El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Angol mantuvo las medidas cautelares a que están sujetos los carabineros dados de baja Carlos Roberto Alarcón Molina, Raúl Evaristo Ávila Morales y Braulio Andrés Valenzuela Aránguiz, condenados en el denominado caso Catrillanca, por ilícitos perpetrados en noviembre de 2018, en la comuna de Ercilla.

En resolución dividida, el tribunal -integrado por los magistrados Alfredo Cox, Francisco Boero y Solange Sufán- rechazó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, con adhesión de los querellantes, y mantuvo bajo arresto domiciliario total a Carlos Roberto Alarcón Molina -decretado por la Corte de Temuco en abril del año pasado- por considerar que dicha medida satisface la necesidad de cautela en esta etapa procesal.

En tanto, en resolución unánime, el tribunal angolino rechazó la modificación de medidas cautelares solicitada por el persecutor y mantuvo sujeto a arresto domiciliario total al condenado Raúl Evaristo Ávila Morales. Asimismo, mantuvo el arresto domiciliario parcial nocturno y la prohibición de acercarse a las víctimas que pesan sobre el condenado Braulio Andrés Valenzuela Aránguiz, imponiéndole, además la firma semanal en la comuna de Cañete.

"Los acusados han mantenido cumplimiento real y efectivo de sus medidas cautelares, que han sido suficientes para mantener apegados a los condenados Ávila Morales y Valenzuela Aránguiz, a los fines del proceso", razonó el tribunal.

VEREDICTO

En veredicto unánime -dictado el jueves 7 de enero recién pasado- el TOP de Angol condenó a los exmiembros del Gope de Carabineros Carlos Roberto Alarcón Molina como autor del delito consumado de homicidio simple de Camilo Marcelo Catrillanca Marín; y del delito frustrado de homicidio simple del adolescente M.A.P.C.; Raúl Evaristo Ávila Morales fue condenado como autor de los delitos consumados de apremios ilegítimos en contra del adolescente M.A.P.C.; disparo injustificado y obstrucción a la investigación y Braulio Andrés Valenzuela Aránguiz, como autor de los delitos consumados de disparo injustificado y obstrucción a la investigación.

"Lamento los últimos sucesos ocurridos en nuestra Región, que culminaron con la muerte de dos personas en circunstancias distintas. Esta película, de trágica realidad, la hemos visto repetidas veces, a lo largo de mas de 20 años y con diferentes actores, pero con libretos parecidos". Estas fueron las palabras del senador Francisco Huenchumilla (DC) en una columna de opinión, respecto de los últimos hechos de violencia conocidos en La Araucanía, donde fueron asesinados el funcionario de la PDI Luis Morales y el agricultor Orwal Casanova.

Para Huenchumilla, los hechos "demuestran claramente que somos una región dividida, fragmentada política y socialmente fruto de la historia y de la incapacidad de los grupos que han ejercido el poder para entender la naturaleza de este conflicto (…) me duelen los muertos de uno y otro lado, y presento mis condolencias, porque esto demuestra palmariamente que tenemos una enfermedad social que no ha logrado ser entendida por las elites dirigenciales".

"Irresponsabilidad"

Inmediatamente, el senador acusa "irresponsabilidad" por quienes han conducido el Estado en las últimas décadas. "¿Hasta cuándo vamos a seguir con más de lo mismo? He sido testigo directo del actuar de los gobiernos de centroizquierda y de derecha, y he visto en ellos ignorancia, prepotencia, clasismo, racismo, indiferencia (…) una total irresponsabilidad como conductores del Estado, salvo el simplismo de competir por quién hace mejores políticas públicas (…) que soslayan el problema de fondo", fustigó.

En la misma línea, el senador insistió en que las elites "en su ignorancia y en sus prejuicios clasistas y raciales, no logran ver la realidad histórica de que los conflictos políticos, como el que tenemos acá en nuestra Región, no los van a resolver las policías ni los fiscales; sino que, como lo hizo en su momento el Reino de España (…) optó por la vieja y siempre presente política del diálogo, sentando a las partes a conversar, para buscar en conjunto la solución de los conflictos que les aquejaban".

El actuar de las policías

El senador por La Araucanía también conminó a los organismos del Estado y las policías a asumir sus responsabilidades: "Ellos, como todos, deben guiarse por el principio de legalidad, y tratar por igual a los detenidos y/ o imputados, sean de Temucuicui o de Vitacura, Las Condes o lo Barnechea; no sometiéndolos a un escarnio público, manteniendo la templanza y la serenidad frente a la adversidad (…) comportándose como hombres de Estado, contribuyendo a la confianza en las instituciones, de que son imparciales", manifestó.

El senador DC también recalcó que hace tiempo "el mundo mapuche dejó de creer en el Estado", y cuestionó que "¿cómo se van a crear confianzas, si el Estado quiebra el principio de la prudencia y la oportunidad para hacer este allanamiento? Justo el día de la lectura de la sentencia de un caso emblemático para la comunidad de Temucuicui (…) el padre del joven asesinado y sus familiares eran humillados en el camino hacia Angol, impidiéndoles concurrir al Tribunal por el simple pecado de querer estar presentes en busca de justicia para su ser querido", apuntó el legislador.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió en entrevista con radio Cooperativa, al operativo realizado en la comunidad de Temucuicui, en el que falleció un detective de la PDI.

La acción policial ha sido objeto de cuestionamientos, debido a que se realizó el mismo día en que se conoció el fallo por el Caso Catrillanca, en el que seis excarabineros y un exabogado de la institución, fueron condenados por la muerte del comunero mapuche.

Al respecto, Galli dijo que "yo sabía la fecha del allanamiento, pero no es mi decisión, son órdenes de la policía".

Respecto de las imágenes de funcionarios policiales reduciendo a la hija de 7 años de Camilo Catrillanca y escoltándola a un vehículo policial, el subsecretario del Interior sostuvo que "no fue detenida. Yo requerí información a los mandos policiales. Las mujeres que fueron detenidas estaban con la menor y luego fue entregada a un adulto mayor".

"Nadie, ni la PDI, ni el Gobierno, ni ninguna parte de Chile quiere hacerle daño a una niña de 7 años, pero en ese caso la niña no podía quedar sola. La forma en que se hizo la acción debe ser esclarecida por la investigación", añadió.