El Ministerio Público designó al fiscal jefe de Pucón e integrante de la unidad de Derechos Humanos (DD.HH.) de la Fiscalía Regional, Jorge Calderara, para conducir la investigación sumaria que se determinó para aclarar los polémicos dichos que publicara en redes sociales el fiscal de Victoria, Carlos Obreque, contra comuneros mapuches el 23 de junio recién pasado y que obligaron a la institución a emitir una aclaración para desmarcarse de forma y fondo de dicho contenido.

La polémica situación se generó en el contexto de la caravana que lideraban comuneros de Ercilla que el martes viajaban rumbo a Temuco para participar de una marcha con el objetivo de exigir un trato distinto para los presos en huelga de hambre en la cárcel de Angol, personas a quienes el abogado se refirió con desafortunadas palabras.

"Las medias camionetas!!! Está bueno el tráfico de marihuana y armas en las comunidades", escribió en el Facebook el citado fiscal bajo el nombre de Carlos Salvado, publicación que borró minutos después, pero que fue capturada y compartida por otras personas en redes sociales, lo que desató una ola de comentarios.

El propio autor de los dichos se retractó de lo hecho por la misma vía.

"Quiero señalar que hace un rato hice un comentario en Facebook tremendamente irreflexivo y desafortunado que no representa mi pensar ni el de la institución en la que me desempeño. Por lo que también públicamente ofrezco disculpas a quien se haya sentido ofendido por mis dichos. Errar es humano y por lo mismo admito mi equivocación y reitero que lo señalado no representa mi genuino pensar y solo fue dicho en un mal momento anímico personal".

A raíz de lo ocurrido, el Ministerio Público aclaró que dicha expresión no representa la opinión de la Fiscalía.

Para enfrentar la situación, el fiscal regional, Cristian Paredes dispuso la mencionada investigación sumaria que ya está en curso y no tiene un plazo determinado para informar. Lo que sí está claro es que las sanciones que arriesga el persecutor sumariado van desde una amonestación privada hasta la remoción de su cargo.

La marcha

La caravana de comuneros el 23 de junio llegó hasta Temuco con el objetivo de hacerse notar y entregar una carta al intendente Víctor Manoli, en la cual pedían una solución a la situación que afecta a un grupo de mapuches en huelga de hambre dentro de la cárcel de Angol, lo que no pudo concretarse porque el edificio estaba cerrado. En el lugar, el vocero de la movilización, Rodrigo Curipán, expresó su molestia: "Cuando nosotros ofertamos diálogo se nos cierra la puerta. Esperamos que esta situación pueda revertirse y puedan reflexionar".

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"Hace un rato hice un comentario en Facebook tremendamente irreflexivo y desafortunado que no representa mi pensar ni el de la institución en la que me desempeño".

Carlos Obreque,, fiscal de Victoria

El senador Francisco Huenchumilla (DC) rechazó el proyecto que fortalece la fiscalización y persecución de los delitos de robo y hurto de madera en troza, y destacó que se trata de una iniciativa para dar "protección a la industria forestal", la que a su juicio ha instalado un "conflicto político", en alusión a los problemas de violencia rural que se viven en las regiones del Biobío y La Araucanía.

"Cuando esa industria llegó a esa zona, generó un cambio completo en la estructura rural de nuestras regiones, y efectivamente ha contribuido, como aquí se ha dicho, con un porcentaje del PIB, pero a costa de haber instalado en esa zona un conflicto político que nos ha perseguido durante estos últimos veinte y tantos años", fustigó el parlamentario.

"Las únicas regiones donde tenemos un conflicto político, con la violencia instalada, es justamente en La Araucanía y el Biobío, provocado en gran parte por esta industria que entró destruyendo la naturaleza, los predios agrícolas y las comunidades indígenas. Y nos metieron en este conflicto que hoy día nadie desconoce", expresó el senador quien agregó que "aquí se cree que con un proyecto de ley más, generando un tipo penal nuevo, se puede buscar la solución a la violencia política. Esa receta fracasada en todos los gobiernos (…) pensando que este es un problema de delito, de orden público, y que hay que perseguirlo por esas vías".

Más de dos mil comunidades indígenas valoraron el respaldo que otorgó el Senado al proyecto presentado por la senadora Carmen Gloria Aravena (IND pro RN), que prorroga el mandato de los miembros de las directivas de las comunidades y asociaciones indígenas, y la vigencia de los actuales consejeros de la Conadi, debido al impacto de la enfermedad covid-19 en Chile.

La senadora Aravena explicó que "el proyecto nace debido a la situación sanitaria que enfrentamos y un llamado de una dirigenta de Los Sauces, explicando la urgente necesidad de extender la validez de la directiva de cada comunidad indígena, y por ende su personalidad jurídica, con el fin de que no pierdan sus beneficios".

2.300 comunidades

"En nuestra región tenemos 2.300 comunidades indígenas, y todos los días muchas de sus directivas pierden su validez, requisito que es primordial para la tramitación de becas y postulación a proyectos, entre otros. Por eso, dada la gravedad de esta pandemia, presentamos este proyecto con el fin de prorrogar la vigencia de las actuales directivas", sostuvo.