LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

do la cadena de contagios, recién ahora se está incorporando la atención primaria y recién ahora se están entregando las ayudas económicas. Tuvieron que pasar tres meses antes de que hicieran lo que tenían que hacer.

-¿Le parecen retrasadas también las medidas que se han tomado, como la ayuda a la clase media?

-Sí. Recién ahora se están entregando esas ayudas, como son el ingreso familiar de emergencia o la ayuda a la clase media, cuando debieran haberse entregado en marzo. Consecuencia de esto es que se esté discutiendo el tema del 10% de las AFP, porque si esto se hubiera resuelto como debiera haberse hecho y no intentando endeudar a la clase media, sino generando un ingreso de apoyo urgente, pero no tardío, no en estos días sino en marzo, muy distinta sería la situación y tal vez ya estaríamos en un mejor momento, en una curva de descenso o desconfinando la ciudad. Pero se ha hecho de la peor manera y con un fracaso total de la estrategia inicial, al punto que el propio ministro (Jaime) Mañalich lo reconoció y tuvo que venir un nuevo ministro con la necesidad de llevar adelante otra estrategia. Pero cuando ya se tiene una bola de nieve que ha crecido como este virus es muy difícil atajarla, por eso el ministro (Enrique) Paris ha tenido tantos problemas.

-¿Y los proyectos nacidos del Parlamento?

-Hemos presentado varios proyectos. Al estar en una situación extraordinaria, de catástrofe, hemos presentado la idea de fijar los precios de las isapres; un proyecto para impedir los cortes de suministro de agua potable, luz eléctrica, gas, telefonía fija y móvil, de internet para las personas, para que puedan cumplir sus medidas de aislamiento. Las medidas de apoyo social son para que la gente pueda quedarse en la casa, cumpliendo las cuarentenas; hemos presentado proyectos para regular las ferias; para establecer mecanismos de trazabilidad con inteligencia artificial. También hemos apoyado iniciativas como el uso de una parte de sus recursos en las AFP para poder paliar las situaciones dramáticas que están viviendo muchas personas, especialmente de clase media. El Gobierno en materia de ayuda social ha apuntado, aunque tardíamente, a la gente más vulnerable y ha abandonado a la clase media y sólo le propone medidas para que se endeude más, pero al ya estar endeudada no tiene posibilidad de tener más deuda.

-Ya que lo ha mencionado, al aprobarse inicialmente la idea de sacar un 10% de las AFP, ¿tiene sentido el argumento que sostiene que esto haría peligrar las pensiones futuras?

-No tiene ningún sentido. Primero, este proyecto se presenta en una situación excepcionalísima. Tiene que ver con que el Gobierno nunca se preocupó seriamente ni dio apoyo social de manera oportuna. Aún no se entrega el ingreso de emergencia de 100 mil pesos por persona, llevamos casi cinco meses y recién ahora viene una ayuda social adecuada que tuvo que ser sacada a tirones. Para la clase media no hay nada y muchas personas al perder sus empleos o sus emprendimientos, quedaron sin nada. La clase media está totalmente endeudada y la propuesta del Gobierno es que se endeude más. Esa fórmula no sirve. No se hizo nada y, dada la desesperación, esas personas tienen sus fondos. Por lo demás, igual van a estar condenados a pensiones de miseria. Quiero recordar que el promedio de jubilación que tuvieron los chilenos que jubilaron entre 2018 y 2019 fue de 130 mil pesos. No es cierto lo que se dice: si las personas sacan su 10%, las pensiones van a variar entre dos a 20 mil pesos según un estudio que hizo la Fundación Sol que me parece de los más serios.

"transversalidad"

Guido Girardi asegura que "las pensiones en Chile son miserables" y está convencido de que "de todas formas este sistema hay que cambiarlo, porque está hecho como una industria de las AFP, que se llevan la gran tajada: un 25% de rentabilidad sobre capital, lo que es una vergüenza, cobrando comisiones altísimas, que cuando la gente pierde, ellos ganan (...) Evidentemente, yo no creo que esta debería haber sido una primera medida, pero no estaríamos discutiendo el 10% de las AFP si el Gobierno hubiera, cuando correspondía, intentado resolver los problemas más graves de la gente. Aquí es donde se muestra la hilacha, cuáles son las prioridades para la derecha, porque saltan todos como fieras a defender a las AFP".

-Pero la idea del retiro también hubo parlamentarios de derecha que la apoyaron.

-Sí, hay cierta transversalidad en esto. Para ser justos, no es toda la derecha. Yo creo que, por ejemplo, el diputado (Mario) Desbordes ha tenido un rol muy valioso, que uno respeta, con una derecha que también tenga compromiso social, una derecha que sea capaz de ponerse en el lugar del otro, una que reconozca la verdadera situación de desigualdad que hay en Chile. Hay una parte de la derecha que vive en una burbuja, que no conoce la realidad: el propio ministro Mañalich lo confesó.

-Pero ha sido una de varias disputas Gobierno-Parlamento sobre leyes y admisibilidad. ¿Por qué cree que es necesario limitar las atribuciones del Presidente en el funcionamiento legislativo, según el proyecto que ha presentado?

-Creemos que como un tema más de largo plazo, no sólo por la pandemia, que estamos en un país con un presidencialismo exacerbado y anacrónico, un hiperpresidencialismo que mutila. En 2019 el presidente Piñera tenía un 6% de apoyo, lo que en cualquier régimen parlamentario hubiera significado cambio de Gobierno para poder enfrentar las crisis y adecuar las mayorías a la nueva realidad. Nosotros tenemos un sistema pétreo, que es vertical para todo, incluso para enfrentar la pandemia (si hay un brote en una pequeña comuna en el norte, tiene que ir la información al ministerio de Salud y volver la respuesta a esa comuna). Necesitamos un sistema menos vertical, con mayor participación o convalidación ciudadana, lo que tenemos no sirve, está obsoleto, es una especie de monarquía o zarismo constitucional. Limitar las facultades del Presidente no se trata sólo del Presidente Piñera, sino para todos los Presidentes. Por ejemplo, en la iniciativa de ley: en Chile los congresistas no tienen atribuciones para iniciar leyes en materia social, de salud, de previsión, en isapres y AFP, no se puede regular nada que tenga que ver con temas laborales. ¿Por qué van a estar vetados esos temas si la ciudadanía quiere cambios en ellos? Eso no puede ser. Yo soy partidario incluso de que exista la iniciativa popular de ley, que los ciudadanos puedan proponer leyes y obligar a los parlamentos a que se discutan.

-¿Sólo tiene que ver con la iniciativa de las leyes?

-No. Porque al mismo tiempo que tener la iniciativa en muchas materias, el Ejecutivo establece las urgencias: no sólo decide cuáles son los proyectos a discutir, en una especie de monopolio, sino que además decide si hay mociones parlamentarias a bloquear al no ponerles urgencia. Muchos de los proyectos que han ayudado en este tiempo son mociones parlamentarias, en algunos de los cuales soy el autor: la Ley de fármacos, la Ley Cholito, la Ley de Etiquetado Nutricional, la Ley del Tabaco, y el Gobierno puede impedir que ellas se discutan e inhabilitar al Parlamento por la vía de la urgencia. Además, tiene la vía de la admisibilidad: decir que no son admisibles y bloquearlas. Todos esos aspectos queremos reformarlos para equilibrar el poder y aquellos aspectos que a la ciudadanía le parecen relevantes, el Parlamento las pueda discutir. Esta propuesta también indica que cuando haya declaración de catástrofe, el Gobierno, el Estado, tenga atribuciones para fijar precios, por ejemplo, en las isapres o en los productos básicos o impedir corte de suministros básicos.

Postnatal y el futuro

-Otro proyecto discutido ha sido el "postnatal de emergencia". Se ha dicho que es una medida regresiva porque no favorece a los más necesitados.

-¿Cómo va a ser una medida regresiva? Quiero recordar que el postnatal de emergencia tiene vigencia sólo en tiempo de catástrofe o pandemia. Estamos hablando de una situación muy excepcional. Aquí lo que se quiere vulnerar por una razón ideológica es que se pueda pensar en postergar el postnatal, es decir, estamos hablando de niños pequeños, por lo que es un complejo de temas de salud y sociales. El postnatal de emergencia está en el contexto de la pandemia y me parece que hay una actitud totalmente machista, de abandono de lo que significa la maternidad y la complejidad del momento que vivimos. El problema es cómo hacen las mamás que deben salir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos, porque hoy no es tan simple dejar al niño con los abuelos o en sala cuna, porque no se puede; o si salen a trabajar, que pueden traer el virus a sus casas. Una madre con hijos pequeños tampoco puede hacer teletrabajo. Son cosas evidentes, pero parece que hoy lo evidente no se ve, el sentido común no funciona y prima la defensa de lo absurdo.

-Senador, ¿en qué está la ley de isapres?

-Las isapres es uno de los temas en que existe iniciativa exclusiva del Presidente y que maneja con las urgencias: el proyecto en el Senado está desde el 2011 y he pedido al Gobierno que le ponga urgencia. El actual proyecto es un traje a la medida de las isapres y legaliza el abuso. Las isapres tienen millonarias ganancias, son las únicas que están profitando del sufrimiento de las personas. Por ejemplo, a través de las preexistencias no atienden enfermos a pesar del juramento hipocrático que tenemos los médicos: ¿Cómo una institución de salud se puede negar a atender un enfermo, si ese es su sentido? Aquí, se permite y se violan así derechos humanos y tratados internacionales: discriminan a la mujer, discriminan a niños menores de un año, discriminan a los adultos mayores. Ofrecen un seguro de salud que es totalmente un fraude. Luego te modifican unilateralmente el costo de los planes. No hacen prevención. Pueden modificar tus licencias médicas. Una institución que sólo tiene interés en el lucro es una amenaza, un riesgo para el país. Las democracias europeas no tienen algo como isapres. Porque ellas son un cáncer, son instituciones para despojar a la gente de sus recursos y no para garantizar y entregar salud. Por eso es que hay que terminar con este sistema de isapres tal como está.

-Usted propone un Seguro Único de Salud.

-Ojalá tuviéramos un sistema como el de Inglaterra, Francia o Alemania, que con Gobiernos de derecha, no tienen isapres y jamás tocarían un pelo de la cola a su sistema público. En Chile tenemos que tener un seguro único que le de garantía a todas las personas de salud independiente de su capacidad de pago, sino en función de su necesidad, que tenga un financiamiento único. Y si las personas quieren tener un seguro privado que tengan un reaseguro de segundo piso, pero que el seguro único, como ocurre en Europa, les garantice la salud por igual a todas las personas. En Francia o en Alemania o en Inglaterra, los ministros van a los hospitales públicos y tienen una atención de calidad, igual que todos los ciudadanos de esos países.

-El coronavirus difumina el porvenir. ¿Cómo lo ve desde sus labores en el Congreso del Futuro?

-Chile tiene que avanzar hacia el siglo XXI. Yo presido el Congreso del Futuro y uno de los grandes desafíos es avanzar en el desarrollo de la ciencia y la innovación. Es un tema central. Chile, por ejemplo, tiene el desierto más irradiado del planeta y tiene en la Patagonia los vientos más potentes que se han medido: debería ser líder mundial en energía solar y eólica. Chile debería desarrollar el hidrógeno: usar la energía solar y la energía eólica para producir hidrógeno, que es la energía del futuro, permitiendo una economía de alta tecnología y alto valor agregado. Chile tiene que hacer apuestas potentes como lo ha hecho en el desarrollo de la astronomía, porque tiene los cielos más transparentes del mundo. Tiene que avanzar en inteligencia artificial y desarrollar sus propios satélites y sus propias vacunas, que van a tener un sentido estratégico. El futuro de Chile está ahí, en el desarrollo de la ciencia y la innovación. Eso permitirá generar los recursos para una salud de calidad, pensiones de calidad y una mejor calidad de vida.

la sesión de la cámara de diputados en que se aprobó esta semana el proyecto que permite retirar el 10% de fondos de las afp.