Me preguntan en Santiago qué debe hacer el ministro del Interior Víctor Pérez para resolver el conflicto en el sur. Nada, respondo. Y hablo muy en serio, nada. Sucede que su cartera siempre ha disputado con Desarrollo Social la preeminencia sobre el tema indígena y con resultados desastrosos. Prueba de ello es lo sucedido con los ex ministros Andrés Chadwick y Alfredo Moreno en 2018. Por un lado, represión, por el otro intentos de diálogo que generalmente no terminan en nada.
En La Moneda le llaman pomposamente estrategia de "cuerdas separadas", pero la verdad es que ambas cuerdas siempre terminan enredándose. Le pasó a Moreno con el crimen policial de Camilo Catrillanca y el Comando Jungla, ambas responsabilidades directas de Interior que terminaron saboteando su gestión. Esa disputa en La Moneda, posible de observar también en los gobiernos de la Concertación-Nueva Mayoría, es parte del problema que enfrentamos.
Resolver el conflicto -hablo del conflicto centenario entre el Estado y las primeras naciones- no será tarea de Víctor Pérez. Tampoco de la actual administración de gobierno. Será tarea de futuros gobiernos, de otros hombres y mujeres que superarán, uno espera que con inteligencia y sabiduría, este momento gris y amargo. El mandato del presidente Sebastián Piñera, políticamente hablando, ya se terminó.
Siendo honestos, Piñera ya no gobierna para el país, gobierna para su coalición, para una descontenta base electoral que le reprocha haber sido demasiado blando, demasiado débil, a la hora de enfrentarse con "la calle". No le perdonan haber "entregado" la Constitución de 1980 tras el estallido social. Tampoco le perdonan no haber podido alinear al oficialismo tras la defensa del sistema privado de pensiones, el famoso 10% de las AFP, pilar fundamental del modelo neoliberal.
Derrota tras derrota, con niveles de aprobación en el suelo, La Moneda ha optado por el repliegue en su electorado más duro. Ello fue el cambio de gabinete, un alistarse para la madre de todas las batallas: el plebiscito y la convención constituyente. He allí la principal preocupación del gobierno en estos días, evitar en octubre próximo una nueva derrota política, una que podría resultar devastadora para el futuro de la derecha chilena.
¿Qué debe hacer entonces el ministro Pérez en el tema mapuche? Nada. O quizás sí debe hacer algo: no torpedear las posibles negociaciones que el ministro de Justicia y su subsecretario decidan llevar a cabo con los representantes de los huelguistas mapuche. La solución a la crisis actual que se vive en Araucanía está en manos del ministro Hernán Larraín y no en el despacho de Víctor Pérez. Haría bien este último en restarse de cualquier protagonismo. Probado está, lo vimos en su visita a la Región, que se comporta políticamente como un elefante en la cristalería.
Larraín, por su parte, debería actuar con responsabilidad política y visión de Estado. Ya lo hizo hace una década siendo senador de la UDI. Pocos recuerdan que Larraín fue clave para destrabar una huelga de hambre que presos del FPMR, MIR y Lautaro -grupos que la derecha catalogaba como "extremistas"- mantenían en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Aquellas negociaciones, que incluyeron más tarde el envío de proyectos de ley al Congreso, fueron lideradas por el exvicario de la Pastoral Social, monseñor Alfonso Baeza.
En aquella oportunidad hubo indultos, conmutaciones de penas y beneficios. Los presos mapuche piden mucho menos que eso.
¿Qué debe hacer entonces el ministro Pérez en el tema mapuche? Nada. O quizás sí debe hacer algo: no torpedear las posibles negociaciones que el ministro de Justicia y su subsecretario decidan llevar a cabo con los representantes de los huelguistas".
