Finalmente y tras siete días de movilización de los camioneros exigiendo el Estado de Derecho y el fin de los atentados, las negociaciones de Interior y la amenaza del Gobierno de aplicar la Ley de Seguridad del Estado (la misma que invocó tras los ataques del metro para el 18-0) lograron desactivar el paro de los transportistas, protesta que a pesar de los inconvenientes que causó a la ciudadanía, nunca perdió el respaldo del oficialismo ni del Gobierno.

Durante todo este tiempo, las autoridades regionales, lideradas por el intendente Víctor Manoli (RN), guardaron silencio, pese a ser interpeladas por la prensa local, en atención a la preocupación que estaba generando el desabastecimiento de combustible (ver página 4) y algunos productos en supermercados.

Balance del paro

Ayer recién convocó a un punto de prensa el intendente Víctor Manoli, pero solo una vez que los camioneros depusieron el paro y el Presidente Piñera confirmó que enviaron al Congreso, y "con máxima urgencia, un conjunto de proyectos de ley para dar instrumentos más eficaces y poderosos a nuestras policías, Fiscalía y jueces, para combatir la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo" (ver página 2).

En la oportunidad, y al ser consultado por el silencio del Gobierno Regional, Manoli planteó que "no es que haya habido un silencio, siempre estuvimos preocupados del abastecimiento (...) nosotros nunca hemos escondido la cara, pero las gestiones es preferible mantenerlas en silencio porque de acuerdo a la forma como se estaba dando la manifestación había que evitar un conflicto", reconoció la autoridad.

Y ante la pregunta de si los camioneros pueden volver a transitar con la seguridad que están demandando, Manoli dijo que "cuando se habla de seguridad, siempre hay un riesgo, pero hoy día están todas las condiciones de seguridad para transitar por la Ruta 5".

A modo de balance, el intendente envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad, asegurando que "nos hubiera gustado que esto no sucediera, pero la incomodidad que pudieran haber sufrido algunos, no se vio siempre reflejada en la falta de productos. Creo que el desabastecimiento no existió en su totalidad, lo que hubo fue escasez de algunos productos que hoy esperamos que se restablezcan dentro de las 24 horas".

Acusación

Pese a que se destrabó la movilización, la bancada de diputados de la DC de todas maneras anunció una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, por haberse transgredido varias leyes, en el marco de la seguridad pública, iniciativa que tuvo eco en otros sectores de la oposición.

Al respecto, y desde la Región, el diputado Miguel Mellado (RN) señaló que tras el acuerdo de los camioneros "se desinfla una posible acusación constitucional, porque lo que están haciendo en la DC no es demócrata ni cristiano y tampoco aporta con la resolución del problema, solo se buscaba aprovechar el momento para lograr unos segundos en televisión".

Durante la jornada, tanto Mellado como la senadora Carmen Gloria Aravena y Jorge Rathgeb manifestaron su satisfacción por el término del paro.

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"Creo que el desabastecimiento no existió en su totalidad, lo que hubo fue escasez de algunos productos que hoy esperamos que se restablezcan dentro de las 24 horas".

Víctor Manoli,, intendente

Ayer fue aprobada en la Comisión de Seguridad del Senado la Ley Juan Barrios, la cual busca endurecer las penas por la quema de camiones y buses. La iniciativa fue presentada el pasado 14 de agosto por el Ejecutivo, y el senador Felipe Kast, quien preside dicha instancia, se había comprometido a trabajar con premura. "Valoramos la celeridad con la cual trabajamos en esta mesa transversal, lo que nos permite actualizar el Código Penal y, de esta forma, tipificar el delito de incendio a camiones y automóviles. Esta es una señal concreta desde el Congreso para miles de familias que viven con angustia en el sur ", detalló el senador de Evópoli. Kast señaló que el texto cuenta con el apoyo del Ministerio Público y de los penalistas Jean Pierre Matus y Jaime Couso. Ahora pasará a la comisión de Constitución y posteriormente a la Sala.

A partir de este 1 de septiembre, 2 millones 213 mil 732 pensionados y pensionadas a nivel nacional comenzarán a recibir el pago del tradicional Aguinaldo de Fiestas Patrias. Para este 2020, el monto del beneficio es de $20.082 por pensionado, lo que se incrementará en $10.303 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto del año en curso.

En la Región, el seremi del Trabajo y Previsión Social, Patricio Sáenz, señaló que son más de 130 mil las personas que recibirán el Aguinaldo de Fiestas Patrias, desembolsando el Estado para esta ayuda económica más de 2.600 millones de pesos.

Al respecto, dijo que "este exitoso beneficio, junto a toda la red de protección social que se ha implementado este año a partir de la pandemia, robustece la ayuda que llega a los más vulnerables."

Tienen derecho al beneficio los pensionados del Instituto de Previsión Social, de las Cajas de Previsión de Dipreca y Capredena, del Instituto de Seguridad Laboral y de las Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16.744 de Accidentes del Trabajo. También tienen derecho los pensionados del Sistema de AFP, que a esa fecha, se encuentren percibiendo el beneficio de Aporte Previsional Solidario (APS) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

Para consultas están los canales de la red ChileAtiende del IPS, además del Call Center 101 o el 600 440 0040.

La Corte de Apelaciones de Temuco declaró inadmisible el recurso de protección que interpuso el alcalde de Villarrica, Pablo Astete (RN), el pasado 26 de agosto ante el Tribunal de alzada de Santiago en contra del director nacional del Servel y el presidente nacional de Renovación Nacional, debido a que el partido no inscribió su candidatura en atención a la inhabilidad impuesta por la nueva Ley 21.238.

El alcalde en el recurso señaló que la ley "menoscaba mis derechos fundamentales, toda vez, que se ha dictado una norma en medio de un proceso eleccionario que ya ha sido convocado con antelación por la propia Constitución y que además me impide retroactivamente optar a otros cargos de elección popular, entre otros derechos conculcados y que a juicio de este recurrente no son aplicables en esta elección".

El Austral se contactó con Astete para saber su opinión, quien señaló que en este momento está comprometido con sus vecinos y la pandemia.