Tras ocho meses de emergencia sanitaria, la pandemia de covid-19 nos está mostrando toda su complejidad. Los rebrotes que han surgido en algunos países europeos develan los riesgos que hay al no contar con una vacuna, por lo que el control de la pandemia requiere necesariamente que la ciudadanía acate las medidas preventivas que en forma reiterada se dan a conocer.

La alta movilidad de las personas que no hacen caso de los persistentes llamados de las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus, ha significado que las cifras de contagiados y de fallecidos sigan subiendo en algunas zonas, de manera que en esos lugares donde la población comete las mayores infracciones, se aleja cada vez más la posibilidad de retomar cierta normalidad. Las personas que andan en la calle sin mascarilla, que organizan fiestas en espacios cerrados en horarios de toque de queda o salen en comunas en cuarentena, pueden ser perseguidas penalmente según el artículo 318 del Código Penal, al poner en peligro la salud pública, lo que se aplica dentro de la excepción constitucional en que se encuentra el país desde el 18 de marzo del presente año, por el coronavirus.

Si bien no hay acuerdo respecto de la forma cómo se aborda la situación de los infractores, lo cierto es que hay muchas personas que incumplen deliberadamente las medidas de protección que involucran una responsabilidad con uno mismo y también con la sociedad, porque si las acciones preventivas no se acatan se demora el avance hacia menores grados de confinamiento.

En los medios de comunicación se dan a conocer casos de personas que infringen medidas como el uso adecuado de mascarillas y el distanciamiento físico.

En consecuencia, es clave que las familias entiendan la necesidad de acatar las medidas de prevención y cuidado que se disponen, porque de lo contrario las posibilidades de volver a una relativa normalidad se alejarán cada vez más.

Nadie puede quedar indiferente ante los siete crímenes que habría cometido Diego Ruiz Restrepo en el centro de Santiago. Este hombre, de nacionalidad colombiana, ingresó como turista en el 2013 y tras el vencimiento de su visa, se mantuvo irregularmente en Chile, ya que al contar con antecedentes penales, se le negó la residencia.

Estos homicidios no solo nos conmueven por su crueldad, sino que también nos hacen reflexionar respecto a la Ley de Migración en Chile y las razones por las cuales no se pudo expulsar a un migrante indocumentado que tenía una condena.

La ley de Migración data del año 1975, la normativa más antigua de Latinoamérica, razón por la que en junio de 2013, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, se ingresó el proyecto de ley que busca ordenar la casa en esta materia.

De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a diciembre de 2019, la cantidad de extranjeros residentes en Chile bordeaba el millón y medio de personas, realidad a la cual se debe sumar la entrada de más de 4 mil migrantes, que han ingresado desde Bolivia a la región de Tarapacá por pasos irregulares, durante los últimos tres meses, provocando una crisis sanitaria que ha obligado a las autoridades a implementar residencias sanitarias en la ciudad de Iquique.

Asimismo, el complejo escenario mundial post pandemia y la relativa estabilidad de Chile, vuelven a nuestro país el destino predilecto para miles de migrantes de Latinoamérica, razón por la que urge dar celeridad a la discusión de la Ley de Migración y Extranjería que actualmente se encuentra en Comisión Mixta.

Dicha instancia, que fue conformada hace un par de días, deberá velar por llegar a acuerdo en los artículos en los que se ha generado discrepancia, entre los cuales se encuentra, precisamente, la posibilidad de privar de libertad a un migrante, para hacer efectiva una expulsión cuando ésta ya se encuentra dictaminada, aprobándose finalmente un plazo de 72 horas.

En la misma línea, esperamos que la Comisión Mixta pueda mantener lo aprobado en el Senado respecto a que el extranjero que ingrese al país mientras se encuentre vigente la resolución que ordenó su expulsión, será devuelto al país de origen en el más breve plazo, y sin necesidad que a su respecto se dicte una nueva resolución.

A diferencia de un sector político que promociona una migración sin restricciones, habemos muchos parlamentarios que estamos a favor de una libre circulación de personas, pero con requisitos mínimos para quienes quieren ingresar a Chile. Además, nuestro país debe estar en condiciones sociales y económicas para poder ofrecerles un trato digno a los migrantes.

Debemos tener reglas claras que fomenten una migración regular, segura y ordenada, y así resguardar los intereses de los chilenos y el de los propios migrantes que llegan en búsqueda de una oportunidad, solo así lograremos la tan anhelada integración.

Carmen Gloria Aravena,

senadora por La Araucanía