Eduardo Henríquez O.

La investigación para esclarecer el homicidio del inspector de la PDI, Luis Alberto Morales Balcázar, ocurrido el jueves (7), en el contexto de un voluminoso operativo antidrogas al interior de la comunidad de Temucuicui, en Ercilla, sigue su curso con bastante reserva, aunque ya se sabe que las primeras diligencias apuntan a la revisión exhaustiva del abundante material audiovisual recolectado ese día y a las entrevistas que se realiza a los testigos del citado procedimiento.

Así lo informa el fiscal regional Cristián Paredes, quien precisa que para este trabajo investigativo se ha designado a un fiscal de dedicación exclusiva. Se trata del fiscal Carlos Bustos quien, desde la tarde del jueves, se encuentra realizando múltiples diligencias en terreno.

Entre otras (tareas), está a cargo del "examen de gran cantidad de material audiovisual recopilado durante este procedimiento y la toma de declaración a los testigos del mismo, que son los funcionarios de que acompañaban a aquel que resultó lamentablemente fallecido", explica Paredes.

Desde la institución persecutora se informa también que al fiscal Bustos lo asiste en la investigación personal del OS-9, mientras que acerca de los peritajes balísticos para determinar el calibre y las características del arma con que le dio muerte al inspector Morales Balcázar, aún no se revela los resultados de dichas diligencias.

Por el momento, acota la Fiscalía Regional, no se puede entregar más información por la reserva de la misma y para no poner en riesgo el éxito de las distintas diligencias en desarrollo.

Vale recordar que entre diciembre y enero, la PDI ha hecho público al menos 5 decomisos de drogas en la Región, dos de ellos en el contexto del Plan Eclipse en Pucón y Villarrica, y otros tres acontecidos en sectores rurales de Renaico (Operación Almendro), Melipeuco (Operación Zambrano) y el reciente ingreso a Temucuicui que implicó un importante contingente de personal con el apoyo de vehículos terrestres y aéreos.

OS-9 Personal del OS-9 trabaja junto al fiscal de dedicación exclusiva, Carlos Bustos, en la investigación por la muerte del inspector de la PDI.

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos por detectives del equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Pitrufquén luego de intentar ingresar droga al Centro de Detención Penitenciaria (CCP) de la ciudad dentro de un pollo asado y en una torta. Personal de Gendarmería realizó el hallazgo en medio de las revisiones efectuadas a las visitas de los internos del penal, momento en que notaron que los alimentos presentaban signos de haber sido manipulados. El jefe de la Bicrim Pitrufquén, comisario Rodrigo García, informó que "en el primer procedimiento se detuvo a un hombre, con antecedentes, que ingresó 4, 33 gramos de cannabis en un pollo asado".

Los intendentes de La Araucanía, Víctor Manoli y de Los Lagos, Harry Jürgensen, firmaron el decreto que otorgará una pensión de gracia vitalicia a Monserrat Peña, la niña de 9 años herida a bala en la espalda durante el ataque que sufrió su familia cuando se trasladaban en el camión que manejaba su padre por la ruta que une Angol y Collipulli, en agosto de 2020.

El intendente Manoli aseguró que la entrega de esta pensión cumple un mandato del Presidente de la República, como parte de su compromiso y preocupación por las víctimas de la violencia rural. "El mandato del Presidente es que estemos y apoyemos a las víctimas".

El padre de Montserrat, Alejandro Peña, agradeció "al intendente de La Araucanía y al intendente Jürgensen por esta ayuda que es muy beneficiosa para la familia y especialmente al Presidente de la República por aprobar esta pensión. De todo corazón se agradece, realmente", recalcó.

Los tentáculos del crimen organizado están creciendo a un ritmo peligroso, especialmente aquellos ligados a las actividades propias del narcotráfico. Diferentes voces institucionales lo han dado a conocer con suficiente información basada en los datos. Por ejemplo, el último Informe del Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía nos dice que se evidencia un aumento del tráfico marítimo de drogas desde el año 2016 y que, por cierto, rápidamente nuestros puertos se han posicionado -a nivel continental- en el segundo lugar en importancia para los envíos de cocaína a Oceanía y en el tercer lugar con destino a Europa.

Por su parte, el director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de la Fiscalía, Luis Toledo, manifiesta que: "Durante los últimos tres años hemos tenido investigaciones que dan cuenta de un tráfico a nivel transnacional que antes no conocíamos (…) instalaciones que dan cuenta de los brazos de la mafia italiana, particularmente la calabresa, operando en el norte de Chile y el sur del Perú". Además, añade que: "Hay un riesgo de penetración del narcotráfico en las esferas comerciales importantes."

Igualmente, el citado informe revela que están surgiendo laboratorios de producción de drogas sin precedentes a nivel nacional (solo en el año 2019 se detectaron al menos 15 de ellos). Y, adicionalmente, señalan que están instalándose diferentes modalidades de entrega de drogas aprovechando las nuevas tecnologías de la información.

Por otra parte, cifras de la PDI para el año 2019 advierten que las bandas criminales mutaron de las armas hechizas artesanales (38 incautadas) a las pistolas, escopetas, revólveres, rifles, fusiles y subametralladoras (414 incautadas), lo cual demuestra el creciente poder de fuego que los pone a competir de igual a igual con las fuerzas policiales.

Considerando todo este panorama, no nos puede sorprender que el director Toledo haya solicitado -urgentemente- perfeccionar el sistema procesal penal para combatir al crimen organizado, dado que actualmente quien trafica o es utilizado como testaferro para adquirir armas sufrirá penas que no cumplirán con cárcel efectiva si no tiene antecedentes penales. En otras palabras, nuestro sistema penal tiene diferentes atenuantes y varios beneficios que reducen la posible condena a niveles que garantizan que los primerizos no pasen ni un día en la cárcel. Por tanto, esto desalientan la persecución penal y, naturalmente, aumenta la percepción de injusticia e impunidad en la ciudadanía.

Sin lugar a dudas, la petición del director tiene un destinatario exclusivo: el Congreso Nacional. En consecuencia, bien podríamos empezar a legislar los diferentes proyectos de ley (muchos de ellos engavetados sin explicación) orientados a mejorar el sistema de inteligencia policial, la persecución del narcotráfico, el crimen organizado y el control de armas (obviamente, todo esto acompañado de programas contra la deserción escolar, el consumo de drogas y la corrupción, es decir, políticas públicas multidimensionales).

Ya se ha denunciado repetidamente cómo los criminales operan con astucia para evadir la justicia (uso de testaferros, lavado de activos adquiriendo inmuebles, autos de alta gama, caballos pura sangre, bitcoin, creación de empresas ficticias, utilización de aplicaciones móviles de difícil intervención, diferentes técnicas de camuflaje para ocultar las drogas y armas, aprovechamiento del secreto bancario, etc.). En efecto, mientras los criminales innovan y se transforman a la velocidad de la luz, resulta que las instituciones que los persiguen se perfeccionan a la velocidad del caracol.

Pues bien, de continuar esta tendencia, mañana no nos podría impresionar si el accionar criminal se erige como el amo todopoderoso de la vida pública y privada por culpa de no haber sido capaces de diseñar políticas públicas multidimensionales, modernizar la legislación y entregar las herramientas y facultades que nos solicitan las mismas autoridades encargadas de la materia. Escuchemos a los expertos y a los que dedican sus días a luchar contra los criminales. Oigamos a la razón y apoyémosles.

Felipe Kast,

senador Evópoli