizado transnacional. Gracias a este ambicioso desafío, al día de hoy hemos sido capaces de capacitar a policías hermanas y exportar metodologías, pensadas y diseñadas por nuestro personal, como es por ejemplo, el Plan MT-Cero, para investigar el tráfico barrial.

Sabemos que nuestras investigaciones deben ser profesionales, objetivas y apegadas al método científico, ya que a través de ellas, garantizamos la democracia. Ese es el legado y responsabilidad que tiene la persona que decide ser parte de esta PDI.

Ser pioneros en generar una política de accountability a partir del 2004, transformándonos en la primera policía civil en dar Cuenta Pública en la región es un activo que nos permite, asumir los desafíos y errores, como una convivencia necesaria de una policía que pretende ser legitimada socialmente.

Investigar está en nuestro ADN. Para eso nacimos, nos formamos y proyectamos al futuro. Los desafíos que nos impone una criminalidad transnacional no nos preocupan. Todo lo contrario, nos motivan a ser proactivos e ir un paso delante de ellos, porque en definitiva, eso es lo que nos exigen, los chilenos y chilenas, a su PDI.

Héctor Espinosa Valenzuela,

director general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)