Acceso a la justicia
Iniciativa del Gobierno busca crear una nueva institucionalidad para el fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia de las personas. El proyecto crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (SNAJ), que unificará toda la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía.
El Presidente Sebastián Piñera confirmó el ingreso con suma urgencia al Congreso Nacional del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas.
La iniciativa busca crear una nueva institucionalidad para el fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia de las personas, mediante la implementación de diferentes líneas de acción con el objetivo de establecer un servicio eficiente, cercano e integral para las personas.
De esta forma, se aspira a poner en marcha un nuevo organismo que reúna, coordine y sistematice la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía. En dicho sentido, se propone la integración de las cuatro corporaciones de asistencia judicial, que, desagregadas en las distintas regiones del país, representan la primera puerta al ejercicio del derecho al acceso a la justicia de gran parte de la ciudadanía.
El proyecto crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (SNAJ), que unificará toda la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía, incluyendo además de las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes, los programas especializados como "Mi Abogado" (para niños y adolescentes) o Defensa Integral de Adulto Mayor, y el Programa de Apoyo de Víctimas del Ministerio del Interior.
Además, se crea la Defensoría de Víctimas de Delitos, que se prevé vele por los derechos de las víctimas, representándolos jurídicamente y otorgándoles asistencia psicológica y social.
La iniciativa ha sido recibida de buena forma por varios actores relevantes.
Para La Araucanía, una región donde son conocidos los problemas de acceso a la Justicia que expresan diversas personas afectadas por delitos y vulneraciones, es indudable que el mejoramiento de una institucionalidad que se preocupe efectivamente de las víctimas es una buena noticia, por lo cual se debe esperar una discusión seria y responsable de esta iniciativa, de manera de poder contar con un sistema mucho más ágil y que se enfoque verdaderamente en quienes requieren una mejor respuesta a sus demandas.