De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud del 2016-2017, existen en nuestro país cerca de dos millones de personas con diabetes. Lamentablemente, solo la mitad asiste a control, y apenas un tercio logra sus metas de glicemia. De las personas controladas, el 80% se atiende en el sistema de salud público, que es donde se concentran las personas con estados más complejos. Paradójicamente, en el sistema público no existen las nuevas terapias y su valor en farmacias es altísimo, lo que significa que no todas las personas puedan tener el mismo acceso a los tratamientos.

La diabetes es una patología muy vinculada a la obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo. Así lo indican la totalidad de los estudios. Además, quienes padecen esta enfermedad, habitualmente, pertenecen a los sectores más vulnerables del país, ya sea por su edad y por la falta de recursos para recibir una atención de mayor calidad.

Las doctoras Cecilia Vargas, presidenta de la Sociedad Chilena de Diabetología; Karina Elgueta y Paulina Vignolo, ambas del comité de RRSS y difusión Sochidiab, han pedido a las autoridades actualizar el tratamiento de la diabetes en el sistema público de atención, "destinando los recursos para que nuestros pacientes tengan derecho a acceder a las nuevas terapias que han demostrado ser eficaces en cuanto al control metabólico, prevención de eventos cardiovasculares, renales y disminución del riesgo de mortalidad".

Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuestas concretas.

La Sociedad Chilena de Diabetología ha insistido en la imperiosa necesidad de disminuir la inequidad que actualmente existe en el acceso a tratamientos efectivos para el manejo de esta enfermedad en el país.

De otra manera, seguirán existiendo grandes brechas entre quienes pueden acceder a tratamientos de mayor calidad y quienes deben conformarse con terapias menos efectivas, como ocurre con gran parte de las enfermedades en nuestro país.

La participación de los pueblos originarios y la inclusión en general -de género e independientes- es una clave de la propia conformación democrática. En este sentido, el tema de los escaños indígenas no solo implica cumplir con una demanda legítima de los pueblos indígenas en Chile, sino que es un requerimiento para toda la sociedad que aspira a consolidar su democracia. A mayor inclusión, más posibilidades que la Nueva Constitución dé cuenta de los diversos proyectos sociales que alberga nuestra sociedad.

Al mismo tiempo, los pueblos indígenas tienen derecho a tener una voz, con posibilidades efectivas de tomar parte en las decisiones políticas, respecto del orden que vendrá, ello es mucho más que una demanda indígena por la ampliación de los derechos. Es una cuestión de legitimidad democrática.

Esta cuestión dice relación con cuestiones contingentes de relevancia. Primero, Chile ha suscrito diversos instrumentos internacionales de derechos humanos en los cuales se reconocen un estatuto de derechos a los pueblos indígenas. Pero esos derechos, con frecuencia, entran en tensión con el ejercicio de otros derechos fundamentales, en materia de propiedad, de explotación y /o de protección de recursos naturales; o bien, surgen demandas por el derecho humano al agua, por derechos de participación política, por educación o salud diferenciada.

En todos esos casos, la labor constituyente es esencial para definir cuál será el marco constitucional que defina estas cuestiones en Chile. Ahora bien, es probable que todo no quede resuelto en la Nueva Constitución, pero es la oportunidad de expresar abiertamente los proyectos políticos de unos y otros, las agendas de los pueblos indígenas y alcanzar un texto constitucional mucho más armónico con nuestra realidad social multicultural.

Todo lo expuesto, primero, hace imprescindible la implementación de los escaños reservados para los pueblos indígenas. Segundo, el mecanismo para estos escaños en la elección de los delegados constituyentes es central en la pretensión de asegurar la legitimidad democrática indicada y la capacidad efectiva de los pueblos indígenas para incidir en el proceso decisorio constituyente.

En este marco, la futura Comisión Constitucional, con representación indígena efectiva, exige acordar el mecanismo para escaños reservados indígenas; que se establezca un cupo total (sobre los 155 delegados ya establecidos) que exprese, a lo menos, la presencia demográfica de los pueblos originarios, en general y proporcional entre pueblos; que se respete el derecho a la auto identificación, expresión personal de la libre determinación; establecer los equilibrios de género está fuera de cualquier debate e integrar a los pueblos que hasta hoy luchan por su reconocimiento efectivo, como Selk'Nam y los afrodescendientes.

Juan Jorge Faundes

Abogado y docente Facultad de Derecho